Causa por desvío de fondos al Polo obrero: Casanello ordenó nuevos allanamientos
La Justicia Federal llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos hacia el Polo Obrero y otros movimientos sociales. Los operativos se centraron en identificar a los responsables de al menos cuatro sociedades comerciales involucradas en el manejo de estos fondos.
Cómo se desarrollaron los allanamientos
El objetivo principal de los procedimientos fue recolectar documentación sobre la firma MinisioTrade SRL, que se sospecha está vinculada a otras empresas también sospechosas como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA.
Según la investigación, estas empresas aparecen en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida como la "base APOC".
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello, e incluyeron el registro de una imprenta y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, así como un edificio de oficinas previamente investigado por presunto lavado de activos, operaciones financieras ilegales y emisión de facturas falsas. En los últimos días, los investigadores han seguido la pista del dinero que conecta al Polo Obrero con una red de facturas falsas y una empresa utilizada para desviar fondos.
Una de las firmas que levantó sospechas fue la empresa Costex SA y las dudas aumentaron después de que se allanaron las propiedades de sus socios y ambos negaron cualquier relación con la empresa. Uno de ellos vive en condiciones precarias, lo que refuerza la hipótesis de que fue utilizado como testaferro.
Estos dos individuos también aparecen como socios de otras tres empresas creadas en 2020: Costex y VSP Consulting SA registradas en octubre, y Ciriaco Shoes SRL y Recinsur SA registradas en febrero del mismo año. La AFIP ha identificado estas empresas como una fuente de facturas falsas.
Los aportes al Polo Obrero
La Justicia confirmó que una de las empresas emisoras de facturas falsas aportó $18 millones al Polo Obrero. Tras el rechazo del juez Casanello para que el Ministerio de Seguridad, quien presentó la denuncia, se convirtiera en querellante, el Ministerio de Capital Humano fue aceptado en el expediente. Además, esta semana se sumó la Unidad de Información Financiera, y la Oficina Anticorrupción ha solicitado también el rol de afectado particular.