Comedores "fantasma": la Justicia ordenó la indagatoria de Eduardo Belliboni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el juez resolvió citar a indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para 25 de junio.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, "al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupación

Comedores "fantasma" y Eduardo Belliboni: Investigación patrimonial

El juez adoptó la decisión después de "avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas -en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente".

Así, el juez determinó que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo".

Casanello basó su apreciación en "la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. "Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", subrayó.

Según Casanello, "dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal".

Casanello advirtió sobre "una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores".

"La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado", destacó el juez.