¿Nuevo caso Chocolate?: allanaron la municipalidad de San Martín y el intendente no podrá irse del país
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Una investigación que se inició sobre un empleado que cobraba con varias tarjetas de débito derivó en un allanamiento a la Municipalidad de San Martín y la orden de prohibición de salir del país para el intendente local, Fernando Moreira.
El operativo estuvo a cargo de personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en el edificio de la Municipalidad de San Martín, a raíz de un episodio similar al del caso "Chocolate" Rigau en La Plata.
Allanamiento y prohibición de salida de país para el intendente
En este caso, la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento y la prohibición de salida del país para Moreira por el caso de un empleado del Concejo Deliberante que cobraba con varias tarjetas de débito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.
El objetivo del operativo en la Municipalidad fue recolectar información sobre los empleados reales y cotejar con los que cobraban dinero y supuestamente no lo eran.
La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido.
El motivo de la suspensión era que cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por mes de parte del municipio de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.
Ese fue el puntapié de la investigación, que derivó luego en descubrir que una persona tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante.
Según la pesquisa, personas que desconocían la situación, figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios.
En ese marco, la jueza Vence impuso la prohibición de salida del país para cinco personas, entre ellas al intendente de San Martín.
Un caso similar al de "Chocolate" Rigau
El caso se parece al de Julio "Chocolate" Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos. La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a "ñoquis" de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.
El magistrado de la causa entendió que que formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial, pero advirtió que "nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones". De esa manera, apuntó a legisladores de todos los colores políticos y a las autoridades de la Cámara de Diputados. Varios de esos funcionarios ya declararon como testigos en las últimas semanas.