El Gobierno confirmó que YPF le reclama u$s180 mil por los aviones que usaba Cristina Kirchner

Durante la administración de Alberto Fernández, la petrolera estatal YPF firmó un contrato con el Gobierno para el préstamo de dos aeronaves destinadas al traslado de funcionarios, según confirmó la Secretaria General de la Presidencia. Este acuerdo permitió a diversos miembros del gobierno utilizar las aeronaves, generando una deuda significativa.

Cristina Kirchner, exvicepresidenta, fue la funcionaria que más utilizó estos aviones, principalmente para viajes a El Calafate y Río Gallegos. Durante su uso, acumuló una deuda considerable con YPF. En total, Kirchner realizó 59 vuelos sin abonar las facturas correspondientes, generando una deuda de 180.186 dólares por el uso de las aeronaves.

Adicionalmente, YPF reclama 181.234 dólares más por gastos fijos asociados al mantenimiento de estas aeronaves. Estos costos incluyen el alquiler de hangares, seguros, servicios de cartas aeronáuticas, sistemas de navegación, control de mantenimiento e instrucciones en simuladores de vuelo para los pilotos asignados a estos aviones.

Sumando ambas deudas, el monto total adeudado a YPF asciende a aproximadamente 320 millones de pesos, calculados según el tipo de cambio mayorista del Banco Central de Argentina.

Montos bajo análisis

Las deudas fueron confirmadas por TN tras un pedido de acceso a la información pública a la Secretaria General de la Presidencia. Sin embargo, estos montos aún están "bajo análisis y no han sido efectivamente tramitados", según fuentes oficiales.

Desde YPF han sido claros en su posición: "YPF no prestó los aviones, se tiene que pagar su uso". Este reclamo subraya la postura de la compañía de que los servicios prestados deben ser compensados económicamente.

Cristina Kirchner, exvicepresidenta, fue la funcionaria que más utilizó estos aviones, principalmente para viajes a El Calafate y Río Gallegos

La Casa Rosada, por su parte, ha asegurado que pagará cualquier deuda legítima. Fuentes de la dirección de YPF han señalado que se están llevando a cabo conversaciones con la administración actual para determinar cómo se saldarán estas deudas, destacando una buena predisposición por parte del Gobierno para resolver la situación.

Este caso resalta una serie de problemas en la gestión y administración de recursos del Estado, así como en la relación financiera entre entidades gubernamentales y empresas estatales. La utilización de recursos públicos por parte de funcionarios y la responsabilidad en el pago de estos servicios es un tema que sigue generando debate y escrutinio.

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El contexto de este contrato y las deudas acumuladas reflejan también la complejidad de las relaciones entre distintos organismos del Estado y la necesidad de una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos. La situación actual de la deuda con YPF plantea preguntas sobre la administración de fondos y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.