Un nuevo capítulo en el escándalo por los supuestos casos de extorsión a los beneficiarios de planes sociales por parte de los piqueteros. Es que el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello para ser querellante en la causa.

La presentación se hizo luego de que rechazaran ese rol a Patricia Bullrich. En el caso, se investiga a un grupo de piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación contra beneficiarios sociales.

Piqueteros-gate: Sandra Pettovello pidió ser querellante en la causa

"Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimados para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis", afirmó el documento presentado por la cartera. Aseguró que busca asumir el rol de querellante para "coadyudar con la investigación".

Los argumentos serán analizados ahora por Casanello a la hora de resolver si la cartera es parte de la causa, para impulsarla como acusadores privados, más allá del rol del fiscal Gerardo Pollicita. Pero si la jugada tiene éxito, el gobierno de Javier Milei estará poniendo un pie adentro de la investigación. Mientras tanto, las defensas de los acusados reclaman que caiga toda la causa en base a planteos de nulidad.

En los últimos días, la Justicia ordenó 27 allanamientos en el marco de una investigación que involucra a dirigentes sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Las denuncias que desencadenaron estas medidas fueron recibidas a través de la línea 134, establecida para tal fin.

Las diligencias judiciales se centran en referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa, ha recabado testimonios y pruebas aportadas por los propios beneficiarios de los planes sociales. Estas evidencias incluyen mensajes y chats que demuestran la extorsión para que los beneficiarios asistieran a marchas.

La investigación ha revelado que los dirigentes sociales implementaron un sistema de cobro de porcentajes del programa Potenciar Trabajo y amenazaron a los beneficiarios con la pérdida de sus planes si no realizaban estos aportes. Los testimonios recogidos mencionan amenazas directas como "no van a retirar la mercadería porque no marchan".

La causa investiga la presunta extorsión de piqueteros a beneficiarios de planes sociales

Uno de los casos documentados involucra a Patricia Iramain, delegada del comedor Rivadavia I, coordinado por el Polo Obrero. En un chat, Iramain identificó a los beneficiarios que no podrían retirar mercadería debido a su ausencia en las marchas. Además del comedor Rivadavia I, la investigación señala otros comedores como La Carbonilla y Mariano Ferreyra, todos administrados por esta organización.

Quiénes son los principales implicados del piqueteros-gate

Los principales implicados en esta red son Iván Ezequiel Candotti, Patricia Iramain, Brisa Paucara Choque, Ronald Vargas y Elizabeth Galindo. Estos nombres aparecen repetidamente en el expediente judicial, que detalla las pruebas de la extorsión y las amenazas.

Otra evidencia significativa es la exigencia de justificativos para las ausencias en las marchas. Un chat entre un hombre identificado como Gustavo Vásquez y otros beneficiarios muestra cómo se les solicitaba certificados médicos para excusar su no participación en las movilizaciones. Vásquez también aparece pidiendo aportes mensuales a los beneficiarios para sostener la organización, en un contexto en el que menciona luchar contra políticas de corte social.

El expediente número 326418 documenta cómo un beneficiario tuvo que asistir a varias marchas antes de ser inscripto en el programa Potenciar Trabajo y recibir su tarjeta del Banco Nación. Asimismo, se descubrió que los comedores exigían pagos de $2.300 los primeros dos días de cada mes para el alquiler del local, bajo amenaza de no permitir la retirada de alimentos para quienes no cumplieran con esta cuota. Esta situación se comprobó particularmente en el comedor Rivadavia I.