Los chats extorsivos del piqueteros-gate: "Como no marcharon, no retiran mercadería"
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La Justicia ordenó 27 allanamientos en el marco de una investigación que involucra a dirigentes sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Las denuncias que desencadenaron estas medidas fueron recibidas a través de la línea 134, establecida para tal fin.
Las diligencias judiciales se centran en referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa, ha recabado testimonios y pruebas aportadas por los propios beneficiarios de los planes sociales. Estas evidencias incluyen mensajes y chats que demuestran la extorsión para que los beneficiarios asistieran a marchas.
Según lo difundido por la señal de cable TN, la investigación ha revelado que los dirigentes sociales implementaron un sistema de cobro de porcentajes del programa Potenciar Trabajo y amenazaron a los beneficiarios con la pérdida de sus planes si no realizaban estos aportes. Los testimonios recogidos mencionan amenazas directas como "no van a retirar la mercadería porque no marchan".
Uno de los casos documentados involucra a Patricia Iramain, delegada del comedor Rivadavia I, coordinado por el Polo Obrero. En un chat, Iramain identificó a los beneficiarios que no podrían retirar mercadería debido a su ausencia en las marchas. Además del comedor Rivadavia I, la investigación señala otros comedores como La Carbonilla y Mariano Ferreyra, todos administrados por esta organización.
Quiénes son los principales implicados del piqueteros-gate
Los principales implicados en esta red son Iván Ezequiel Candotti, Patricia Iramain, Brisa Paucara Choque, Ronald Vargas y Elizabeth Galindo. Estos nombres aparecen repetidamente en el expediente judicial, que detalla las pruebas de la extorsión y las amenazas.
Otra evidencia significativa es la exigencia de justificativos para las ausencias en las marchas. Un chat entre un hombre identificado como Gustavo Vásquez y otros beneficiarios muestra cómo se les solicitaba certificados médicos para excusar su no participación en las movilizaciones. Vásquez también aparece pidiendo aportes mensuales a los beneficiarios para sostener la organización, en un contexto en el que menciona luchar contra políticas de corte social.
El expediente número 326418 documenta cómo un beneficiario tuvo que asistir a varias marchas antes de ser inscripto en el programa Potenciar Trabajo y recibir su tarjeta del Banco Nación. Asimismo, se descubrió que los comedores exigían pagos de $2.300 los primeros dos días de cada mes para el alquiler del local, bajo amenaza de no permitir la retirada de alimentos para quienes no cumplieran con esta cuota. Esta situación se comprobó particularmente en el comedor Rivadavia I.
El sistema de control impuesto por los dirigentes incluía la toma de asistencia en las movilizaciones, la creación de listas de castigados y la imposición de multas de hasta $10.000 por ausencia en las marchas. Los beneficiarios también debían presentar justificativos para cualquier falta a las movilizaciones y se les prohibía retirar alimentos en caso de incumplimiento.
Entre los acusados figuran nombres destacados como Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, y otros miembros como Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello. Todos ellos pertenecen al Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, y están vinculados a la administración de comedores populares.
Conversaciones comprometedoras
La Justicia también posee una conversación telefónica entre Cantero y Palma en la que expresan su preocupación por la posibilidad de ser investigados por lavado de dinero, derivada de las denuncias recibidas. En esta conversación, Palma menciona su temor de ser investigada, a lo que Cantero responde que los fondos son lícitos, pero ambos discuten la necesidad de planear una estrategia en caso de avances judiciales.
Las denuncias, recibidas a través de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron en el secuestro de grandes sumas de dinero en pesos y dólares, celulares, listados y planillas que actúan como elementos probatorios.
La Cámara Criminal y Correccional Federal, a través de su Sala I, y a pedido del Fiscal Gerardo Pollicita, ordenó 27 allanamientos y la indagatoria de los involucrados, quienes suman un total de 28 personas. Según la investigación, los acusados habrían obligado a los beneficiarios de planes sociales a participar en marchas y manifestaciones públicas o a entregar una porción de su dinero, bajo la amenaza de cancelar sus planes. Se han documentado 924 casos de este tipo.
Se descubrió también que los fondos obtenidos ilegalmente fueron canalizados a través de cooperativas, y el destino final de estos fondos aún se desconoce. Por ello, se ha solicitado el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los implicados para evaluar su patrimonio y determinar si hubo un beneficio económico resultado de estas extorsiones.
El Tribunal ha ordenado el secuestro de dispositivos electrónicos de los imputados, dado que la mayoría de las coacciones y extorsiones se realizaban por estos medios. También se incautaron planillas, cuadernos de asistencia, registros de pagos, documentación relacionada con planes sociales y tarjetas bancarias, entre otros elementos.
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Estos delitos están tipificados como amenazas coactivas y extorsión, según los artículos 149 bis y 168 del Código Penal. La causa continúa en proceso de investigación para determinar la magnitud de la red de extorsión y sus responsables.