El reperfilamiento de la deuda de CAMMESA se agrava: dos cámaras no lo aceptan y hay fuerte interna en el Gobierno
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La decisión de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que nuclea a las principales empresas del área energética, de rechazar ayer la propuesta del gobierno de canjear la deuda de u$s1200 millones que acumuló la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A (CAMMESA) entre diciembre y enero entregando el bono AE38 con vencimiento en el 2.038 agravó la situación del intento de reperfilamiento de esa deuda.
Esa oferta de canje responde a la resolución 58/24 publicada el martes pasado en el Boletín Oficial, mediante la cual el ministerio de Economía, a través de la secretaría de Energía, les dio cinco días hábiles a las generadoras de energía para que acepten la propuesta.
Si bien las petroleras YPF, PAE y Pluspetrol estarían de acuerdo la publicación de la resolución 58 generó una fuerte interna dentro del gobierno entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con varios funcionarios de CAMESSA y otros funcionarios del gobierno.
Desde varias fuentes del sector comentaron a iProfesional que la posibilidad de un futuro incumplimiento de contratos en el sector de la energía provocó también una gran preocupación del gobierno de los Estados Unidos y del FMI ya que la empresa americana AES figura entre las damnificadas.
Las productoras agrupadas en la CEPH entre las que figuran TotalEnergies, Tecpetrol, Pampa Energía, Wintershall Dea, CGC y Capsa-Capex rechazaron la oferta del gobierno, al igual que lo hicieron el miércoles las principales generadoras de energía nucleadas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA).
Las petroleras le advirtieron al gobierno que la normativa publicada afecta a los derechos contractuales de los productores al amparo de los contratos celebrados con Cammesa en el marco del Plan Gas. Y que además afecta a su derecho de propiedad.
Deuda de CAMMESA: fuerte interna en el Gobierno
La decisión oficial afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el Mercado Eléctrico Mayorista, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la administración pública modifica unilateralmente los contratos de abastecimiento y los PPA (Power Purchase Agreement).
El problema es que de acuerdo a la opinión de los principales especialistas jurídicos del sector la resolución del ministerio de Economía afecta la seguridad jurídica de los contratos de demanda mayorista y de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes térmicas y renovables celebrados bajo las rondas de los PPA y las Resoluciones S.E.E 21/2016 y S.E.E. 287/2017.
En particular, se presentan ciertas premisas legales y regulatorias que son aplicables a los PPA de cara a la seguridad jurídica y confianza en el sector privado y financiero.
El PPA es el activo subyacente de proyectos de generación de energía eléctrica, y ha sido el método ideado por el regulador para viabilizar el desarrollo de nueva potencia instalada.
La carta firmada por el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea, dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo; y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; señala que "la alteración, de manera unilateral por parte de la Secretaría, a los términos de contratos celebrados afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones"
Al igual que la nota de rechazo enviada el martes pasado al gobierno por AGEERA, las empresas nucleadas en la CEPH aseguraron que a través de esta medida impulsada por el gobierno "se afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector".
También sostienen que la conducta del Estado Nacional y la instrucción que imparte a Cammesa viola los contratos celebrados por los productores, de los términos del Plan Gas.Ar, debido a que CAMMESA adeuda la totalidad de las entregas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, más intereses desde octubre 2023.
"Resulta altamente cuestionable y preocupante que la resolución pretenda sujetar el pago de la deuda correspondiente a las entregas del mes de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el cambio unilateral de los contratos para los montos correspondientes a las entregas de gas de diciembre y enero (con la quita que ello implica)", destaca la carta.
¿Se desintegra CAMMESA?
Al parecer la situación se ha complicado frente a un fuerte rumor que circula en el sector acerca que Caputo y Rodríguez Chirillo estarían a favor de una especie de desintegración de CAMMESA por la errática política que ambos sostienen frente a un sector está en estado de shock. La intención del gobierno sería que las funciones de CAMMESA pasen a la empresa estatal Enarsa que en el futuro podría ser privatizada.
Hace dos semanas el principal asesor del secretario de Energía, el abogado Carlos Morales, habría amenazado a un gerente histórico de CAMMESA para tratar de forzar su renuncia.
Al parecer Morales se habría presentado en la sede de la empresa, asegurando ser apoderado del gerente General, Jorge Garavaglia y habría intimidado a Jorge Ruisoto, a cargo de la Gerencia de Normativa y Auditoría Interna, para que firme un acuerdo voluntario de desvinculación del funcionario.
"Esta movida fue interpretada en el sector como otra avanzada del Gobierno contra la empresa, como parte de un proceso que incluye grandes contradicciones, como afirmar que se quiere ir a un sistema de libre mercado como en Texas, y al mismo tiempo volver a congelar tarifas como hizo el ministro Caputo en Mayo" comentó a Iprofesional un referente del sector que además cuestionó la futura designación de Mario Cairella al frente de la empresa. Cairella fue presidente de la empresa en el gobierno de Mauricio Macri y luego de ser echado demandó al estado por suma megamillonaria.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A, tiene por objeto el despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El paquete accionario de la misma es propiedad de las asociaciones que agrupan a los distintos Agentes del MEM en un 80%. El 20% restante está en poder del Estado Nacional, personificado por la Secretaría de Energía, el que asume la representación del interés general y de los consumidores atendidos por los Agentes Distribuidores.
Los distribuidores pagan o, mejor dicho, deberían pagar, un precio estabilizado trimestralmente, el cual surge del costo medio previsto para el período y que contempla las pérdidas en la red de transporte.
La impresionante deuda de CAMMESA con las distribuidoras eléctricas
El problema es que, debido al congelamiento de las tarifas residenciales, en el gobierno anterior, las distribuidoras eléctricas acumularon hasta enero una deuda con CAMMESA por unos 400.000 millones de pesos, cifra equivalente a 2,5 veces lo que deben abonarle mensualmente.
En enero Edesur pagó solo el 18% de su factura, Edenor el 16% y Edelap el 3 por ciento. Habitualmente cuando se producían estos atrasos el Estado Nacional era el encargado de transferirle fondos a la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para que pudiera cumplir con sus compromisos.
Pero como el gobierno no pagó, esto derivó en un quiebre de la cadena de pagos que afecta fundamentalmente a generadores, transportistas y productores de gas natural, combustibles que consumen las centrales térmicas.
Con la resolución 58/2024 publicada el martes pasado en el Boletín Oficial, el ministerio de Economía, a través de la secretaría de Energía propone una especie de reperfilamiento de la deuda con las empresas generadoras de energía equivalente a unos 1.200 millones de dólares mediante un bono en dólares con vencimiento en 2038 y que hoy cotiza un 50% debajo de la par.
El Bono USD 2038, denominado AE38 es un título publico nacional emitido en dólares con tasa fija del 4,25% anual con fecha de vencimiento el 09/01/2038. Su valor técnico es de 101,42 dólares con un valor residual del 100 % y en la actualidad cotiza a $54.000 la lámina de 100 o el equivalente a 54 dólares lo que representa una paridad del 51,27%.
Esa deuda del Estado con las empresas del sector energético como Pampa, Central Puerto, AES, MSU y Albanesi, entre las generadoras, e YPF, PAE, TotalEnergies, Wintershall Dea, CGC, Tecpetrol y la propia Pampa, entre los productores de gas, se generó como consecuencia de la posición que tomó el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre pasado.
A partir de ese día el Estado dejó de hacer el pago de los compromisos la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que pese a tener una estructura mixta es controlada por la Secretaría de Energía.
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Por dejar impagas esas operaciones económicas de CAMMESA de diciembre 2023 y enero pasado que se deberían haber cancelado en febrero y marzo de este año se generó un pasivo a favor de las generadoras y productoras de unos 800 millones de dólares , que luego trepó hasta unos u$s1200 millones cuando Caputo dejó sin pagar la transacción de febrero que venció el 30 de abril y que ahora busca cancelar con un bono de la deuda argentina lo que genera una gran incertidumbre en el mercado financiero local y también en Wall Street.