El clima político previo al paro: Milei cómodo contra la CGT y los gobernadores en busca de más beneficios
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Hay un clima raro en la previa del segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei. La dirigencia sindical tiene que aclarar a cada rato que no negoció con el gobierno la reforma de la Ley Bases -donde desapareció la parte que más irritaba a la CGT-, mientras que el gobierno parece disfrutar de recuperar un enemigo impopular, después del error político de haberse puesto en contra a las universidades.
Así, el "relato" del gobierno es claro sobre cómo debe interpretarse la jornada del jueves: no se trata de un paro de los trabajadores, sino "de la casta", porque dejará en evidencia a los grupos cuyos intereses corporativos han sido afectados por el DNU y la ley Bases.
De hecho, la comunicación oficial recuperó su tono chicanero y desafiante, como el que tuvo la conferencia del vocero Manuel Adorni, quien recordó que la central sindical no había realizado ni una medida de fuerza durante la gestión de Alberto Fernández. O el mensaje del subsecretario de prensa, Javier Lanari, quien aludió otra vez al "principio de revelación", al afirmar que si no para el transporte, "queda en evidencia que la enorme mayoría de los trabajadores rechaza el paro y a la CGT".
Poco antes, se habían conocido encuestas que respaldaban esa postura. Como, por ejemplo, la de la consultora Giacobbe y Asociados, que muestra que un 53,5% de la opinión pública rechaza el paro, un 12,7% apoya el reclamo pero no la medida de fuerza, y un minoritario 32,1% está de acuerdo con el paro.
Un paro entre señales de acercamiento
En la vereda de enfrente, la actitud de la CGT trasluce cierta incomodidad que ya se había notado en la jornada del 1° de Mayo, cuando Héctor Daer se había sentido en la obligación de aclarar que la central sindical no había realizado una negociación secreta con el gobierno. Ya el solo hecho de que esa frase fuera necesaria es un reconocimiento tácito de que la duda había quedado instalada. Después de todo, la CGT resultó tan ganadora de la media sanción de la Ley Bases como el propio gobierno.
Ni el aporte compulsivo de los asalariados a las cajas de las organizaciones gremiales, ni el concepto de "ultraactividad" en los acuerdos ya vencidos, ni la reglamentación de huelga en servicios esenciales ni la sanción a los bloqueos de plantas empresariales: en definitiva, ninguno de los puntos que afectaban directamente el poder político y financiero de la CGT quedó en pie luego de las negociaciones con la oposición dialoguista.
De hecho, la recomendación que había hecho Miguel Pichetto, el líder del bloque Hacemos Coalición Federal, era no incluir en el proyecto "nada que afecte a la CGT". Y luego de la votación en Diputados hubo una elocuente queja de organizaciones pymes, que se quejaron de una "reforma a medias".
Antes de eso, ya el gobierno había dado evidentes señales de querer evitar una confrontación. Tanto fue así que se convocó a los dirigentes a la Casa Rosada, donde hubo un pedido de disculpas de parte de Santiago Caputo por no haber invitado antes a los sindicalistas a charlar sobre la agenda política.
Y fue notorio el cambio de actitud cuando se llegó a un acuerdo por la paritaria de los camioneros, a la que el ministro Toto Caputo se negaba a homologar por temor a que diera una señal incorrecta sobre la evolución inflacionaria. Como tantas veces en la historia reciente, el acuerdo implicó un "maquillaje" de las cifras, para que la paritaria marcara ajustes salariales en línea con la proyección de inflación oficial, pero que los camioneros igual pudieran recibir el aumento en forma de sumas fijas no remunerativas.
Ganancias y la interna peronista
Es por eso que, en comparación con el paro de enero, donde la dirigencia sindical dejaba en claro que se sentía amenazada por el ímpetu reformista de Milei, este es un paro diferente. El único reclamo realmente importante que queda en pie en el debate de la ley Bases es el rechazo al impuesto a las Ganancias, que desde hace años se ha transformado en una bandera de los grandes gremios.
Es un tema, por otra parte, que ya desde la gestión de Cristina Kirchner divide al peronismo: la disyuntiva entre focalizar la asistencia a las franjas de menores ingresos -para los cual es necesario que la punta de la pirámide salarial aporte a Ganancias- o si hay que hacer un guiño a la clase media, exonerándola del impuesto.
En ese debate, la CGT y Sergio Massa optaron claramente por el combate a Ganancias. De hecho, Hugo Moyano convocó a paros contra Cristina, por este tema, y Massa enarboló ese reclamo en todas las elecciones. Curiosamente, Milei está adoptando una postura más cercana a la que históricamente defendió el kirchnerismo.
En todo caso, lo que vuelve a quedar claro es que la representatividad de la CGT está mucho más cerca de los gremios con mayor capacidad de negociación y con los mejores salarios, como bancarios, petroleros o camioneros, antes que los sectores de ingresos bajos. Aun con la suba del mínimo no imponible -que quedó en $2,2 millones para los trabajadores casados y con hijos- ese nivel sigue alcanzando a buena parte de esa élite de asalariados de alto nivel.
En la previa de este nuevo paro, ese tema volvió a evidenciarse, con la convocatoria de Camioneros, en el que prácticamente el único punto concreto de la convocatoria es "no a la vuelta del impuesto al salario, mal llamado Ganancias".
Y, en coincidencia con el inicio del debate en el Senado, la plana mayor de la CGT se reunió con el bloque legislativo del peronismo para reforzar el mensaje que habían dejado en el paro general de enero, al realizar un acto en la plaza del Congreso: que ningún senador que se considerase peronista podría acompañar ese proyecto de ley.
Los estatales, con menos protagonismo
En cambio, ocupó un lugar menos destacado en las proclamas cegetistas la protesta por la ola de despidos en el Estado. Aunque en la CGT hay un gremio grande de estatales -la UPCN de Andrés Rodríguez- fue finalmente la organización ATE, que integra la central CTA, de orientación política izquierdista, la que sostuvo ese reclamo.
Además de la -improbable- reincorporación de los cerca de 20.000 trabajadores en situación de contratados que ya fueron desvinculados, la preocupación fundamental tiene que ver con un capítulo de la ley Bases, por el cual se afecta a los trabajadores de la planta permanente, cuya estabilidad laboral era, hasta ahora, intocable.
La ley prevé que se puedan fusionar, reducir o directamente disolver organismos del Estado y que el personal afectado a estas reparticiones podrá quedar en "disponibilidad" mientras recibe capacitación para su reubicación. Esto implica la posibilidad expresa de que en un año los funcionarios queden desvinculados.
Técnicamente no se trataría de un despido -sigue estando prohibido echar a un empleado estatal para contratar a otro que cumpla su misma función- sino que se suprimiría el cargo en forma permanente. Los sindicatos estatales comparan a esa "puesta en disponibilidad" con un régimen que se había instaurado durante la última dictadura militar.
Es ahí donde aparece la otra vinculación entre el paro general y el debate por la ley Bases. Lo expresó con elocuencia el secretario general de ATE, Rodolfo Aguilar: "Este paro tiene varios destinatarios: no sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la ley Bases".
Los gobernadores se suben el precio
Hay otros jugadores del escenario político que se pueden ver indirectamente beneficiados por el paro: los gobernadores provinciales, de cuya ayuda depende Milei para la aprobación de la ley Bases en el Senado.
La presión de la CGT -que en muchos casos ha tomado forma de extorsión, como ocurrió con las amenazas de "escraches" en Aerolíneas Argentinas-, dan un argumento adicional para que los gobernadores, en especial los peronistas, traten de subir el precio de su voto y obtener mayores concesiones fiscales.
Resultó también sintomático que este martes, coincidiendo con el inicio del debate en el Senado y dos días antes del paro general, los gobernadores patagónicos hayan agendado una nueva reunión para acordar posiciones en común. El anterior encuentro había tenido lugar en febrero, en plena pelea entre el chubutense Ignacio Torres y el presidente Milei por los fondos del transporte y del incentivo docente.
Los patagónicos figuran entre quienes más han resistido la vuelta del impuesto a las Ganancias, y argumentaron que en esa región del país, donde el costo de vida es más alto, no puede considerarse que un salario de $2 millones sea propio de una persona de ingresos altos.
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En el otro extremo, el gobierno ha logrado avances con los gobernadores del norte, incluyendo peronistas, que ya han dado señales de que apoyarán la ley Bases. Entre ellos, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, quien dejó una frase que marca por qué este paro general es, antes que nada, otra instancia de la interna peronista: "El paro de la CGT perjudica más de lo que ayuda, al país se lo saca adelante trabajando".