Un gobernador le pidió a Milei que no ceda ante la presión del "Señor del Tabaco"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó públicamente su preocupación luego de que el Gobierno quitara del proyecto de la Ley Bases el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, ante la presión de Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí y denominado "Señor del Tabaco" por el presidente Javier Milei.

El mandatario salteño le pidió al Presidente, en nombre de "las provincias del norte, y de todos los ciudadanos del resto del país", que "no se deje ganar por el Señor Tabaco". "Le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha acatado en público", solicitó al Jefe de Estado a través de un extenso hilo en X, ante Twitter.

En esas publicaciones, Sáenz cuestionó fuertemente al "grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales", así como también a otro lote de legisladores que "se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero". Entre ambos, según su visión, "torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la ‘casta’", remarcó.

 

El mandatario salteño consideró además que la modificación de Impuestos Internos al Tabaco "iba a terminar con el privilegio de una sola empresa (en referencia a la firma de Otero) que se autopercibe Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores".

Sáenz mencionó en paralelo cuáles son las consecuencias económicas para la región. "El precio de esta prebenda lo pagan las provincias tabacaleras del norte, que han sufrido una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco afectando a una economía regional que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción", explicó.

 

Y agregó: "Pero también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de 1 billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos coparticipables entre las 24 jurisdicciones de nuestro país y el Tesoro Nacional".

"Por este privilegio de una empresa se pierde el equivalente a 1 millón de jubilaciones mínimas al año en un momento en el que se le pide a los ciudadanos y a las provincias que hagan un esfuerzo histórico para equilibrar las cuentas públicas", criticó Sáenz.

Por la decisión del Gobierno de quitar el capítulo tabacalero en la nueva Ley Bases, Tabacalera Sarandí seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que tiene judicializado el pago del impuesto mínimo al cigarrillo, lo que le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina, a más del 30% en los últimos seis años.

 

Qué decía el capítulo tabacalero del proyecto original de La Ley Bases

El proyecto original enviado por Milei eliminaba el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector.

Elevaba la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%, incorporaba precios de mercado referenciales para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado (que ocurre con la empresa de Otero, según sus competidores) e incorporaba un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.

También podía impactar en la recaudación si es que en algún momento se autorizaba la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto de ley original. Se trata de un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que pagan los cigarrillos, según planteó Otero a Clarín, pero que ahora directamente queda descartada esa opción en el nuevo proyecto oficial.

Todas esas modificaciones iban a permitir aumentar la recaudación en 922 millones de dólares por año, un 24,6%, según la consultora Abeceb. Pero se dieron de baja.