Los guardapolvos de Tolosa Paz: el caso testigo que destapará el gran escándalo de corrupción del albertismo
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El Gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12.425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Analiza denunciar penalmente a más de 40 cooperativas "fantasmas" que hacían negocios millonarios en el Ministerio de Desarrollo Social.
El ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
Escándalo con cooperativas: ¿quién se quedó con la plata?
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el "establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta". Duraba únicamente 90 días "contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización".
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado junto con Mayra Mendoza y el exsubsecretario de Hábitat Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada, Andrés Baranda 3974, Quilmes, se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
Son cada vez más los indicios que señalan que Grabois y Pérsico eran socios políticos y también de negocios. Los convenios que firmaba Pérsico como funcionario con el Pérsico dirigente social se radicaban en Pedro Echagüe 1265, dirección de la UTEP de Grabois.
La Cooperativa 15 de Julio Limitada, según los registros oficiales, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inicio sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el "servicio de corte".
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: "Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos", número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Cooperativas que se usaban solo para facturar
Para Martínez cooperativas como la suya "se usaban para facturar". Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que "a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa". Raspa es el ex funcionario de Mayra Mendoza, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
En el contrato de locación de servicios firmado entre las cooperativas 15 de Julio Limitada y GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, se estipuló el "servicio de corte, confección y fabricación de 165 mil guardapolvos" que se debían realizar hasta el 31 de marzo de 2023. El contrato se firmó el 20 de marzo y ese mismo día se emitió la factura. Un escándalo.
El 1 de marzo del 2023, apenas un día después de firmar el famoso convenio con Tolosa Paz, La cooperativa 15 de Julio contrató los servicios de otra cooperativa de trabajo más. En este caso, Solutex Limitada, que recibió (según esta factura) nada más ni nada menos que la suma de 500 millones de pesos por la provisión de (entre otras cosas) 247.500 metros de tela.
Se trataba de la factura número 5 de la cooperativa Solutex LTDA cuya referente era Gladys María Itatí Lugos quien denunció, en sede judicial, que le "robaron su cooperativa" y que emitieron facturas sin su consentimiento.
Lugos aseguró que no recibió 500 millones de pesos sino sólo 30 millones y que, al darse cuenta de la emisión de facturas en su nombre realizó la denuncia judicial a fines del año pasado. No sólo lo hizo ante este periodista sino en una presentación judicial realizada a fines del año 2023. Tras la difusión periodística, Lugos fue citada nuevamente por la justicia para ratificar la denuncia.
En síntesis, el Ministerio de Desarrollo Social de Tolosa Paz, eligió a la COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE JULIO, para producir guardapolvos. Pero para hacerlo esta cooperativa subcontrató a otras 2 cooperativas de trabajo: SOLUTEX LIMITADA y GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, que a su vez no tenían la capacidad para fabricar la cantidad estipulada.
El 7 de diciembre del 2023, horas antes de dejar su cargo, el secretario de articulación de Política Social, Leonardo Moyano, dependiente de Victoria Tolosa Paz, firmó una adenda con la cooperativa 15 de julio Limitada autorizando otro nuevo plazo para la entrega de los guardapolvos.
Demasiadas ventajas para una cooperativa sin experiencia técnica para la producción y confección de guardapolvos.
El fiscal de Mar del Plata Juan Pettigiani denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó. En las próximas horas, el gobierno nacional realizará una tercer denuncia, no sólo a los ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, sino a más de 40 cooperativas "fantasmas" creadas para quedarse con recursos públicos gracias a los propios funcionarios públicos.
Por todo ello, la Cooperativa 20 de junio no fue el único caso sino la regla.
El gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas K.
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Discrecionalidad, falta de controles, amiguismo y una enorme caja creada para ayudar a los pobres y que terminó usándolos para enriquecer a los ricos funcionarios.