El Gobierno anunciará medidas para enfrentar piquetes y bloqueos
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El vocero presidencial, Manuel Adorni informó este jueves que los ministros Patricia Bullrich, encargada de la cartera de Seguridad, y Luis Petri, responsable de Defensa, den a conocer un conjunto de medidas destinadas a abordar diversas problemáticas, entre las cuales se destaca la imposición de penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos, así como también modificaciones a la Ley de Seguridad Interior para redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional.
Durante su habitual encuentro con la prensa, el funcionario mencionó las normativas que serán objeto de modificación o envío al Congreso para su eventual aprobación. En este sentido, Adorni detalló: "Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos".
Por su parte, el miércoles el ministro Petri había adelantado la información destacando que dentro de las reformas planteadas se encuentra la actualización de la Ley de Seguridad Interior. Este anuncio sucede en el contexto de un operativo desplegado por el gobierno nacional para contrarrestar el incremento de violencia perpetrada por grupos criminales, particularmente evidente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Petri manifestó: "Estamos promoviendo en el Congreso Nacional una nueva legislación que permita a las Fuerzas Armadas brindar un mayor respaldo en situaciones muy específicas relacionadas con la seguridad interior".
Medidas que estaban incluídas en la Ley ómnibus
Las modificaciones propuestas en el ámbito de Seguridad ya habían sido presentadas en la Ley ómnibus al inicio de la gestión gubernamental. Sin embargo, al no lograr avances en el Congreso, desde la Casa Rosada decidieron retomar estas iniciativas, si bien en esta ocasión se presentan de manera más focalizada.
Específicamente, en relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se plantea una reforma del artículo 194 del Código Penal, ampliando las acciones tipificadas para especificar penas de uno a tres años y seis meses de prisión para aquellos que obstaculicen el normal funcionamiento de transportes o servicios públicos.
Según el proyecto original, se establece que si el acto se lleva a cabo portando un arma propia o ajena y causa daños físicos, la pena se incrementaría de dos a cuatro años de prisión. Además, se propone crear una figura penal para aquellos que organicen manifestaciones que obstruyan el tránsito o causen lesiones a personas o daños a la propiedad, con penas de dos a cinco años de prisión. Esta condena podría extenderse hasta seis años en casos de intimidación, simulación de autoridad pública, promesas de remuneración o amenazas para forzar la participación en la protesta.
Se establece también la responsabilidad solidaria de los organizadores por los daños ocasionados durante la manifestación, así como multas de hasta veinte mil unidades fijas en caso de interrupción del tránsito o participación de menores sin la debida supervisión.
El proyecto contempla la obligatoriedad de notificar al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación cualquier reunión o manifestación, detallando información sobre los organizadores, objetivos, ubicación y cantidad estimada de participantes. El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones y multas.
Finalmente, se propone modificar el delito de resistencia a la autoridad, ampliando las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para aquellos que empleen intimidación o fuerza contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
En caso de avance en el Congreso, las penas podrían endurecerse aún más, llegando a un mínimo de cuatro años de prisión en casos de comisión del delito a mano armada o por grupos de más de tres personas, o si el autor es funcionario público.