La Rioja no pudo pagar vencimientos por u$s26 millones y buscará renegociar la deuda

El gobierno de La Rioja informó al mercado que no pudo hacer frente a obligaciones de deuda por unos u$s26,2 millones argumentando la alta inflación, la devaluación y la supuesta quita de fondos coparticipables, por lo que manifestó su intención de iniciar un proceso de consultas con sus bonistas para una renegociación.

En un comunicado, la provincia argumentó que "enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028" y que en consecuencia se encuentra "analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros".

La provincia afrontaba vencimientos por u$s26,2 millones que vencían originalmente el sábado pasado. La colocación de deuda pública consiste en un bono verde emitido en 2017 por u$s200 millones, con una tasa de interés de 9,75% anual.

La nota firmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quintero, explicó que La Rioja "enfrenta desafíos económicos sin precedentes".

Los factores que explican el incumplimiento

"La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial", añadió Quintero.

El ministro también destacó que "la provincia no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.701" referida al presupuesto nacional de 2023, reconvenido para 2024, haciendo que los ingresos de la provincia sean "insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales".

El gobierno de Ricardo Quintela dijo que no pudo cumplir con sus compromisos por la alta inflación y la devaluación

"Estos factores han limitado significativamente la capacidad de la Provincia de honrar sus compromisos financieros, incluyendo los Bonos", expresó Quintero.

Ante esta situación financiera, la provincia anunció la contratación de asesores financieros y legales, y dijo que tiene "la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible".

En ese sentido, y atentos al resultado de conversaciones preliminares con inversionistas, la provincia anticipó que "realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adeudados al 24 de febrero de 2024".

El Gobierno de La Rioja argumenta que la Nación acumula con la provincia una deuda total de $302,885 millones, cuyo reclamo formalizó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia, junto a un pedido de Acción Declarativa de Certeza sobre la nulidad del DNU 70/2023 y una medida cautelar ante el no pago de los fondos fiduciarios.

La Rioja presentó el diseño de su cuasimoneda

Dentro de unos 40 días entrarán en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) de La Rioja. Se trata de la primera cuasimoneda, conocida como "El Chacho", que se lanzará durante el Gobierno de Javier Milei, luego de que fuera aprobada por la Legislatura de esa provincia a mediados de enero.

La semana pasada se conoció cómo serán los nuevos BOCADE. Contarán con la imagen del caudillo Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, uno de los últimos referentes federales en encabezar un levantamiento armado contra el centralismo de Buenos Aires del siglo XIX.

La cuasimoneda el "Chacho" de La Rioja entrará en circulación dentro de 40 días

Saldrán con denominaciones de 1.000; 2.000; 5.000; 10.000 y 50.000. Y, si bien se aprobó una emisión total de 22.500 millones de pesos, se estima que finalmente se emitirán unos 15.000 millones.

Al momento de impulsar la creación del BOCADE, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela explicó que la iniciativa fue "obligada"  debido a la "crueldad del ajuste" que aplicó el Gobierno nacional sobre las provincias. 

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Según la iniciativa legislativa, esta cuasimoneda será aceptada por los tres poderes del gobierno provincial, municipios, entidades descentralizadas y autárquicas, y sociedades o empresas estatales con el fin de cancelar "total o parcialmente de sus créditos". Y se aclara que deberá "constar en cada bono que el valor nominal que expresa será equivalente por cada unidad impresa en el bono al peso de circulación legal en las denominaciones pertinentes".