Represalia contra Milei por la coparticipación: Chubut ahora amenaza con frenar entrega de petróleo y gas
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/02/568023.jpg)
El gobernador de Chubut Ignacio Torres denunció que en febrero el Ministerio de Economía le retuvo "ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual". A partir de esta decisión, junto con otros gobernadores patagónicos, amenazaron al Gobierno con no entregar más gas y petróleo.
Durante un acto en su provincia, Nacho Torres aseguró: "Si no nos quitan la pata de encima, no sale un barril de petróleo más". Y, en esa sintonía, publicó en sus redes sociales y documento firmado también por los otros gobernadores: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), y Alberto Weretilneck (Río Negro).
En un texto titulado "Las provincias unidas del sur", Torres publicó en su cuenta de X: "Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio".
"En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".
El comunicado firmado por los gobernadores
El texto firmado por todos los gobernadores patagónicos, ratifica que "los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses".
"Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual", explicó el texto.
Y detalló: "No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo".
En otra parte del comunicado, los gobernadores señalaron: "Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut".
"No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen", agregó.
"Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", aseguró el texto, que concluyó: "Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas".
"Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", finalizó.
Fallo a favor de Chubut por el Fondo Compensador del Interior
El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre hizo lugar a la medida cautelar presentada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para que se suspenda la eliminación del Fondo Compensador del Interior dispuesto por el Gobierno nacional por el cual enviaba dinero destinado a los subsidios al transporte.
El magistrado ordenó que el Estado nacional "se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut".
Sastre advirtió que "la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura –como lo es la súbita quita de subsidios".
El magistrado añadió que "el artículo 28, CN, al prescribir que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, consagra el principio de la razonabilidad o justicia como regla sustancial del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, aun cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende también a las leyes en sentido material y a los actos administrativos…así ha podido señalarse que tanto el Congreso como el presidente de la república, tanto los funcionarios administrativos como los jueces, están constitucionalmente obligados a cumplir sus conductas mediante actos razonables, que resistan una estimativa axiológica y capaces de ser compartidos por el hombre común".