Cruce entre el Gobierno y los manifestantes: la ayuda "irá directo a los comedores para terminar con la extorsión"
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Organizaciones sociales de izquierda, independientes y peronistas realizaron este viernes una jornada nacional de protesta con "al menos 500 cortes en todo el país" en reclamo de alimentos para los pobres, mientras el Ministerio de Capital Humano ratificó que la ayuda "irá directo a los comedores" para "terminar con la extorsión".
Con epicentro en las oficinas de la cartera de Capital Humano, en Carlos Pellegrini y Juncal, protestas similares se desarrollaron con una importante participación de manifestantes en Mar del Plata, Tucumán, Córdoba y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como la Panamericana y la Ruta 197 en Tigre; en la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría; en las puertas del shopping Plaza Oeste, en La Plata; y en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 8, entre otros puntos.
En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta se inició minutos después de las 10, en un clima de tensión en las inmediaciones de las oficinas del ministerio de Capital Humano, con empujones entre manifestantes y efectivos de la policía de la ciudad que arrojaron gas pimienta a los manifestantes.
Jornada de marchas e incidentes en la Ciudad
"No nos dejan manifestarnos, la policía se metió entre la gente con golpes de palos y gas pimienta. Nosotros no vamos a abandonar el derecho a la protesta. Queremos que se abran los comedores populares y que la gente tenga un plato de comida", dijo a la prensa el dirigente del PO Eduardo Belliboni en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal, a metros del despacho de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.
"Nos preguntamos si el Gobierno va a continuar con estas políticas de represión a la protesta social y de no abastecimiento de los comedores populares, más de 40 mil comedores están desabastecidos y millones de familias pobres no tienen para comer desde hace más de dos meses", añadió.
La jornada nacional de protestas fue convocada para reclamar "asistencia para comedores comunitarios" y en rechazo al "congelamiento de los salarios" y de los montos en los planes Potenciar Trabajo, bajo la consigna "La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!".
"A más de dos meses del gobierno de Javier Milei, han demostrado que quieren hambrear al pueblo y llevarse todo lo que puedan de la Argentina. Vivimos la inflación más grande desde los últimos 30 años, con una situación de hambre gravísima en los barrios más pobres, con una fuerte caída del trabajo y del consumo popular", dijo a Télam Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la CCC.
De la protesta participaron decenas de organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha.
También fueron parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), entre otros.
La respuesta del Gobierno luego de las marchas
En tanto, el Ministerio de Capital Humano explicó a través de un comunicado que la compra de alimentos que administraban las organizaciones sociales "representa solo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria" y se decidió que ese porcentaje sea destinado directamente a los comedores para "terminar con la extorsión".
"Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado, decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran", indicó la cartera de Capital Humano.
Desde el ministerio advirtieron que "la discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución".
"El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo", afirmaron.
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Según precisaron, "respecto a la compra directa de alimentos secos, que solo representa un 4,2 % de lo que el Estado invierte en política alimentaria, el 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance".