Ante la falta de acuerdo con la Nación, la Ciudad avanzará con la creación del fuero de Justicia laboral local
Es una discusión histórica que atravesaron todos los gobiernos, la transferencias de estructuras de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Ante la falta de acuerdo, desde la Ciudad se avanzará en la creación de un fuero laboral residual y hasta evalúan asumir la competencia de ciertas áreas como ser el Puerto o la terminal de ómnibus de Retiro, entre otras. Desde la Justicia siempre hubo y hay oposición al respecto.
La Ciudad de Buenos Aires avanzaría con una estrategia unilateral ante la falta de acuerdo con la Nación en la creación de ciertas estructuras judiciales para garantizar su autonomía, una discusión histórica que atravesó a distintos gobiernos y que nunca tuvo una solución definitiva.
Desde hace varios años, la Ciudad pretende el acuerdo con el Gobierno Nacional y la intervención del Congreso Nacional para transferir las competencias de la Justicia Nacional que juzga o tramita hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, pero que depende de la administración central.
Se hace foco en la Justicia penal, pero también abarca a otras áreas de la Justicia como son la Civil, Comercial y Laboral. Desde el fuero penal, sólo hubo algún traslado de competencias por los cuales toma intervención la Justicia en lo penal y contravencional
Con la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la Nación y Jorge Macri como Jefe de Gobierno porteño se habían retomado las conversaciones entre ambos gobiernos, pero no hubo un avance concreto y la solución parece dilatarse otra vez en pos de otras prioridades de gestión.
Incluso, la transferencia de competencias era algo contemplado en la Ley ómnibus para tratar ahora mismo pero finalmente se quitó como lo fueron otros tantos artículos y es una discusión que quedaría para las sesiones ordinarias aunque desde la Ciudad perdieron la esperanza de un acuerdo inminente.
En búsqueda de la autonomía
Ante ello, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió el consejo de su ministro de Justicia, Gabino Tapia, de avanzar con la creación de un fuero del trabajo.
Se trataría de un tribunal laboral residual al que existiría en el ámbito de la Justicia nacional que necesitaría del anuncio y la intervención de la Legislatura porteña y como solución por la falta de un convenio con la Nación en el avance de las competencias judiciales.
La competencia de ese tribunal laboral sería para tramitar cuestiones de esa índole de trabajadores cuya empresa o lugar está radicado en la Ciudad. La movida parece arriesgada pues, en principio, generaría una judicialización que podría entorpecer los planes del Gobierno de la Ciudad.
Además, para dividir las aguas respecto al fuero laboral de Nación es que la competencia que asumirá este nuevo tribunal sería para casos individuales y no planteos de entidades gremiales u algo por el estilo.
La justificación de los jueces de competencia nacional son varias y van desde una cuestión económica de ser transferidos a la administración de la Ciudad hasta una cuestión de jerarquía, así como el hecho que quedarían expuestos eventualmente a sanciones o procesos de remoción por parte del Consejo de la Magistratura porteño que son más viables que en el de Nación.
La creación de este fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires implicaría un desafío para la administración porteña pero un nuevo frente de conflicto para con la Nación y los jueces que de esta última administración dependen.
El riesgo previsible es que se intente trabar vía judicial la creación de este nuevo fuero y eso podría entorpecer los planes y la otra es la fuerte oposición que vienen ejerciendo los jueces nacionales de los distintos fueros.
El otro conflicto que enfrenta a Nación y Ciudad
El otro problema que arrastran entre ambos estados son los presos que actualmente están alojados en alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y que la Nación se niega a recibirlos en las cárceles federales. Eso ha dado pie a fuertes controversias políticas y a una situación cada vez más crítica.
Es que en las dependencias policiales de la Ciudad hubo un incremento estrepitoso de la cantidad de detenidos pues hacia fin de año había registrados poco más de 1.700, y en los primeros días de febrero la cifra trepó hasta casi los 1900.
Lo llamativo es que sólo un 5 por ciento de esos detenidos lo son por delitos juzgados por jueces de la Ciudad de Buenos Aires y el resto lo son bajo jurisdicción de la Justicia Nacional y Federal.
El incremento supone el alojamiento de detenidos en lugares no preparados para ello como son las comisarías a tal punto que se registrarons fugas cada vez más frecuentes y la generación de conflictos por parte de los presos por las condiciones de alojamiento y la asistencia de más de 1.500 policías para el cuidado de los mismos y la imposibilidad de destinarlos a la prevención en la Ciudad.