Ley ómnibus: Javier Milei podría limitar las facultades delegadas
En una semana crucial el gobierno de Javier Milei se enfrenta a importantes desafíos en el Congreso, donde busca la aprobación de una porción significativa de la controvertida Ley ómnibus. La trama política se complica aún más tras el anuncio del retiro de la parte fiscal del proyecto, llevado a cabo por el ministro Luis Caputo el pasado viernes.
En ese contexto, los mercados observan con expectación las medidas de reducción del gasto que originalmente formaban parte del paquete fiscal, pero que ahora han sido descartadas. Este cambio preludia un posible ajuste más severo, generando incertidumbre entre los inversionistas.
Por otro lado, los gobernadores reconocen la dificultad adicional en las negociaciones con el gobierno de Javier Milei. Aunque lograron reducir el aumento de retenciones y modificar la fórmula de jubilaciones, la iniciativa para revertir cambios en el impuesto a las ganancias quedó excluida del debate parlamentario. Esta omisión implica una disminución en los fondos coparticipables para las provincias.
En las últimas horas, se ha especulado intensamente sobre la posibilidad de que Milei recorte las llamadas "transferencias discrecionales" del Tesoro. Sin embargo, al mismo tiempo, existe la opción de que el Gobierno nacional acepte limitar las facultades delegadas en los capítulos fiscal y previsional, una concesión que podría allanar el camino para la rápida aprobación del proyecto en el Congreso.
Ley ómnibus: siguen las negociaciones en el Congreso
Esta posible concesión se revela como un elemento clave para que el proyecto avance en el recinto y obtenga un tratamiento expedito, contando con el apoyo de los llamados "dialoguistas". Este lunes, Martín Menem, presidente de la Cámara, podría convocar a los presidentes de bloque para avanzar con la discusión.
La coalición La Libertad Avanza, conformada por 38 legisladores en la Cámara baja, necesitará el respaldo de otras bancadas para alcanzar el quórum necesario de 129 diputados, así como una mayoría de escaños para aprobar el proyecto en general.
En una declaración brindada a CNN, el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó: "El Presidente tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir, y si no le sancionan la ley va a ser peor para la Argentina". Respecto a la eliminación del capítulo fiscal, consideró que "la parte fiscal claramente ha generado diferencias", destacando la lógica defensa de los gobernadores hacia sus provincias y productores.
Francos valoró los cambios realizados por el Gobierno, aceptando cuestionamientos y propuestas de diversos sectores, instando a que la ley sea tratada rápidamente. "Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas disponibles, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así sin dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio", sostuvo.
La postura del radicalismo
Dentro del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se celebró el retiro del aumento de retenciones y los cambios en la fórmula jubilatoria, considerados "cuestiones de fondo". Estos elementos fueron mantenidos como límites de negociación por el radicalismo, unificando al espacio y evitando riesgos internos. A pesar de las diferencias internas, evidenciadas la semana pasada, donde ocho diputados respaldaron el proyecto de ley y siete optaron por no firmar, se lograron negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. Como resultado, el proyecto de ley sufrió modificaciones, reduciéndose de 664 a 523 artículos.
La retirada del capítulo fiscal el pasado viernes fue una respuesta del Gobierno a la persistente crítica de la oposición respecto a los cambios en jubilaciones, retenciones y otras iniciativas. Este movimiento se percibe como una estrategia para ganar apoyos adicionales.
El presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, elogió la decisión del Gobierno al considerar que "es una decisión acertada de Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión". No obstante, el gobernador Martín Llaryora expresó su desacuerdo con retirar todo el paquete fiscal, argumentando que conduciría a decisiones de ajuste más drásticas, afectando áreas como salud, educación y la competitividad del sector productivo.
En este contexto, la semana se presenta como un escenario político de alta tensión, donde las negociaciones y concesiones se perfilan como elementos cruciales para la aprobación de la "ley ómnibus". El resultado de estas deliberaciones no solo impactará en el ámbito nacional, sino que también enviará señales al mundo sobre la capacidad del gobierno argentino para implementar cambios significativos en su política económica.