Tensión total entre Milei y los gobernadores, tras la salida de Ferraro: ¿se empantana la Ley ómnibus?
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Ninguno de los asesores de los gobernadores consultados por este medio dudan de que la frase de Javier Milei "los voy a dejar sin un peso", expresada en la reunión de Gabinete del miércoles y que derivó en la rápida salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, sea falsa, o una malinterpretación.
Por el contrario, los mandatarios provinciales de Juntos creen que se trata del Milei auténtico que advirtió en privado lo que su ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, expresa en público y a través de redes sociales.
Se tensa la negociación por la Ley ómnibus
Para los gobernadores más dialoguistas de JxC, la versión, que podría costarle el puesto al funcionario que la hizo trascender, es sólo una desilusión más en la compleja relación con el Presidente.
De hecho, en varias capitales provinciales se acusa al primer mandatario de ser un incumplidor serial de promesas.
La acusación se sustenta en las negociaciones que se desarrollan desde hace veinte días por la denominada Ley ómnibus, donde hay algunos puntos claves que los mandatarios provinciales buscan cambiar.
"En dos semanas, Milei afirmó que iba a revisar y a satisfacer las demandas de nuestros gobernadores, pero solo aceptó ceder en uno sólo", comentó a este medio un legislador de la zona centro de nuestro país, región que componen las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos cuyos gobernadores están constantemente pendientes de los movimientos en la Casa Rosada.
Esto es así porque la denominada Ley ómnibus los afecta considerablemente en el reparto de recursos y los puntos que los gobernadores de Juntos quisieran ver resueltos para acompañar a la administración de Javier Milei y no producirle un vacío o una derrota parlamentaria a menos de dos meses de su asunción, son:
El destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Que significó una victoria para el gobernador del PJ cordobés, Martín Llaryora, y una derrota para el ministro de economía, Luis Caputo al que se lo observa cada día más nervioso.
El FGS está compuesto por cerca de u$s5.600 millones en papeles de empresas privadas, el 17% del total de su cartera. Las negociaciones con la oposición modificaron el artículo que permite su traspaso al Tesoro Nacional, opción que solicitaba Luis Caputo para liquidar el fondo de los jubilados.
Ahora deberá saldar las deudas provinciales de las 13 cajas previsionales que no fueron traspasadas a la Nación. En el dictamen que será sometido a consideración del cuerpo legislativo de Diputados se anota "…los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social".
Sin embargo, acerca de otros aspectos cruciales para que el Gobierno se asegure los votos en el Congreso, las promesas realizadas por Javier Milei se las lleva el viento.
Ley ómnibus: los puntos que no convencen a los gobernadores
La anulación del incremento en las retenciones tensa el diálogo hasta un extremo peligroso. Los empresarios de la agroindustria que se reunieron con Caputo saben que el Gobierno no eliminará los derechos de exportación ni su incremento, en algunos casos.
Sólo se revisaron para algunos productos de las economías regionales, pero no para los derivados de la soja, cereales y carne.
Retroceder en ese ítem del plan de Caputo terminaría, a su vez, con las promesas del ministro a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) de alcanzar el déficit cero.
Exasperado en X y en sus oficinas del quinto piso del Palacio de Hacienda, por la presión de los gobernadores y de los legisladores que responden a intereses del agro, Caputo informa al Presidente que "es inamovible su decisión de subir las retenciones del 31% al 33% para el maíz, el trigo y la soja tanto en grano como industrializada que le permitiría recaudar cerca de 1.500 millones de dólares".
Ya cedió con la fórmula de calcular los aumentos en las jubilaciones y con el FGS. Un nuevo traspié implicaría no poder cumplir con los burócratas del FMI y la caída de los acuerdos realizados en las últimas semanas.
Otro de los puntos por los que los gobernadores de Juntos se sienten defraudados con el verbo presidencial es el blanqueo de capitales propuesto en la "Ley ómnibus", que será para reforzar el tesoro del Banco Central y no será repartido con las provincias.
Mientras tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aguarda por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por los fondos que le corresponden por el traspaso de la policía que fueron cercenados, sin negociación alguna, por la administración del Frente de Todos, de Alberto y Cristina Fernández y que Javier Milei continúa sin honrar.
Otros puntos conflictivos sobre los que se esperan cambios son, la reposición del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura.
A estos ítems se acaba de sumar un nuevo problema que involucra a gobernadores de otros partidos.
La oposición que más dialoga con los negociadores de Javier Milei en el Congreso advierte que no se respetaron los cambios acordados al régimen de biocombustibles y que, además, se incluyeron modificaciones no acordadas con nadie.
Cambios que enrarecen el diálogo con los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Precisamente, el mandatario peronista, Osvaldo Jaldo de Tucumán, rompió el bloque de Unión por la Patria y ordenó votar la ley por los cambios pactados en biocombustibles.
El diputado cordobés, Carlos Gutiérrez, señaló: "…nos encontramos con modificaciones en el apartado de los biocombustibles que nadie acordó, luego que se firmara el dictamen. Me queda claro que al Gobierno sólo le importa la recaudación".
Si bien, ni el gobernador peronista de Córdoba, Martín Llaryora, ni los diez mandatarios de Juntos romperán el diálogo con el gobierno, "…tanta desprolijidad y promesas incumplidas que se incrementaron desde el lunes de esta semana está generando mucho enojo, rencor y desconfianza con el presidente Milei", afirmó un mandatario con varios diputados que le responden en el Congreso.
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Un viejo refrán reza que, "las promesas incumplidas son como una deuda que no se ha saldado". Más allá de cómo se defina en el Congreso la votación por la ley ómnibus, en algún momento los gobernadores tocarán a la puerta de Balcarce 50, para cobrar lo adeudado.