Reforma laboral, la madre de todas las batallas: ¿hay margen de negociación entre el Gobierno y la CGT?
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El paro y movilización dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles es apenas un mojón (importante) en la inesperada disputa entre el movimiento obrero organizado y el gobierno libertario. Las partes saben que se viene una prolongada lucha, con epicentro en una reforma laboral que parece no tener margen de negociación, y que la Casa Rosada utiliza como relato de una nueva grieta entre la "gente de bien" y la "casta que defiende sus intereses".
En plena campaña electoral, no fueron pocos los sindicalistas que se reunieron con Javier Milei o algunos de sus referentes, como el hoy ministro del Interior, Guillermo Francos; el legislador porteño Rodrigo Marra y el diputado puntano Carlos D´Alessandro.
En tiempos electorales, el líder libertario se reunió con el secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, para analizar el fondo de desempleo de la actividad. Entonces, el sindicalista aclaró a sus pares que a Milei "no le interesa una reforma laboral; está preocupado por bajar la inflación y la macro economía". Una de dos, o alguien miente o el presidente cambió apenas desembarcó en el Ejecutivo.
¿Karina Milei detonó las negociaciones con los sindicalistas?
Si el encuentro con Martínez sirvió para hablar de cuestiones laborales, un cónclave con Luis Barrionuevo alentó una alianza electoral que duró poco más que un suspiro. Se dice que fue Karina Milei quien le bajó el pulgar al acuerdo, esencialmente porque las redes sociales defenestraban al líder del gremio de los Gastronómicos.
La contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje fue un cross al mentón de la CGT. Desconcertados y con más preguntas que respuestas, algunos secretarios Generales esperaban (ansiosos) el llamado de los nuevos funcionarios, para acordar cambios en materia laboral centrados en la reconversión de los planes sociales en empleo genuino, sostener las paritarias abiertas, potenciar la industria nacional apostando al mercado interno y modernizar los convenios colectivos de trabajo a caballito del avance tecnológico y las nuevas modalidades laborales.
Lejos de esto, se encontraron con un DNU presidencial pirotécnico que incendiaba la legislación laboral y pretende desfinanciar a las organizaciones gremiales, además del ninguneo del jefe de Estado que no tenía una mínima intención de recibir a la dirigencia cegetista. La miopía libertaria es tal que no utilizó ni la herramienta seductora a la alianza ni fomentar la división gremial como hicieron tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri.
El DNU presidencial generó la unidad gremial
El decreto presidencial fue una declaración de guerra contra el movimiento obrero, y actuó como un complejo vitamínico para el músculo gremial. Los sectores dialoguistas y combativos que confluyen en la central obrera entendieron que la eliminación de la legislación laboral era la punta del iceberg. Debajo conviven una reforma previsional (privatización y utilización del Fondo de Garantía Sustentable de ANSES), modificación del sistema laboral (virtual eliminación de las obras sociales) y la privatización de las empresas del Estado, entre otros puntos.
Con un peronismo huérfano de protagonistas, la CGT vio también una oportunidad de recobrar centralidad en lo laboral, pero aún más en lo político. Después de los primeros cacerolazos, donde los manifestantes exigían la presencia de dirigentes gremiales, el consejo directivo convocó a un confederal donde se anunció el inicio de un plan de lucha, que fue de reuniones con los diferentes bloques legislativos, para pedir que no aprueben la ley ómnibus a presentaciones judiciales para finalizar con el paro nacional a partir de las 12 y la marcha al Congreso.
Para la central obrera, la manifestación frente al Palacio de Tribunales fue una prueba ampliamente superada, no solo por la asistencia sino por el enfrentamiento al protocolo antipiquete elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien ven -junto con Mauricio Macri y Federico Sturzenegger- como los cerebros detrás del plan antisindical.
Una negociación fallida que desató una interna en el oficialismo
Así como la ley ómnibus está en etapa de acuerdos, la reforma laboral tuvo su tiempo de negociación. Por un lado, Francos trató de acercar posiciones, mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encomendó al secretario de Trabajo, Omar Yasín, una reunión con un "peso pesado" del sindicalismo.
En los primeros días de gestión, Yasín organizó un par de encuentros con confederaciones que agrupan a gremios de la Energía y el Transporte. Gracias al aporte de Horacio Pitrau, consiguió un cónclave con el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, quien sugirió un respaldo al fondo de desempleo estilo UOCRA, pero en realidad se llevó la promesa de sostener la cuota sindical para su sector.
En lugar de provocar una grieta en la CGT, la foto de Pettovello, Cavalieri y Yasín generó la reacción de la mesa chica del presidente, que desactivó cualquier tratativa de acercamiento con el gremialismo y expulsó de sus funciones a Pitrau. Hoy, la secretaría de Trabajo se limita a firmar los acuerdos salariales entre privados y poca cosa más.
Cómo es la reforma laboral con la que sueña Milei
La reforma laboral plantea reducir los aportes que realizan las empresas para la jubilación (16%), el PAMI (2%), la obra social (6%), el Fondo Nacional de Empleo (1,5) y el Seguro de Vida Obligatorio y ART (0,3%). En este caso, serían los propios empleados quienes se encarguen de esta reducción. Actualmente, cada uno de los trabajadores registrados aportan ya un 11% para la jubilación, un 3% para PAMI y otro para la obra social.
En cuanto a la extensión del período de prueba, se pasaría de los 3 meses actuales a 8 meses. En su momento, se habló de una ampliación a 6, 8 o hasta 12 meses.
También se busca reducir las categorías que componen la indemnización en casos de despidos. Es decir, excluir beneficios como el pago del celular, la canasta o vales alimentarios, bonos anuales, u otros que se incluyen en la remuneración. Asimismo, se plantea eliminar la relación que existe entre los intereses en la indemnización y el número de la inflación, para que estos créditos laborales no se actualicen según la suba de precios, como hoy rige la Ley.
Sobre las sanciones monetarias por no tener al personal registrado, se pretende que el empleador no debería pagarle al trabajador una multa por no tenerlo registrado o haberlo hecho de forma parcial, ya sea con una remuneración inferior para evitar mayores aportes o desde otra fecha a la correspondientes
En lo que respecta al fondo de desempleo, a partir de ahora serían las empresas y los trabajadores las que deban aportar fondos (de forma voluntaria) para cubrir las indemnizaciones por despido. En este punto se indica que debe figurar en el convenio colectivo de cada actividad.
Además, otro de los focos sería la modificación del porcentaje que se le descuenta del sueldo a los trabajadores no afiliados para el sindicado, por su trabajo en la negociación paritaria con la empresa.
Este sería uno de los puntos medulares para las organizaciones, porque limitaría el financiamiento. Otro de los temas es el derecho a huelga, con sanciones por marcha y bloqueos a empresas y la consideración de tareas esenciales a la mayoría de los sectores.
La CGT se hace más fuerte frente al "todo o nada" del gobierno
Muchos de estos temas eran de permeable negociación con gran parte de la dirigencia gremial. Sin embargo, Milei prefirió ir al "todo o nada" como su socia Bullrich, empecinada en "ordenar" la calle. La postura de la Casa Rosada, llena de internas y con pocos funcionarios de peso, parece decidida a jugar a fondo contra la "casta gremial".
La CGT entendió como pocos que los libertarios son una versión más brutal que el macrismo. Temen que a partir de ahora se vengan los tiempos de "carpetazos" y no descartan una persecución del tipo "Gestapo antisindical". Ni siquiera los alivia que Mariano Cúneo Libarona sea el ministerio de Justicia, quien prometió que "no habrá persecución a los adversarios políticos".
El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, admitió que la central "está unida como nunca" desde que se conformó el triunvirato junto con Héctor Daer y Carlos Acuña". Con su accionar, no solo logró el apoyo de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, sino de la UTEP y los movimientos sociales o de las confederaciones del transporte (enfrentadas) como la CATT y la UGATT, sino que sumó a Barrionuevo y hasta partidos políticos como la izquierda y sectores del radicalismo.
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Un histórico referente cegetista avisó que "esto recién comienza; nuestra posición es sólida y hay temas que no vamos a negociar" y agregó: "El gobierno nunca nos convocó porque nos considera casta; pero no era así en la campaña. Evidentemente algo cambió y tiene que ver con sus socios actuales, que son la verdadera casta política y empresarial".