Milei cede ante la oposición dialoguista: no privatizará YPF y se diluye la venta del Banco Nación
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El ambicioso y extenso proyecto de Ley ómnibus que Javier Milei buscaba aprobar en el Congreso de la Nación no va a poder ser; o al menos no el texto en su totalidad como originalmente lo planeó el Presidente. Entre muchos de los tantos ítems que la administración mileista debió ceder en su ambicioso plan, está el de la privatización de empresas estatales, tema que desde todos los sectores de la oposición -incluída la oposición dialoguista-, ya le advirtieron al Ejecutivo que no van a votar.
Recordemos que la bautizada "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", incluye entre sus más de 600 artículos un capítulo referido a las empresas estatales o con participación del Estado que podrían pasar al sector privado.
Milei cede ante la oposición "dialoguista": no privatizará YPF
"Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades", cita el artículo 9 de la Ley ómnibus, que en concreto busca privatizar 41 empresas y organismos, entre los que destacan:
- YPF
- Aerolíneas Argentinas
- Aysa
- Banco Nación
- Correo Argentino
- Télam
- Radio Nacional
- Enarsa; entre otras compañías que en total, emplean a más de 100 mil personas según estimaciones oficiales.
En ese sentido, el texto que envió el Ejecutivo al Congreso y que se está debatiendo hace casi dos semanas en las diversas comisiones, señala que "a los fines de las privatizaciones... se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad".
Lo que el gobierno de Javier Milei argumenta es que casi todas las empresas estatales "son deficitarias", y en esa línea reciben "miles de millones de dólares" por año para que "le den los números".
De todos modos, la idea del Gobierno no avanzó como esperaban, ya que la oposición, incluso el sector más amigable y colaborativo con La Libertad Avanza, se puso firme y rechazó de plano la privatización de empresas "porque sí".
En ese sentido, los funcionarios de Javier Milei aceptaron modificaciones para poder avanzar con la aprobación de la Ley ómnibus, e inicialmente habrían aceptado retirar, por lo menos, a la petrolera YPF de la lista de empresas públicas que quieren privatizar.
Déficit o superávit: qué empresas "se resisten" a la privatización
Si bien es cierto que de las 41 empresas que quiere privatizar Javier Milei, la mayoría producen déficit, hay algunas que dieron ganancias en los últimos años y es por eso que la oposición pide al oficialismo "rever el tema de privatizaciones", con datos y argumentos sólidos que sostengan la idea libertaria. Por ahora, algunas empresas incluidas en la lista son, según la oposición, "un capricho" de la gestión Milei.
Por ejemplo, tras el revuelo generado respecto de la privatización de las empresas estatales, la Fundación Libertad publicó un informe en el que describió que en el 2022 hubo firmas que dieron ganancias al Estado, entre ellas la petrolera estatal YPF o el Banco de la Nación Argentina (BNA), empresas hasta ahora con mayor resistencia a la privatización por parte de la oposición (UxP, FIT, UCR y PRO) en el Congreso Nacional.
Lo que argumentan desde el radicalismo, y coaliciones como Hacemos Coalición Federal, es que no hay que privatizar empresas que son rentables, como el caso de YPF que ya es una Sociedad Anónima y cotiza en Bolsa. Por ejemplo, en agosto de 2023, la empresa anunció una ganancia neta de más de $85.000 millones en el segundo trimestre de ese año, y un total de 144.000 millones de pesos de enero a julio.
En ese contexto, la semana pasada cuando arrancó el debate de la Ley ómnibus en el Congreso, fue la propia diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO), que integra la también llamada "oposición colaborativa", quien dijo que rechazaría el paquete de privatizaciones de forma global que propone la ley, aclarándole al Ejecutivo que "el sector de hidrocarburos no está pidiendo una privatización de YPF".
Las modificaciones sobre YPF
Con todo ese escenario y la resistencia que impuso la oposición, el Gobierno entonces decidió ceder y modificar el texto original incluyendo un apartado de más de 20 modificaciones para el rubro hidrocarburos en el que se propone: "Eliminar YPF del listado de empresas a privatizar. Se incluye el procedimiento de informar a la Comisión Bicameral creada en la Ley 23.696". Esto quiere decir que YPF, por ahora, seguirá siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal.
De todos modos, el mileismo no cedió del todo, y las modificaciones que acordaron, en principio, no impiden otras privatizaciones sobre el listado de las 40 empresas restantes que el Estado buscará vender, tema que por ahora continúa en negociaciones.
Contraataques de proyectos por el Banco Nación
Por otro lado, gran parte de la oposición en el Congreso también está en contra de la venta del Banco de la Nación Argentina, y para tratar de frenar ese objetivo se han presentado en los últimos días algunos proyectos en contraposición a la idea del Presidente.
El tema se salió de la discusión en Diputados y ya traspasó al Senado, cámara en donde se presentó un proyecto esta semana para tratar de "salvar" al BNA del listado de las 41 empresas. Justamente, la presentación de esta iniciativa coincide con la información que se filtró respecto al viaje del mandatario a Davos, que precisamente no tuvo que ver con la exposición del Presidente en el foro, sino de la reunión del ministro Luis Toto Caputo con André Esteves, el CEO del BTG Pactual, encuentro que se habría dado para tratar de venderle el Banco Nación, transacción que de concretarse le costaría al gigante brasilero unos 25 mil millones de dólares.
Y es que si bien la Ley ómnibus propone la privatización de diversas firmas, una de las prioridades absolutas de Javier Milei y su equipo económico es poder vender el BNA, objetivo que el radicalismo (y otros bloques de la oposición) ya avisó que tratará de que no avance, ni en Diputados, ni en el Senado.
En ese sentido, la UCR en la cámara alta presentó un proyecto de ley para establecer la imposibilidad de privatizar el Banco de la Nación Argentina, proponiendo, entre otras cosas, la modificación de la carta orgánica del BNA.
Privatización del Banco Nación: qué dice el proyecto del radicalismo
El proyecto en cuestión fue presentado por el senador Pablo Blanco (UCR), y propone incorporar como artículo Nº 3 bis de la Ley 21.799 (Carta Orgánica), que "el Banco de la Nación Argentina no podrá ser sujeto a privatización y su actividad no podrá ser modificada bajo ningún concepto, forma o ley que en el futuro se dicte, permaneciendo siempre como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional".
Desde el radicalismo, rechazan que en el proyecto de ley "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", se proponga la privatización de empresas del Estado, entre ellas el Banco de la Nación Argentina, y argumentan "que el gobierno nacional anterior lo haya vuelto (al BNA) un apéndice de su errática política económica y financiera, no quiere decir que todos los gobiernos que se sucedan necesariamente tengan que caer en lo mismo".
En esa misma línea, los radicales en el Senado explicaron que en la historia Argentina ya hubo "varias olas privatizadoras en las últimas décadas", pero desde el Congreso se votó la ley 25.108 que agregaba al artículo 9 de la ley de reforma del Estado 23.696 la cuestión puntual de que el Banco Nación, en el quedaba excluido de las empresas susceptibles de ser privatizadas.
"El Banco Nación no puede ni debe ser privatizado. No estamos dispuestos a resignar soberanía crediticia ni financiera para que este negocio pase a ser administrado por manos privadas o entidades financieras del exterior. No todo se compra ni se vende, no todo tiene precio cuando tiene un inmenso valor real y simbólico", fundamentaron los radicales.
Por otro lado, el senador Blanco consideró que el Banco de la Nación Argentina "es una institución superavitaria, es nuestra, es de todos; sus desmanejos deben ser corregidos ajustándose a la letra de ley". Y advirtió: "Ni sus empleados ni los argentinos tenemos por qué pagar los horrores de la reciente conducción política con su privatización. Sanear a la entidad, poner en orden sus cuentas y ponerla al servicio de la producción es una meta y un resorte profundamente nacional que no puede ser rifado a particulares y, mucho menos, al capital extranjero", sentenció.
El BNA en números
Ante la idea del Presidente de la Nación, referentes económicos del kirchnerismo salieron a defender al BNA. Uno de ellos fue el economista Hernán Letcher, quien aseguró que el banco acumuló resultados operativos de $667.864 millones (neto impuesto a las Ganancias, resultado monetario y otros resultados integrales) a octubre 2023.
"El Banco Nación no da pérdidas y funciona muy bien", alegó el economista K, y sostuvo que "el pulso privatizador de Milei necesita falsear datos para ocultar la verdadera intención ideada por los cuatro jinetes del apocalipsis, Elsztain, Macri, Eurnekian y Rocca (que manejan a 'Marioneta Milei'): quedarse con la cartera y el negocio de esta institución".
El falseo de datos del que habla Letcher, tiene que ver con unas recientes declaraciones del nuevo titular del Banco Nación Argentina, Daniel Tillard, quien criticó a la gestión saliente, en manos de Silvina Batakis, que entre otras cosas, se despidió del cargo envuelta en polémica por el pago de facturas a la popular vidente "Pitty", la numeróloga, con dinero del banco para consultas personales.
En ese sentido, Daniel Tillard aseguró que en los últimos años "el BNA no priorizó su objeto de canalizar los depósitos y transformarlos en préstamos a favor de las PyMEs y las familias argentinas", y argumentó que "efectivamente, las financiaciones a favor de empresas y familias se redujeron a sólo 21,20% sobre el activo total", y explicó que esto se debió "a la política monetaria de los últimos años que impulsó a los bancos a invertir en LELIQS y títulos públicos, desplazando el desembolso de préstamos".
En ese contexto, explicó que el BNA "restringió los préstamos y amasó un elevado nivel de liquidez. Las LELIQS, los títulos públicos y el efectivo representan el 88,03% de los depósitos según su balance a septiembre 2023". Además, Daniel Tillard aseguró que en el BNA se evidencian "deficiencias en las prácticas de crédito".
"El Banco registra indicadores de mora muy negativos. Los préstamos en situación irregular son el 7,40% del total y en los préstamos a las empresas la irregularidad es peor: alcanza al 11,70% del total", explicó.
En ese sentido, argumentó la idea del gobierno de Javier Milei y explicó: "El reordenamiento económico de la Argentina generará un cambio sustancial del negocio bancario. El desempeño del BNA deberá basarse en el aumento de los préstamos a favor de las PyMEs y las familias, y en optimizar su funcionamiento".
Y cerró: "La transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades".
En contraparte, el economista K, Hernán Letcher, aseguró que el BNA cuenta con 790 sucursales, tanto en Argentina como en el exterior (Nueva York, Miami, San Pablo, Beijing, Madrid, Montevideo, entre otras) y "$13 billones de depósitos que el Banco tiene en el sistema (casi el 20% del mismo), que serán apropiados por otras entidades financieras para su fondeo", explicó.
"¿Qué hay detrás de sus críticas? El deseo de privatizar esta verdadera 'joya de la abuela'", disparó el economista contra Daniel Tillard.
Otro proyecto en rechazo a la privatización
Por otro lado, en la Cámara de Diputados se presentó en las últimas horas un proyecto de declaración para expresar "el rechazo a las propuestas de privatización de empresas y sociedades de propiedad estatal y de venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo".
Recordemos que el proyecto de ley del Gobierno propone, "sin ningún tipo de análisis ni pauta", afirma el kirchnerismo en Diputados, la privatización de 41 empresas y sociedades del Estado, entre las que están YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, AR-SAT, AySA, Correo Argentino y Ferrocarriles Argentinos.
"La venta de estas empresas tendría consecuencias muy graves e irreversibles para el Estado y para los derechos de los usuarios. Además, gran parte registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía", argumenta el proyecto de declaración de los K.
El proyecto presentado en la Cámara baja fue firmado por la diputada nacional Julia Strada, quien además fue directora del Banco Nación, y el diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, entre otros legisladores peronistas/K.
"Hay empresas que son privatizables y otras que no"
Así las cosas, en el Congreso Nacional alegan que el rechazo a la privatización de algunas empresas no se trata de tener "un fetiche con lo público", sino de entender que "hay empresas que son privatizables y otras que no".
En ese sentido, desde un sector de la UCR dijeron a iProfesional que, entre otras empresas, están a favor, por ejemplo, de la privatización de Aerolíneas Argentinas. "Por supuesto que Aerolíneas Argentinas la privatizaríamos con las dos manos, lo que pasa es que quién te va a comprar ese monstruo que tiene unos pasivos laborales tremendos y tiene como 15 gremios adentro, por qué te lo comprarían", reflexionaron desde el ala radical más amigable con el Presidente, y a su vez, consideraron que el oficialismo debe "dar su brazo a torcer" sobre este tema, ya que hay empresas de las cuales, por más que el Estado se quiera desligar, "no va a ser una tarea fácil".
Por otro lado, en lo que sí son enfáticos es en la cantidad de facultades que se le quieren otorgar al Presidente si se aprueba la Ley ómnibus, otro tema álgido durante el debate de estos días, que la oposición calificó de "exageradas".
"Tampoco le podemos dar facultades al Presidente para que privatice lo que quiera o se le cante a simple firma. Que traigan de a una las privatizaciones al Congreso y que se discutan de a una, te aseguro que en muchas vamos a estar de acuerdo", sentenciaron.