Auditorías y bajas masivas: así avanza la mano dura de Milei contra los planes sociales
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El Gobierno de La Libertad Avanza se conformó con el propósito de llevar adelante cambios estructurales en la Argentina, incluso de los más radicales: aquellos que implican una revisión histórica de las relaciones de fuerza.
Tal vez, a priori, la novedad del organigrama de gestión es la creación del Ministerio de Capital Humano que, además de lo innovador del nombre, nuclea varias áreas que delimitan y determina la política social que tomará el espacio.
A cargo de la licenciada en Ciencias de la Familia, Sandra Pettovello, una funcionaria que declara poco, quedaron varios organismos descentralizados y secretarías claves.
Desde la campaña electoral, el libertario dejó en claro sus intenciones de endurecer las respuestas del Gobierno ante lo que denomina como "zurdos de mierda (sic)" -definición que engloba a todo aquel que participa de manifestaciones y protestas-. Entre sus deseos más profundos, Milei aspira a neutralizar el poder de las organizaciones sociales y a eliminar los intermediarios de las asistencias estatales.
Cómo está conformado el Ministerio de Capital Humano
Primero lo primero. A través del decreto 86/2023 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei le otorgó poder de fuego al Ministerio de Capital Humano que nuclea área estratégicas.
Lo hizo al dictaminar que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a cargo de optimizar los recursos estatales, pase a depender de la cartera de ministra Pettovello. Lo propio sucede con el Gabinete de Asesores y la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que perdió su rango ministerial.
También, entre otros estamentos, absorbe a las secretarías de Coordinación Legal y Administrativa; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura y la de la Niñez, Adolescencia y Familia y trabaja en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Línea 134, auditoría y bajas de planes
Si bien desde la Libertad Avanza se comprometieron a incrementar y mantener las asistencias sociales, trabajan con intensidad en terminar con los intermediarios existentes entre los beneficiarios y el Estado. Para eso, habilitaron la línea 134 con la intención de que, quienes reciben planes, denuncien de forma anónima si fueron sometidos a algún tipo de extorsión por parte de dirigentes o punteros políticos a cambio de movilizar.
Ante el registro que acumula más de 20.000 denuncias y que crece de forma diaria, desde Casa Rosada radicaron en los tribunales de Comodoro Py la denuncia por delito de extorsión y defraudación al Estado que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita. Según precisó una fuente de Balcarce 50, hay alrededor de 35 personas identificadas que forman parte de las 14 organizaciones señaladas.
Motorizados por la transparencia en los cobros, el Gobierno auditará además los planes Potenciar Trabajo, una de las asistencias con mayor caudal de beneficiarios, con la intención de detectar y combatir irregularidades.
Si bien se pospuso -según lo establecido en el decreto 125/2023- hasta el 1° de abril la transferencia de más de un millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo a la órbita del ex ministerio de Trabajo, hoy devenido en Secretaría, la cartera de Capital Humano ya avanzó en la suspensión del pago a miles de personas que percibían irregularmente la ayuda social.
Funcionarios que recorren los pasillos de la Rosada y se muestran a favor de las bajas, respaldan el accionar del Gobierno con base en la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, quien -según explican- "pudo acreditar que 8.000 personas, además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguna de las dependencias del Estado". "Daba asco cómo se manejaban", remarcan con desagrado.
Castigos para los organizadores de marchas
"El que corta no cobra" y "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", son dos premisas que los distintos funcionarios repiten hasta el cansancio para dar una primera aproximación de las políticas sociales de la gestión. Detrás de los slogans, se esconde el profundo deseo entrañable de terminar con manifestaciones masivas y ordenar las calles, desde hace tiempo, cuna de las principales peleas sindicales y políticas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruida por el mandatario y en coordinación con su par de Capital Humano, diseñó un protocolo que recibe el nombre de "mantenimiento del orden público", en el que se instrumenta la intervención de las cuatro fuerzas federales ante cada manifestación que suponga un corte de tránsito.
A fines de evitar que los manifestantes interrumpan la circulación de las calles -sin importar que sean los propios efectivos de seguridad quienes lo hagan-, la funcionaria "monitorea" la evolución de las protestas desde el Comando Unificado de la Policía Federal.
El debut del protocolo contó con la supervisión estelar de Javier Milei que, a su vez, contó con un ejército de cámaras que tomaban cada detalle del accionar del Presidente mientras seguía con atención cada movimiento de los piqueteros.
"Libertad y orden. Prevención y control", resumió ante este medio una fuente de Gobierno sobre el espíritu del protocolo.
Para darle un marco regulatorio a la política impulsada por la cartera de Bullrich, el Presidente envió al Congreso un mega paquete de leyes que, entre otras modificaciones, incluye reformas en materia penal y que recibe el nombre de "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
A partir de la sustitución del artículo 194 del Código Penal, Milei busca imponer una pena de dos a cinco años para quienes "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación" y reprimir con prisión de tres meses a dos años a los que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes".
Ante este panorama donde las normativas se recrudecen contra los manifestantes, queda establecido que, de aprobarse la mal llamada "ley ómnibus", se creará además la figura del "organizador de una reunión", entendida como una congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público.
Según se detalla en el apartado que corresponde a la seguridad, será penado con uno a tres años y seis meses de prisión a los que "emplease intimidación o fuerza" contra un funcionario público.
Por último, el artículo 333 obliga a notificar al Ministerio de Seguridad con antelación no menor a dos días sobre cualquier tipo de reunión, con la inclusión de datos personales de sus organizadores, el objeto y finalidad de la protesta, la ubicación y recorrido, entre otras cosas.
De esta manera, el Gobierno intenta instrumentar al Ministerio de Seguridad para que cuente con la potestad de "oponerse a la realización de la reunión o manifestación", proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización y tener el control de las calles.