Otro revés judicial para el Gobierno: el amparo de la CGT contra la reforma del trabajo quedará en el fuero laboral
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Dos medidas de la Justicia encendieron las alarmas en el Gobierno este jueves. Se trata de dos decisiones que el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico tomó.
La primera de ellas tiene que ver con que se habilitó la feria judicial de enero para analizar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de todo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que firmó el presidente Javier Milei. Por otra parte, el magistrado definió que el amparo presentado por la CGT contra la reforma laboral se tramite en el fuero laboral (vinculado con los gremios mediante el diputado Héctor Recalde).
Alarma en el Gobierno: la Justicia definió que hará con el amparo contra la reforma laboral
El objetivo del Gobierno era que las modificaciones (que impactarían en las indemnizaciones, despidos, contrataciones y períodos de prueba) pasaran por el fuero Contencioso Administrativo. Sin embargo, ahora el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, apelará la medida de Lavié Pico a través de un nuevo recurso.
El debate por la constitucionalidad del decreto presidencial seguirá presente en el debate legal, por lo que la Corte Suprema será quien tome la última decisión sobre los dos temas. Aunque el máximo tribunal se negó a habilitar un recurso presentado por el gobernador riojano kirchnerista Ricardo Quintela, durante la feria judicial de este mes y lo resolverá en febrero.
Cabe destacar que, para habilitar la feria, Lavié Pico explicó: "Torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial".
Sobre el cambio de fuero, el magistrado advirtió que el DNU contempla materias muy diferentes, lo que motivó que sea tratado en distintas áreas del Poder Judicial. Ese fue el argumento de la central gremial que manejan Héctor Dáer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.
"La normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales". De esta forma "podrá, en su caso, examinarse -en los términos del artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional- de manera independiente y en relación a cada materia -en concreto- ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción", concluyó el juez Lavié Pico.