Juicio por YPF: qué activos pueden embargar si Argentina no salda la deuda de u$s16.000 millones
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/09/559981.jpg)
La escueta declaración del vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska de dejar firme el plazo del 10 de enero próximo para presentar las garantías líquidas por el juicio que el Estado nacional perdió frente a la demanda de Burford Capital por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en el año 2012, es un claro síntoma del incremento en la velocidad de las negociaciones entre el nuevo gobierno de la Argentina con los demandantes fondos de inversión, Burford Capital y Eton Park.
En referencia al fallo de la justicia de Nueva York que obliga al Tesoro Nacional a pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF, Adorni expresó: "La Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre, y siempre va a respetar la decisión de la justicia en todo orden y bajo toda circunstancia, por eso estamos analizando los caminos".
Pues bien, hay dos caminos y ambos llevan a que la Argentina abone.
Juicio por YPF: el dilema que afronta el Gobierno
Fuentes de Casa Rosada indicaron a iProfesional que se avanza en el diálogo con los directivos de los fondos de capital que ganaron el juicio como una alternativa para evitar embargos que podría sufrir el Estado nacional a partir del 11 de enero de 2024.
Si bien los abogados que representan a la Nación están preparando una apelación del fallo de primera instancia de la jueza Preska, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los demandantes también iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF. Los abogados de los fondos quieren embargar los activos de la petrolera, pero el fallo de la jueza Loretta Preska se lo impide.
En YPF señalaron a este medio: "Oficialmente, lo único que podemos decir es que nosotros no somos más parte del juicio, que es un juicio entre el Fondo Burford y el Estado Argentino. La jueza fue bastante contundente cuando aclaró que YPF ya no es parte del juicio y que no existe responsabilidad alguna sobre las decisiones que había tomado el Estado Argentino en 2012. Luego, falló en contra del Estado Argentino y fijó como costo de ese juicio los 16.100 millones de dólares de los que todos hablan. La gestión anterior, con la procuración a cargo de Carlos Zannini, solicitó un plazo de prórroga porque no estaba el dinero en el actual contexto de emergencia. La jueza otorgó la prórroga y estableció que la última iba a ser el 10 de enero y, si no, empezaban a correr los embargos contra el Estado nacional".
Juicio por YPF: qué activos debería entregar el Gobierno de Milei
Ahora bien, de no prosperar las negociaciones con los directivos de los fondos de inversión, Rodolfo Barra, el nuevo procurador, jefe de los abogados del Estado, deberá reunir las garantías que le conminó la jueza Preska.
Estos activos son: el 26% de las acciones de YPF en poder del Estado y títulos de una deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por 20.000 millones de dólares, que se remonta a los inicios de la represa binacional.
Sin embargo, Rodolfo Barra no la tiene fácil para prendar estos activos porque en el primer caso se necesita de una autorización del Congreso Nacional para presentar las acciones de YPF y, por el lado de la deuda de Yacyretá con el Estado argentino, se están buscando "los papeles que la certifiquen de manera correcta" y, se lo está haciendo contra reloj porque no están todos los documentos que se necesitan.
En principio la intención de Rodolfo Barra es litigar por este caso hasta llegar a la Corte Federal de Estados Unidos "si es necesario".
¿Pueden embargar buques y aviones de la petrolera?
En medio de la transición del gobierno, Barra decía a sus colaboradores "…Lo que hizo el Estado fue expropiar las acciones de Repsol en YPF y la facultad de expropiar es parte de las potestades propias soberanas, está bajo otro régimen jurídico".
Pero, luego de asumir y tras recibir los informes del estudio de abogados que representan los intereses del estado argentino, Sullivan & Cromwell, Barra evalúa las dificultades evidentes de alcanzar acuerdos parlamentarios de la actual administración nacional que acelerarían la posibilidad de intentar alcanzar un acuerdo con los nuevos acreedores a través de la entrega de un bono del estado de la nueva gestión.
En la compañía petrolera no temen por posibles embargos de sus activos, desde bienes inmuebles hasta aviones de la empresa, porque no son parte del fallo y en el Estado descartan que se produzca un embargo de un buque de la Armada, como sucedió con la Fragata Libertad en Ghana el 2 de octubre de 2012, por los reclamos judiciales de los denominados fondos buitres que compraron títulos de deuda nacionales en default.
Ese escenario no es factible con la actual demanda por la expropiación de YPF porque existen cláusulas de la "Foreign Sovereign Inmunities Act de EE.UU., que trata de distinta manera los casos en los que el Estado demandado renunció a su inmunidad de ejecución", como sucedió en el contrato de los bonos emitidos en los ’90 y defaulteados en 2001.
En el caso de YPF, "la Argentina nunca renunció a su inmunidad", explicó el ex procurador Sebastián Soler.
Soler especificó que "si el Estado no renunció, el Foreign Sovereign Immunities Act agrega un tercer requisito para avanzar. Sólo si el bien que se pretende embargar, es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo", por lo que sólo un bien que cumpla las tres condiciones puede ser embargado en EEUU.
"Las tres condiciones sumadas representan un obstáculo muy grande para los demandantes. Por supuesto, eso no significa que no lo vayan a intentar igual. O que lo intenten simplemente como estrategia de hostigamiento, aun sabiendo que el embargo no puede prosperar", consideró Soler en su cuenta de X.
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/12/564621.jpg)
En este contexto, la semana anterior a la de año nuevo, traerá definiciones desde la Procuración del Tesoro para que el Presidente, Javier Milei, evalúe los pasos a seguir, antes de la fecha límite del 10 de enero, por las obligaciones de una demanda que debe ser resuelta para no comprometer las ideas de privatización de la empresa petrolera.