Protocolo antipiquete: el Gobierno cobrará $60 millones a organizaciones por el operativo de seguridad
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El gobierno nacional cobrará $60 millones a 14 organizaciones sociales por el operativo de seguridad implementado durante la marcha del jueves pasado, en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En este contexto, el Gobierno nacional también realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con ese delito.
El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, comunicó las sanciones y detalló la lista de organizaciones multadas: "Es un costo por el cual vamos a intimar a las organizaciones a que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos, y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales".
Qué organizaciones fueron sancionadas por el Gobierno
Según el protocolo de orden público, se identificaron a 14 organizaciones sociales:
- El Polo Obrero
- Corriente Clasista y Combativa
- El Movimiento Evita
- La William Cook
- MTR 12 de abril
- Cuba MTR
- Libres del Sur
- Darío Santillan
- La Dignidad
- El Fol
- Barrios de Pie
- Torres
- El MTE
- Movimiento Patria Justa
"Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales, denuncia que ha recaído en el juzgado del Doctor Sebastían Cassanello y la fiscalía del Doctor Policita", detalló sobre la denuncia el funcionario del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Bullrich publicó el informe contra las organizaciones
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó los dichos de Adorni y publicó el informe del operativo desarrollado el pasado 20 de diciembre por las marchas de organizaciones sociales y piqueteras. En el texto, especificó, tal como lo hizo Adorni, los movimientos sancionados económicamente por los gastos del operativo policial.