Milei exacerba el desafío a "la casta" y arriesga una ruptura con el Congreso y gobernadores

Ahora o nunca. Esa es la consigna política de Javier Milei, que eligió la estrategia de aprovechar al máximo el capital político que le da su alta popularidad a pocos días de haber asumido, así como la posibilidad de poder responsabilizar a "la herencia" recibida del gobierno anterior.

Como ya muchos dirigentes habían advertido, el período para proponer reformas radicales será muy corto. En un entorno de alta inflación y con un duro programa de ajuste en marcha, la simpatía y paciencia de la opinión pública se puede esfumar con rapidez, y eso le resta fuerza negociadora a un presidente con minoría en el Congreso.

Es con esa emergencia en mente que Milei decidió poner sobre la mesa muchas reformas que, antes de las elecciones, habían sido calificadas como "de segunda generación", lo que implica que recién se pondrían en práctica cuando la macroeconomía estuviera estabilizada.

Sin embargo, los tiempos aceleraron y sorprende ahora la audacia de los cambios propuestos, además del hecho de que se los instrumente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Muchos de los puntos tocan intereses de grupos que tenían su actividad protegida de la competencia o que recibían fondos que ahora están en peligro.

Desde la actividad de las agencias turísticas hasta las cadenas farmacéuticas; desde la posibilidad de que extranjeros compren tierras hasta la equiparación de medicinas prepagas con las obras sociales -que ya no tendrán el "peaje" obligatorio en el sistema de salud-; todas las normas son pasibles de generar preocupación en grupos que, presumiblemente, no asistirán pasivamente al cambio de clima.

Otros puntos, en cambio, tienen una mayor carga ideológica y cierto aroma a los años ’90, como las privatizaciones de empresas estatales tan emblemáticas como Aerolíneas Argentinas o la apertura al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink -de Elon Musk- en sectores oligopólicos como el de internet satelital.

Y, por cierto, hay ítems del decreto que son pasibles de que la oposición denuncie la "pérdida de derechos adquiridos". Entre los rubros más sensibles se encuentra la flexibilización laboral, que implica menores posibilidades de accionar judicialmente para el reclamo de indemnizaciones por despido.

Intereses afectados y judicialización en puerta

El impacto político de este decreto -que el propio Milei presentó como un cambio cultural más que como una lista de cambios regulatorios- ya puede medirse en sus primeras reacciones. Ni bien el presidente terminó su discurso, se produjeron cacerolazos en barrios porteños y concentraciones espontáneas de vecinos, que expresaron su enojo ante las cámaras de televisión y marcharon hacia el Congreso.

El enojo venía, además, precedido por el clima enrarecido que se generó por la primera marcha piquetera y el debut del protocolo de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, con una masiva presencia policial.

En ese marco, estas primeras protestas populares dejaron escenas con reminiscencias de lo ocurrido en la gestión de Mauricio Macri, que se encontraba con estas protestas ante las subas de tarifas de servicios públicos -que, de hecho, fueron ralentizadas por acciones judiciales- y que le impidieron avanzar en temas como la reforma jubilatoria o la flexibilización del marco legal laboral.

El propio Macri había diagnosticado que su problema consistió en que en 2016 "no había mandato social" para avanzar en cambios estructurales, pero que sí lo había ahora y por eso creía que había que hacer "lo mismo pero más rápido".

Probablemente Milei haya tenido en cuenta esa recomendación a la hora de hacer suyo el trabajo elaborado por Federico Sturzenegger, que acompañó junto al gabinete de ministros el anuncio del DNU. Sturzenegger, que originalmente se había puesto a trabajar en esa serie de reformas pensando en un gobierno de Juntos por el Cambio, ya contaba con la confianza y la admiración de Milei, que siempre lo elogió públicamente -a diferencia de lo que hizo con otros ex funcionarios macristas, incluido el mismísimo Toto Caputo-.

En todo caso, lo que vendrá ahora está muy claro: la propia CGT avisó que judicializaría cualquier punto que implicara un avance contra el statu quo. Y en la primera lectura del decreto hay varios temas que tocan resortes sensibles del sindicalismo, como el ingreso financiero por los aportes obligatorios a las obras sociales, que ahora tendrán que competir con las empresas de medicina prepaga.

Además de la segura presentación de acciones legales, la CGT está analizando la convocatoria a un paro general nacional, en lo que sería la primera demostración de fuerza y de movilización, a menos de dos semanas del inicio de la gestión Milei.

Una temprana ruptura con los gobernadores

Pero es probable que al presidente le preocupe más la reacción de los gobernadores provinciales del peronismo, con quienes había estado reunido 24 horas antes de la comunicación del decreto, en un encuentro en el que se prodigaron señales amistosas.

Si todos los gobernadores peronistas asumen la postura de que el decreto de Milei "subvierte la Constitución Nacional para imponer un régimen que tiene como principal objetivo concentrar aún más la riqueza en los poderosos", como dijo el pampeano Sergio Zilotto, entonces queda en duda la posibilidad de que el gobierno pueda avanzar con temas que requieren aprobación parlamentaria, como la "ley ómnibus".

Dada la debilidad relativa del oficialismo en el Congreso, necesariamente debe contar con el apoyo peronista para aprobar proyectos. Y Milei dejó en claro que buscará una relación aceitada con los gobernadores, que en los hechos dominan el Senado.

El cálculo inicial del presidente era que ante una situación de emergencia financiera -que ha llevado a algunos gobernadores a pagar el salario de diciembre y el medio aguinaldo en cuotas-, las provincias serían el principal socio político y darían la gobernabilidad que el oficialismo necesita a nivel parlamentario.

Ahora, sin embargo, esa primera impresión generada tras la reunión del martes quedó en una zona de dudas. Por lo pronto, el bloque de diputados de Unión por la Patria emitió un duro comunicado en el que se compara a Milei con el ex presidente peruano Alberto Fujimori, que decidió cerrar el poder legislativo cuando se encontró con resistencia en el parlamento.

"Brutal avasallamiento a las facultades del Congreso. Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el artículo 29 de la constitución. Este DNU es de nulidad insanable. Los y las que lo aprueben serán infames traidores a la patria", dice el comunicado.

Resulta difícil pensar que un diputado peronista se anime a dar su apoyo a la iniciativa del presidente después de semejante advertencia.

¿Es legal el DNU?

Este clima es lo que lleva al gran interrogante político del momento: ¿puede este DNU pasar la aprobación del Congreso? Algunos analistas políticos ya adelantaron su escepticismo.

Mientras se pone la lupa sobre la "letra chica" del texto, ya se escucharon cuestionamientos en el sentido de que varios puntos del decreto -como por ejemplo la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas- de ninguna manera pueden ser catalogados como un asunto "de necesidad y urgencia".

Hace ya varios días que es materia de debate si es legal que un decreto derogue leyes. La coincidencia de los constitucionalistas es que sí lo es -y de hecho hay varios antecedentes-, siempre que se den ciertas condiciones.

Se necesita que ambas cámaras del Congreso den su conformidad. Si solamente una rechaza, el DNU queda en pie. Por otra parte, no puede haber derogaciones parciales del decreto: se lo aprueba o rechaza de manera íntegra.

Lo cual no significa, claro, que pueda abrirse ahora un período de negociaciones, de forma tal que sea el propio presidente el que introduzca cambios en el texto para eliminar puntos que sean objeto de cuestionamiento por parte de sectores aliados.

En todo caso, lo que ocurrió con el DNU de Milei es una aceleración de los tiempos políticos, a tal punto que podría acelerar la vuelta al primer plano de figuras que habían decidido bajar el perfil, como el ex ministro y candidato Sergio Massa.

Y en las especulaciones políticas ya aparece la posibilidad de que, ante una oposición fuerte, se generen las condiciones para una convocatoria a consulta popular. En otras palabras, que Milei juegue su gobernabilidad de cuatro años a un referéndum. A todo o nada.