¿Milei gana esta pulseada?: por qué no coparticipará el impuesto al cheque con las provincias
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En su primera reunión con los gobernadores, Javier Milei no solamente procuró defender su duro plan de ajuste fiscal sino que además se fijó un objetivo político: que los jefes del peronismo regional compartieran el costo de reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, cuya derogación todos habían apoyado hace apenas tres meses.
Para el Presidente, cualquier suba impositiva significa exponerse al enojo de su electorado. Ni bien se conocieron los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, abundaron los recordatorios sobre la contradicción entre las medidas fiscalistas con las frases del entonces candidato Milei, que afirmaba que prefería "cortarse un brazo antes que subir un impuesto".
Ese costo político ante la opinión pública, se está reflejando en el enojo de los votantes de clase media que se habían liberado del Impuesto y que ahora, no sólo volverán a pagarlo, sino que, dado el efecto inflacionario, probablemente, se vean afectados por una alícuota más elevada.
También, Milei está sufriendo la crítica por la aplicación de retenciones a las exportaciones y por la carga del impuesto PAIS a las importaciones.
Pero, si algo Milei quería evitar a toda costa era, además, tener que asumir un nuevo costo político por complacer un pedido de los jefes provinciales: la coparticipación del impuesto al cheque. Esa habría sido una pésima jugada, porque expondría al nuevo gobierno a un nuevo enojo, solamente para salvar la reputación de los gobernadores.
Este impuesto -cuyo nombre oficial es "a los créditos y débitos en cuenta corriente"-, recaudó en noviembre pasado recaudó $382.566 millones, equivalente a un 8% de la "torta" tributaria. Y era la salida que los gobernadores plantearon a modo de compensación por haber apoyado las reformas que aliviaron a los asalariados de clase media. El documento contó, incluso, con la firma de figuras destacadas de Juntos por el Cambio, como Rogelio Frigerio, nuevo gobernador de Entre Ríos, así como Ignacio Torres, que asumió la conducción en Chubut.
Impuesto al cheque, un riesgo político
Pero Milei interpretó que la supuesta solución fiscal le implicaría un problema político. El del cheque es, junto con las retenciones al agro, uno de los impuestos más criticados por empresarios y economistas de la línea ortodoxa. Primero, por su efecto distorsivo sobre la actividad comercial.
Pero, además, porque todos recuerdan que, cuando fue instaurado en 2001 por Domingo Cavallo, se había prometido que su vigencia sería temporaria mientras el gobierno de Fernando de la Rúa trataba de resolver la situación de emergencia fiscal. El resto de la historia es conocido: el impuesto temporario lleva 22 años de permanencia y, si una porción de su recaudación pasara a formar parte de la coparticipación, eso significaría tácitamente la aceptación de que jamás será derogado.
Fue en medio de ese debate que economistas vinculados al macrismo y también algunos que formaron parte del equipo de asesores de Milei durante la campaña electoral, habían advertido, con tono muy crítico hacia el nuevo gobierno, sobre el riesgo que implicaba la consolidación del impuesto al cheque como un ingreso permanente en las cajas provinciales.
De hecho, en el ámbito político ya se especulaba que, ante la eventualidad -improbable- de que los gobernadores peronistas quisieran imponer su mayoría en el Congreso para impulsar la coparticipación del impuesto al cheque, Milei no dudaría en aplicar el veto, no tanto por motivos fiscales sino como para dar un mensaje político.
La calculadora de provincias en rojo
El cálculo de los jefes provinciales era que, si se coparticipaba la mitad del impuesto a los cheques, se compensaría la pérdida del 0,48% del PBI -o $1,23 billones, expresados en pesos del Presupuesto de 2024-.
El planteo, que habían firmado todos los gobernadores, antes de la asunción de Milei, se intensificó cuando se supo que, además, el Presidente se propone recortar las transferencias corrientes, que equivalen a otro 1,1% del PBI.
La situación se agrava, también, por otro tema que en los últimos días quedó por descontado: no se confirmará el provisorio alivio del IVA a productos de la canasta básica que Sergio Massa había dispuesto en el tramo final de la campaña electoral -y que tiene media sanción de Diputados-, porque el Senado no terminará de darle forma de ley.
El hecho de que se haya pedido una ayuda de emergencia al entonces ministro Massa -que transfirió el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio fiscal y sumó a eso una deuda actualizada del Consenso Fiscal de 2018- no fue un alivio suficiente para las provincias con las cuentas en rojo. Prueba elocuente de ello es el hecho de que los gobernadores de San Luis, Claudio Poggi, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunciaran que los salarios de diciembre y el medio aguinaldo serían abonados en cuotas, una situación que ya genera tensión con los sindicatos.
"¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía", fue la expresiva definición de Milei cuando se planteó la dificultad de las gobernaciones para pagar los aguinaldos.
Tobogán del superávit al déficit
Según la estimación de Fundación Mediterránea, con la reinstauración de Ganancias y del IVA, las provincias volverían a tener ingresos por un punto del PBI. Es mucho dinero, si se tiene en cuenta el rápido deterioro que muestran las cuentas del consolidado provincial -pasaron de una situación superavitaria en 2022 por 0,8% del PBI a un déficit este año por 0,4%-.
Claro que esos números no reflejan las diferencias entre las cajas provinciales, que son muy marcadas: mientras en el tope de la tabla para la Ciudad de Buenos Aires el resultado fue positivo en un 30% para el primer semestre de este año, en el fondo, San Luis registró un déficit de 22%. Ocho provincias -es decir, un tercio del total- mostraron números en rojo.
Y la situación empeoraría gravemente si los gobernadores no llegaran a un acuerdo con Milei. En una proyección "inercial" -es decir, sin recibir compensaciones por los recursos perdidos-, el déficit consolidado podría llegar al 1,5% del PBI.
Si en las proyecciones se considera el ingreso que eventualmente tendrían las cajas provinciales por el blanqueo de capitales que prepara el ministro Caputo, el déficit podría llegar al 0,7%.
El informe de la Mediterránea indica que, aun si se revirtiera la pérdida por Ganancias y por el IVA, las provincias todavía tendrían que hacer un esfuerzo de recorte de gastos de entre 0,8 y 1,2 puntos del PBI para estar en un superávit de 0,5% -que todavía seguiría siendo un resultado inferior al registrado en 2022-.
Gobernadores, con pragmatismo político
Las primeras señales de los gobernadores tras la reunión con Milei desbordaron pragmatismo político: no hay ánimo de confrontar con un Presidente que, aun con la dureza de un paquete económico fiscalista, mantiene un alto nivel de aprobación.
Peronistas como el cordobés Martín Llaryora, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil, dieron una versión positiva del encuentro, con explícitos mensajes de convivencia política pacífica.
"Todos manifestamos al Presidente que queremos acompañar y trabajar en conjunto", dijo Llaryora, quien pidió dejar atrás la cultura de la grieta.
Mientras que Jalil, en línea con el discurso del Gobierno, expresó: "Todos tuvimos la coincidencia de tratar el tema del déficit fiscal. El mundo nos está mirando, no sólo la política sino también los inversores".
Según los primeros trascendidos, en la reunión, Milei desestimó las alternativas de coparticipar el impuesto al cheque ni tampoco la de que se incrementara el ingreso por el impuesto PAIS. En cambio, insistió con la reversión de Ganancias, en un esquema transitorio, que será revisado en cada aprobación del presupuesto anual.
Como esta medida, debe tener aprobación legal, esto implica que los gobernadores asuman junto al Presidente el costo político de reinstaurar un impuesto impopular, en aras del equilibrio de las cuentas.
De todas maneras, hay un grupo que todavía está dispuesto a dar la pelea, o por lo menos a tratar de minimizar el daño a su imagen política: los gobernadores más cercanos al kirchnerismo, liderados por el bonaerense Axel Kicillof, difundieron una carta en la que expresan su postura disidente: "Consideramos que la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado, ya que, afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque".
Para los jefes provinciales, supone una situación incómoda si se tiene en cuenta que, pocas horas antes de verse con el Presidente, habían mantenido un encuentro con la cúpula de la central sindical CGT. Los principales dirigentes, entre ellos Pablo Moyano y Gerardo Martínez, pidieron que se buscaran alternativas de forma tal que no se reinstaurase el gravamen de Ganancias. Además, les solicitaron que intermediaran para la instauración de una mesa tripartita de diálogo, junto a los empresarios.
A juzgar por las primeras declaraciones, los gobernadores sintieron que su margen de maniobra es, en este momento, demasiado estrecho como para forzar un conflicto con el presidente recién asumido.
Y Milei, por su parte, dejó en claro que, puesto a elegir, prefiere chocar con los sindicalistas -algo que podría haber evitado si hubiese consentido la coparticipación del impuesto al cheque- antes que agregar un nuevo motivo de irritación en su base de apoyo electoral.