Agrupaciones de izquierda desafían el plan "anti piquetes" de Bullrich: alerta para la CGT y el peor fantasma
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Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara el nuevo protocolo "anti piquetes", el Frente de Izquierda y el Polo Obrero calificaron la medida como ilegal y ratificaron la movilización que ya tenían prevista para el 20 de diciembre, lo que configura para el inicio del gobierno de Javier Milei un clima de tensión en el que también se prepara la CGT, otro actor afectado por el anuncio.
Bullrich señaló que, en el marco del nuevo protocolo, las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales y advirtió: "Toda persona que quiera manifestarse en la vereda, podrá hacerlo. Nosotros lo que no queremos son los cortes de calle".
La primera reacción fue la de las agrupaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, brindó una conferencia de prensa junto a los legisladores del Frente de Izquierda Gabriel Solano y Vanina Biassi horas después y lanzaron una pregunta retórica: "¿50 mil personas pueden marchar por la vereda?".
Esa es la cantidad de gente que, según dijeron, esperan para la movilización del 20 de diciembre. En rigor, esta marcha se realiza todos los años para recordar las masivas protestas y la violenta represión que tuvieron lugar esa misma fecha de 2001, pero el fuerte ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la convirtió en una protesta contra las primeras medidas del Gobierno.
El simbolismo de esa fecha quedó ahora entre el protocolo presentado por Bullrich y la respuesta de las organizaciones y de una forma u otra agita el peor fantasma en el inicio de la gestión de Milei que, en los hechos, todavía ni siquiera mostró sus primeros efectos.
El plan "anti piquetes" calienta la calle: la izquierda acusa una "guerra contra el pueblo"
"Es una amenaza. Lo calificamos como ilegal. La ministra no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante lo que dijo que iba a hacer. El derecho a la protesta está amparado por la Constitución Nacional", afirmó Solano durante la conferencia de prensa que le siguió al anuncio Bullrich.
El legislador porteño ratificó que "el 20 de diciembre habrá una enorme marcha en todo el país, con distintas organizaciones" y agregó: "Habrá marchas en las 24 provincias y eso no puede detenerlo porque si lo hace es ilegal".
Los dirigentes relacionaron el protocolo para las marchas del Ministerio de Seguridad con las medidas anunciadas por Caputo. En esa línea, Belliboni calificó el combo como "un plan de guerra contra el pueblo" y apuntó: "No van a tener éxito. Esto se va a expresar en las calles pacíficamente. Nos hemos movilizado siempre, durante todos los gobiernos".
"Probablemente haya 50 mil personas en la calle. ¿Pueden marchar en la vereda? ¿Es el único problema de seguridad? Es de lo único que hablan los ministros de Seguridad en la Argentina", agregó el referente del Polo Obrero.
Otra de las voces que se alzó contra el protocolo fue la de la diputada nacional Myriam Bregman, ex candidata presidencial del Frente de Izquierda que señaló: "En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena".
"En realidad, lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno. La ‘libertad de circulación’ para ellos es puro chamuyo", sostuvo Bregman, al tiempo que consideró que "la urgencia y la severidad de los anuncios de Bullrich" se relacionan con el plan de ajuste económico. "Prefiere violar la Constitución a que se exprese el descontento", lanzó la diputada.
¿Qué hará la CGT?: una advertencia previa cobra nuevo sentido frente al plan de Bullrich
Si bien las primeras críticas salieron del Frente de Izquierda y de los organizadores de la movilización, que de acuerdo al protocolo serían penalizados precisamente por cumplir ese rol, el plan anunciado por Bullrich también apunta a los sindicatos.
Y es que el protocolo no solo se refiere a los cortes de calle sino también a los "bloqueos" de empresas, una modalidad que han utilizado en algunas oportunidades gremios como el de Camioneros, que lidera Pablo Moyano. Al respecto, establece que en esos casos se revisarán "las personerías jurídicas".
Esto agrega otro foco de tensión. La CGT ya realizó una primera reunión en la que los popes sindicales consideraron que "el ajuste de Milei castiga al pueblo y no a la casta" y que "generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores".
En ese sentido, reclamaron al Gobierno "una convocatoria al dialogo" y señalaron que, si bien la central gremial sigue teniendo la "vocación contribuir a la gobernabilidad", también advirtieron que "no se va a quedar de brazos cruzados".
Con este contexto, el nuevo plan anunciado por Bullrich representa también una luz de alerta para la CGT, donde todavía se delibera cómo actuarán cuando empiece a sentirse el efecto del ajuste.