Primer test político para Milei: ¿vetará la coparticipación del impuesto al cheque para mostrar su autoridad?

En la agenda de temas urgentes que le esperan a Javier Milei tras su asunción no sólo hay cuestiones financieras y cambiarias, como el desarme del cepo y la consecución de dólares que le permitan pasar el verano. También hay desafíos políticos, que darán la pauta sobre cómo manejará su representación minoritaria en el Congreso. Y un problema que le espera ya en el arranque será el de cómo responder ante la pretensión de los gobernadores de coparticipar el impuesto al cheque.

Es un tema que excede la mera cuestión fiscal y presupuestaria. Para Milei, significará un verdadero examen de credibilidad sobre los postulados que sostuvo durante la campaña electoral. Después de haber afirmado con contundencia que "no hay plata en el Estado" para hacer frente al pago de obligaciones salariales de las provincias, el nuevo Presidente deberá mantener una línea política acorde con esa dureza discursiva, si es que no quiere que mostrar un flanco débil ya desde el inicio.

Milei prevé cambios en la coparticipación: ¿cómo reaccionarán los gobernadores?

Y tiene un problema: no son solamente los gobernadores ligados al kirchnerismo lo que mantienen el reclamo de coparticipación del impuesto al cheque -una compensación por el ingreso que las provincias perdieron al reducirse el alcance del impuesto a las Ganancias-. Por el contrario, entre sus principales impulsores hay figuras destacadas de Juntos por el Cambio, como Rogelio Frigerio, nuevo gobernador de Entre Ríos, así como Ignacio Torres, que asumirá la gobernación de Chubut.

Esto implica que la probabilidad de que la ley de coparticipación del impuesto al cheque salga aprobada en el nuevo Congreso es muy elevada. El "poroteo" preliminar indica que esa iniciativa obtendría fácilmente la mayoría, con al menos 175 votos en Diputados -sumando los bloques del peronismo en sus distintas versiones, los partidos provinciales y la facción de Juntos por el Cambio más vinculada a la Unión Cívica Radical. En el Senado, se llegaría fácilmente a los 55 votos.

Y esta situación plantearía la primera ocasión de enfrentamiento abierto entre Milei y el Congreso: la eventualidad de ejercer el veto, como forma de transmitir un mensaje político en el arranque de un nuevo gobierno sin mayoría propia.

La "transversalidad" de las cajas provinciales

"¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía", fue la expresiva definición de Milei cuando se planteó la dificultad de las gobernaciones para pagar los aguinaldos.

Ese problema finalmente fue resuelto por el saliente ministro de economía, Sergio Massa, quien tras una reunión con los gobernadores aseguró la transferencia, por parte de la Nación, del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio fiscal. Sumó a eso una deuda actualizada del Consenso Fiscal de 2018.

Pero la consecuencia política más importante de esa foto de Massa con casi todos los gobernadores -sólo faltaron el porteño Jorge Macri y el cordobés Martín Llaryora- fue que se envió un mensaje a Milei: cuando la caja apremia, las posiciones ideológicas se hacen difusas, y las provincias no estás dispuestas a ser la variable del ajuste en el nuevo escenario económico. A tal punto que gobernadores de las tendencias más diversas están dispuestos a formar un frente común para impulsar una ley que va en contra de lo que el nuevo Presidente considera pilares de su gestión.

"Hay una voluntad política transversal", sintetizó Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro aliada del peronismo, quien justificó la presentación del proyecto de ley como un acto de reparación histórica para las provincias.

"Estamos hablando de un impuesto que está hace más de 20 años y en su origen debió ser coparticipable con destinos específicos, pero no lo fue. Ahora habrá que ver cómo se equilibra esos destinos específicos con la coparticipación de ese impuesto", planteó la gobernadora, mientras se finalizaban los detalles del proyecto que reclamará para las provincias la mitad de lo recaudado por el impuesto al Cheque.

Hablando en plata, al resignar el ingreso por Ganancias de la cuarta categoría -una derogación que, por cierto, el propio Milei votó en su última participación como diputado-, las provincias resignaron ingresos por el equivalente a 0,48 punto del PBI. En pesos expresados en el presupuesto de 2024, sería $1,230 billón.

Es un impacto fuerte, sobre todo si se considera que, además, en los planes de recorte fiscal que prevé Milei se cuentan las transferencias corrientes a las provincias, que equivalen a otro 1,1% del PBI, según estiman los analistas de las cuentas fiscales. Se trata de una parte del gasto público que no está comprendida en la coparticipación pero que, en muchos casos, está consagrada por leyes específicas, como la del Fondo de Incentivo Docente. También corren por esa vía aportes discrecionales del Tesoro Nacional.

A modo de compensación, los gobernadores aspiran a quedarse con la mitad del impuesto -cuyo nombre oficial es "a los créditos y débitos en cuenta corriente"-, que en noviembre pasado recaudó $382.566 millones, equivalente a un 8% de la "torta" tributaria.

Es, junto con las retenciones al agro, uno de los impuestos más criticados por empresarios y economistas de la línea ortodoxa. Primero, por su efecto distorsivo sobre la actividad comercial; pero, además, porque todos recuerdan que cuando fue instaurado en 2001 por Domingo Cavallo, se había prometido que su vigencia sería temporaria mientras el gobierno de Fernando de la Rúa trataba de resolver la situación de emergencia fiscal. El resto de la historia es conocido: el impuesto temporario lleva 22 años de permanencia, y si una porción de su recaudación pasara a formar parte de la coparticipación, eso significaría tácitamente la aceptación de que jamás será derogado.

Milei, bajo la presión del mercado

La posibilidad de que se vote por amplia mayoría la coparticipación del impuesto al cheque ya está generando debate entre economistas, con advertencias sobre la mala señal que implicaría, por parte de Milei, si esa modificación quedara en pie.

Es una posición que incluye, sobre todo, a economistas que formaron parte de los equipos del propio Milei o de Juntos por el Cambio.

Por caso, Carlos Rodríguez planteó que no solamente espera que no haya una vuelta atrás con Ganancias, sino que "ahora viene Bienes Personales y el impuesto al cheque, así que empiecen a tomar conciencia en las provincias de que habrá que ajustar en sus feudos".

También Hernán Lacunza -ex "ministeriable" del equipo de Horacio Rodríguez Larreta- se preguntó: "¿por qué Ejecutivo Nacional (el contribuyente) debería compensar a Ejecutivos Provinciales por baja de impuestos coparticipables dispuesta por Congreso Nacional integrado por Senadores y Diputados de Provincias?".

Y su pregunta no solamente implica una crítica a los gobernadores, sino un recordatorio de que Milei votó junto al peronismo la derogación de Ganancias que hoy es el argumento planteado para que el Gobierno nacional financie los aguinaldos mediante emisión que tendrá impacto inflacionario durante el verano.

En tanto, Matías Surt, economista jefe de la consultora Invecq, criticó declaraciones del nuevo gobernador cordobés, Martín Llaryora, en el sentido de que "Ganancias es un muy mal impuesto".

"Con el pedido de los gobernadores se repite una típica y pésima práctica en materia tributaria: bajar impuestos buenos pero visibles y aumentar impuestos malos pero invisibles. En Nación piden Cheque por ganancias. En las provincias suben Ingresos Brutos por Inmobiliario", plantea el economista, quien defiende un punto de vista generalmente compartido por los economistas de la línea ortodoxa.

Según esa visión, Ganancias es un impuesto más justo y progresivo que otros que están vigentes. Y, antes que coparticipar un mal impuesto como el del cheque, los gobernadores deberían hacer lobby en el congreso por la restitución de Ganancias, cuya derogación es considerada parte de la estrategia electoral que había diseñado Massa.

Una postura similar contra la vigencia del impuesto al cheque era sostenida por el equipo que acompañaba a Emilio Ocampo, el frustrado "candidato a presidente del Banco Central" que había diseñado el radical programa monetario para sustituir al peso por el dólar.

El antecedente de Macri 2016

Lo cierto es que Milei está en una disyuntiva, dado que -por un lado- tiene gobernadores de fuerzas aliadas que están reclamando la coparticipación del impuesto al cheque, pero por otra parte está siendo observado por economistas y políticos que miden el grado de pureza del discurso fiscalista del nuevo presidente.

Milei cuenta con un antecedente histórico cercano en el cual reflejarse: en el arranque de la gestión de Mauricio Macri, el peronismo, que todavía contaba con mayoría en el Congreso, votó una ley de "emergencia ocupacional" que prohibía los despidos por un plazo de seis meses, en los cuales regiría la doble indemnización. Ni bien se votó, Macri anunció que vetaría la ley, por considerar que traería los efectos opuestos a los buscados: es decir, que las empresas dejarían de contratar personal.

Esa situación ocurrió apenas dos meses después de inaugurado el período legislativo de su primer año de gestión, y fue el primero de siete vetos de Macri. Para el ex mandatario, que atravesó todo su período en situación de minoría parlamentaria, era una manera de mostrar autoridad política, a la vez que reafirmar los valores que quería transmitir a la sociedad.

Ahora, la posibilidad de que Milei vete una casi segura ley de coparticipación del cheque es una eventualidad que genera expectativa en el ámbito político. Igualmente puede tener un revés, si es que los impulsores de la ley consiguen dos tercios del Congreso para su ratificación. Los 37 diputados y siete senadores propios no le permitirían a La Libertad Avanza frenar esa situación; en ese caso, se pondría a prueba qué tan fuerte es la alianza con el macrismo como para sostener el veto.