Las privatizaciones que planea Milei no podrán eludir el paso por el Congreso
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"Urgente", así calificó el presidente electo Javier Milei al paquete de leyes que aspira que el Congreso apruebe en el comienzo de su gestión, durante sesiones extraordinarias. Y habló de esas iniciativas como una "reforma del Estado", título que rememora a la Ley 23.696, sancionada en el arranque del menemismo, que permitió al gobierno de entonces deshacerse de varias empresas públicas.
Tras su contundente triunfo en el balotaje, el libertario ratificó en distintas entrevistas su intención de vender los medios públicos (Radio Nacional, Tv Pública y Télam S.E.) e YPF, aunque luego aclaró que en el caso de la petrolera estatal primero habrá que "recomponerla". Pero sumó a la lista a AySA y Trenes Argentinos, y habló también de darle Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores, cuestión que le valió una dura advertencia por parte de Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos.
En medio de la transición, cuando todavía no se conoce cuál será la letra chica de esos proyectos y si, efectivamente, propondrá desde el inicio de su gestión un plan privatizador, el nuevo mandatario podría encontrar en el Poder Legislativo un escollo para sus planes. Esto, básicamente, porque muchas de sus ideas deberán concretarse por medio de leyes.
"Las privatizaciones o concesiones deben pasar todas por el Congreso, por cuanto esto es un imperativo constitucional, en lo que se llama la reserva de ley para estas materias, y aparte porque está vigente la Ley de Reforma del Estado, sancionada en 1989, que establece como proceso de privatización que primero el Ejecutivo dicte un decreto que declare sujeto a privatización un activo del Estado, después que el Congreso sancione una ley y por último que el Ejecutivo dicte un decreto de ejecución de la privatización", explicó a iProfesional el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Qué pasará con YPF
No obstante, en el caso puntual de YPF, el especialista advirtió que la mayoría especial de dos tercios que prevé el artículo 10 de la Ley 26.741 de expropiación, para el caso que se quiera volver a privatizar, es "una exigencia inconstitucional, porque las mayorías agravadas solamente pueden estar previstas por la Constitución". "Y, en segundo lugar, es insustancial, porque con una ley por mayoría simple el Congreso puede derogar el artículo de esta ley y avanzar en una privatización" tan solo con mayoría simple, señaló.
En agosto, tras las elecciones PASO, el Frente de Todos avanzó en comisión con un proyecto planteado por Máximo Kirchner para "proteger" a Aerolíneas Argentinas de una posible privatización. Sin embargo, la iniciativa nunca llegó al recinto por no contar con los apoyos necesarios. En esa discusión, al argumentar en contra, el diputado del PRO Pablo Tonelli aclaró que "sólo la Constitución Nacional puede establecer mayorías agravadas".
La elección de "tres tercios" de octubre definió la nueva composición del Parlamento y si bien La Libertad Avanza logró sacar casi medio centenar de legisladores, sus números por sí solo no le alcanzan para nada: en el Senado tendrá apenas 7 integrantes, es decir, un 10% del cuerpo; y en Diputados una bancada de 38, muy alejado de los 129 que necesita para el quórum. La definición que haya sobre la Presidencia de la Cámara baja, que se disputa entre Cristian Ritondo y Florencio Randazzo, no será menor, dado que en una eventual designación del actual jefe del bloque PRO, la alianza del nuevo oficialismo con el espacio de los macristas "halcones" haría más efectiva la ayuda parlamentaria que la gestión entrante necesita.
De todas formas, en caso de que eventualmente Milei encuentre apoyo en el PRO para avanzar con algunas privatizaciones (varios de sus referentes se han manifestado en otras oportunidades a favor), eso no será posible sin el voto positivo de otros bloques. Aún sumando "violetas" y "amarillos" aliados, al Ejecutivo le faltaría mucho más que unos 10 o 20 votos para llegar a los 129 en Diputados o a 37 en el Senado. Unión por la Patria, que será la principal bancada opositora, se encuentra totalmente en la vereda de enfrente de cualquier venta de patrimonio público. En tanto, algunos diputados de Juntos por el Cambio que están fuera de sumarse a una alianza con Milei piden ser "cautelosos" y esperar a que lleguen los proyectos para analizar cualquier propuesta de privatización. Habrá que ver entonces si el libertario arrancará por leyes netamente económicas y dejará algunas de sus ambiciones para más adelante.
Otros asuntos en los que debe intervenir el Poder Legislativo
Desde la dolarización, que aparece cada vez más como una cuestión que se postergará, hasta la designación del presidente del Banco Central que, vale recordar, requiere acuerdo del Senado al igual que el resto del directorio, pasando por un cambio en el régimen de coparticipación, la intervención del Poder Legislativo es muy amplia debido a las extensas facultades que le asigna la Constitución Nacional.
Además, el Poder Ejecutivo tampoco puede derogar total o parcialmente las leyes por sí solo.
Por ejemplo, en el caso de la Ley de Alquileres, que se aprobó el pasado 11 de octubre, Milei ha vuelto a asegurar que a la norma "hay que derogarla", pero esto debería tramitarse por medio de otra ley.
Los DNU, una herramienta con limitaciones y el rol clave del Congreso
El gobierno entrante deberá activar el arte de la negociación para lidiar con las acentuadas minorías que tendrá en el Parlamento y que podrían perjudicarlo, por ejemplo, en el reparto de las comisiones y la conducción de las mismas. Una bicameral clave será la de Trámite Legislativo, que debe analizar tres tipos de decretos del Poder Ejecutivo: los de necesidad y urgencia, los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de las leyes.
Esta comisión, que tuvo una actividad destacada en pandemia, no se reúne desde junio de 2022. Pero podría volver a tener relevancia en caso que Milei intente avanzar por la vía del decreto con algunos temas, aunque no se trata de una herramienta sin limitaciones: está vedado su uso en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
Al respecto, Gil Domínguez expresó ante iProfesional que "los DNU son una excepción al trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes y solamente pueden ser dictados en situaciones objetivamente extraordinarias que impidan seguir este procedimiento". Y, a continuación, advirtió: "Cualquier otra situación no responde a la lógica exigida por la Constitución, en realidad respondería a lo que denominamos ‘las emergencias espurias’, aquellas que tienen como sostén la necesidad política de un gobierno de turno, pero no el beneficio total de la comunidad".
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De acuerdo a la Ley 26.122, para que un DNU quede avalado se requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas, un trámite que tampoco es tan fácil de lograr. Durante el gobierno de Cambiemos, el peronismo intentó voltear algunas medidas de Mauricio Macri, pero finalmente ningún proyecto quedó totalmente anulado por el voto de las dos cámaras.