En pleno aumento de tarifas, la Justicia le frena al Gobierno la estatización de peajes
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A pocos días de que expire la concesión y con un aumento en marcha del 50% para las tarifas de peaje, un fallo de la Justicia Nacional Comercial frenó la estatización del Corredor Vial 18 que abarca los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria y las rutas nacionales 12 y 14 que conforman la "autovía del Mercosur".
La medida judicial dispuso que la actual concesionaria privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA) continúe operando las rutas y los enlaces viales con el cobro de peajes por un plazo inicial de 6 meses.
¿Por qué la Justicia frenó la estatización de peajes?
La decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9 se fundamentó en el hecho de que "el Estado Nacional no abrió aún la instancia de renegociación del contrato con la empresa concesionaria, ni interpuesto en los términos adecuados la finalización de la concesión".
Tras haber solicitado a principios de año el "concurso preventivo de acreedores", la empresa vial acudió nuevamente a la Justicia para continuar al frente de la concesión y poder negociar la finalización del contrato en mejores condiciones con las autoridades nacionales.
Según el fallo que dio curso a la medida de no innovar, la empresa CRUSA deberá presentar un informe cada 30 días sobre "el destino dado a los fondos percibidos por el cobro de peajes a los fines de posibilitar el debido control de la sindicatura e información del tribunal".
De esta manera, la definición sobre el futuro de la concesión del Corredor Vial 18 quedará en manos del próximo gobierno que asuma en diciembre, al igual que la situación planteada con los contratos de los accesos metropolitanos Norte y Oeste que la actual administración de Alberto Fernández intentó dar de baja y que también se encuentran frenados por una medida judicial.
Hasta ahora, la empresa CRUSA es la única operadora privada de rutas nacionales que se mantiene en pie. Está integrada por seis constructoras: CODI, Coneviar, Parenti Mai, Eaca, Welbers Insua y Babic. Tiene a su cargo desde 1993 el mantenimiento vial y el cobro de los peajes en el enlace Zárate-Brazo Largo y en las estaciones de las rutas 12 y 14 Piedritas (Concordia), Yerúa (Colón) y Colonia Elías (Gualeguaychú). En 2014 agrandó su campo de acción sumando la administración y conservación del puente y la conexión vial Rosario-Victoria.
Autopistas del Mercosur, bajo la lupa
Desde hace varios años y pese a contar con dos carriles en ambos sentidos en la mayor parte de su extensión, la autovía del Mercosur es tristemente conocida por la gran cantidad de accidentes fatales que se registran periódicamente. La elevada tasa de siniestralidad que presenta ese corredor vial es motivo permanente de quejas y reclamos de los y las automovilistas de Entre Ríos a las autoridades provinciales y nacionales.
En el Congreso Nacional, se presentaron más de 20 pedidos de informes y proyectos de ley para declarar la "emergencia vial" en la autovía del Mercosur con "el fin de disponer de manera urgente los recursos humanos, materiales y presupuestarios que resulten necesarios para paliar las graves deficiencias del corredor vial".
Hasta mediados de 2021, el Gobierno nacional había mantenido una situación expectante y más bien contemplativa con el desempeño de CRUSA. Le había aplicado solamente tres multas atrasadas por $15 millones de pesos.
A fines de ese año, la situación cambió radicalmente y la empresa comenzó a recibir una catarata de fuertes sanciones económicas por parte de Vialidad Nacional por el mal estado de las rutas y la falta de inversiones.
El organismo vial que conduce el exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta decidió ponerse al día con las sanciones que estaban en trámite desde el segundo mando de Cristina Kirchner por el estado deficitario de las calzadas, la falta de mantenimiento, banquinas deterioradas, pastos sin cortar, fisuras en pavimentos y ausencia de señales demarcatorias.
Las omisiones contractuales más relevantes –según las inspecciones de Vialidad– se registraron en la falta de cumplimiento de los dos parámetros técnicos que miden el estado de los pavimentos y las calzadas: el ISP (Índice de Serviciabilidad Presente) y el IE (Índice de Estado Característico).
En los últimos dos años, CRUSA acumuló cerca de 100 actas de infracciones y multas que llegan a un monto actualizado de casi $15.000 millones.
La concesión del Corredor Vial 18 se vio fuertemente alterada en 2011 cuando ante la falta de inversiones de CRUSA, el Estado decidió hacerse cargo de las obras de duplicación de calzadas desde Gualeguaychú hasta Paso de los Libres.
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A mediados de este año, la empresa salió a defenderse de las críticas del Gobierno con la presentación de una nota a Vialidad Nacional donde, tras alertar sobre la grave situación que enfrenta el corredor vial, le reclamó serie de medidas urgentes para poder mantener la seguridad de los puentes y las rutas que forman parte de la concesión en disputa.