Llega el dato de pobreza en pleno cierre de campaña y Massa quiere compensar el impacto con más plata
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Desde que empezó su campaña presidencial, Sergio Massa tenía marcado en rojo una fecha clave en su calendario: el miércoles 27 de setiembre, una de las fechas más temidas por el candidato peronista, porque se difundirá el dato de pobreza e indigencia. Con pésimo "timing" electoral, el dato marcará un seguro empeoramiento respecto del difundido en marzo pasado -39,2% de pobres, de los cuales 8,1% eran indigentes- y esto ocurrirá justo en la semana en la que se produzca el primer debate entre los candidatos a presidente.
Para Massa, será el flanco más débil, dado que sus contendores no perderán la oportunidad de recordarle cómo los indicadores sociales empeoran justo en un gobierno que se había propuesto mejorar la distribución del ingreso.
Es por eso que todos los esfuerzos del ministro-candidato están puestos en estos días en anunciar medidas de alto impacto -tanto a nivel económico como político- que puedan compensar, o al menos atenuar, el efecto anímico de las malas noticias.
Tras haber hecho anuncios que tenían como objeto a los asalariados de ingresos medio-altos -como el alivio en el Impuesto a las Ganancias- o los empresarios pyme sin acceso al crédito, ahora el foco estará puesto, precisamente, en las franjas de menores ingresos que aparecen en las estadísticas por debajo de la línea de pobreza.
Algunas ya se están implementando o fueron anunciadas, como la devolución del IVA o los beneficios impositivos para monotributistas. Y otras están en carpeta, las dirigidas más específicamente a quienes están en dificultades para acceder a la canasta básica, que tendrán una ayuda monetaria.
Una situación que empeora
El período que difundirá la encuesta del INDEC corresponderá al primer semestre del año, lo cual implica que los indicadores empeorarán, porque en ese lapso se produjo el salto inflacionario, que llevó al IPC desde el promedio mensual de 6% que se había registrado en el semestre anterior a un nuevo piso de 7%.
De hecho, ya hay mediciones privadas que anticipan que el índice dará una cifra por encima del 40%. Y lo peor de todo: el dato que se está por conocer ya será una "foto vieja", porque la aceleración inflacionaria de estas últimas semanas -que implicó el regreso a un IPC de dos dígitos tras la devaluación post PASO- ya permite suponer que, hoy mismo, la pobreza e indigencia están un escalón por encima que la que se registró en el primer semestre.
Para un candidato peronista, no hay peor situación imaginable. Por más que el indicador no sea sorpresivo, no deja de ser doloroso, porque supone una admisión tácita de fracaso en la consigna de aplicar políticas de "justicia social".
Por otra parte, el incremento de la pobreza hace que quede deslucido otro indicador importante: la caída en el desempleo, que en el segundo trimestre del año arrojó apenas un 6,2% y que la cantidad de empleos formales haya crecido en 400.000 respecto de un año atrás.
El hecho de que haya menos desocupados pero más pobres está indicando que hay trabajadores asalariados que están por debajo de la línea de pobreza porque su ingreso no puede compensar la suba de precios. Es el fenómeno que desde hace tiempo vienen estudiando los sociólogos como la nueva marca de época en Argentina: la pobreza dejó de ser sinónimo de desempleo o de informalidad, y hoy ya existe la nueva categoría de asalariados pobres.
La canasta básica para un hogar de dos adultos y dos menores es de $284.687, una cifra que supera en 20% a un ingreso de dos salarios mínimos.
Para colmo, la inflación ha sido más acentuada en los alimentos y otros productos de primera necesidad, por lo cual la canasta se encarece a una mayor velocidad que la inflación promedio: mientras el IPC anual se ubica en 124,4%, la canasta que marca la línea de pobreza avanzó a una velocidad de 137,7%. Y la canasta alimentaria -la que marca la línea de indigencia- corrió aun más rápido, a una velocidad de 146,4% anual.
En otras palabras, el ingreso al mercado de trabajo dejó de ser el pasaporte al ascenso social, un tema que los politólogos están empezando a vincular con los cambios a nivel político, como la adhesión de los jóvenes al partido de Javier Milei.
Lo cierto es que hoy parecen muy lejanas las predicciones que hace un año hacían los funcionarios de Alberto Fernández, en el sentido de que el país sacaría de la pobreza a un millón de personas cada año. Aquel pronóstico, hecho en un momento en el que la economía se recuperaba a velocidad acelerada tras la crisis de la pandemia, suponía que sobre el final de la gestión de Fernández el índice de pobreza se ubicaría en torno de 34%, un nivel similar al que había dejado Mauricio Macri en 2019.
Plata en el bolsillo para atenuar el impacto
Con ese marco social en pleno cierre de la campaña electoral, la estrategia de Massa quedó a la vista: abandonó la austeridad fiscal que tantas rispideces le había causado con el kirchnerismo y las organizaciones piqueteras, y se embarcó en una seguidilla de anuncios.
El cambio llegó al extremo de que Massa aceptó implementar incluso las medidas a las que siempre se había negado, como el bono de refuerzo salarial en el sector registrado que está regido por paritarias.
Ahora, figura también en los planes una ayuda monetaria extraordinaria en forma de "bono social", en un esquema asimilable al del IFE que rigió durante los meses de la cuarentena. El monto del que se está hablando es de $60.000, una suma que si bien no resuelve el problema estructural de quienes están en situación de emergencia, representa hoy la mitad de un salario mínimo.
El procedimiento para esta ayuda sería el de inscripción en un padrón, donde se verificarían ciertas condiciones que se deben cumplir para ser beneficiario. La estimación preliminar es que unas tres millones de personas podrían acceder a la ayuda.
"Estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que, sequía de por medio y la devaluación impuesta por el FMI, afectaron el capital de trabajo y la capacidad de compra de la gente. Afectó el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que, de alguna manera, los alienta a seguir trabajando, produciendo y hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida", justificó Massa su andanada de anuncios, al anunciar en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas un alivio impositivo para los autónomos.
Pero podría haber más medidas. A estas horas se está especulando con que el mismo día en que se conozca el dato de pobreza se podría anunciar una suba del salario mínimo, en un monto no inferior a 25%. Ese porcentaje lograría que la remuneración se acerque al nivel de la línea de indigencia para un hogar de cuatro integrantes.
Por lo pronto, se oficializó la convocatoria al Consejo Nacional del Salario para reunirse ese día. Se descuenta que las organizaciones sindicales presionarán para una suba que, como mínimo, compense la disparada de la inflación de los últimos meses.
La suba del mínimo es, de por sí, un tema que suele tener mucho rebote en las redes sociales y que ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación. Además de afectar a los trabajadores que están regidos por esa paga, también afecta al 1,2 millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. También impacta sobre los jubilados con los 30 años de aportes cuyo haber se encuentre por debajo del 80% del nuevo monto fijado como salario mínimo.
Massa prepara el contragolpe
De manera que, desde el punto de vista político, un anuncio de mejora cumpliría en parte el objetivo de atenuar el daño que provocará la noticia de una nueva suba en la pobreza.
Cuatro días después de que se conozca que más de 40% de los argentinos viven en la pobreza se realizará el primer debate entre los candidatos. Y allí es cuando Massa pondrá a prueba su reconocida "cintura" política.
Sus contrincantes estarán tentados de recriminarle los malos indicadores sociales, pero también es probable que lo acusen de irresponsabilidad fiscal. Tras las últimas medidas de alivio impositivo, los economistas independientes calculan que el déficit del sector público terminará este año en 3% del PBI, muy lejos del 1,9% comprometido con el Fondo Monetario Internacional.
Y Massa ya insinuó cuál será su línea argumental ante esas críticas: que si se quiere ayudar a los más necesitados no se los puede castigar con impuestos que afectan el consumo. En cambio, apuntará a que la forma de sostener el equilibrio fiscal sea con un aumento en la presión sobre los grandes contribuyentes y con la eliminación de subsidios para sectores empresariales.
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Ya en el debate sobre el alivio en el Impuesto a las Ganancias esbozó esa argumentación: no por casualidad, días antes había enviado, con el proyecto de presupuesto 2024, una "separata" de beneficiarios del sector empresarial -en el kirchnerismo los llaman "planeros VIP"- que reciben ayudas estatales por un monto que supera los 4,5 puntos del PBI.