Con el "manual peronista clásico", Massa se prepara para la pelea y pone a los impuestos en el centro del debate
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En su fuero íntimo, Miguel Pichetto debe estar aplaudiendo a Sergio Massa: casi todas las medidas que está anunciando en estos días -empezando por la devolución del IVA en productos de la canasta básica- coinciden con el paquete que hace cuatro años él mismo le había armado a Mauricio Macri, que había quedado en estado groggy después de perder por 16 puntos en las PASO contra Alberto Fernández.
Ni qué hablar de los hermanos Rodríguez Saa, que en 2019 legaron un caso digno de estudio académico para los politólogos que analizan el fenómeno populista en el mundo. Gracias a un minucioso plan de reparto de electrodomésticos, becas y planes de asistencia social -todo salido de la caja provincial- lograron revertir una derrota por 16 puntos en las PASO en una victoria por 10 puntos. La noche el triunfo, Adolfo se jactó de su logro: "No hay ningún tratado o manual político que diga que se podía lograr lo que hicimos hoy, pero Alberto me dijo que sí y lo logramos".
También a Macri le fue bien: por más que resultó derrotado en la elección de octubre, achicó la diferencia a la mitad. Y, además del efecto de las medidas de incentivo al consumo, lo logró sobre la base de una intensa campaña de movilización, que logró aumentar en cinco puntos la afluencia a las urnas: en las PASO sólo había votado un 76% de los inscriptos mientras que en octubre acudió un 81%. Macri presumía que la mayoría de los abstencionistas eran jubilados, un electorado en el cual él contaba con mayores chances de adhesión que su contrincante: por eso puso énfasis en la logística para trasladar ancianos a los centros electorales y recuperó así 2,7 millones de votantes.
Hoy Sergio Massa está siguiendo ese manual al pie de la letra. Contradiciendo a los escépticos que, desde dentro del propio peronismo hablan sobre el escaso efecto de los "planes platita" y sobre el agotamiento de los viejos métodos, el candidato oficialista está aplicando las recetas clásicas.
Y lo hace sin temor a incurrir en contradicciones: al mismo tiempo que anuncia créditos subsidiados para empresas pymes, "chicanea" a la oposición para que anule subsidios a empresas e instaure un nuevo impuesto. Mientras hace guiños de reconciliación al campo, insinúa la aplicación de nuevos impuestos rurales. Y mientras premia a los asalariados de mayor ingreso, declara que su programa implica una política impositiva progresiva y redistributiva.
Lo cierto es que, de momento, esa estrategia le está saliendo bien: las encuestas hablan ya de un segundo puesto consolidado, con al menos seis puntos de ventaja sobre Patricia Bullrich.
Piqueteros: de la crítica al apoyo
La aplicación del "manual" a cargo de Massa incluyó incluso algo que parecía imposible hasta hace pocas semanas: que los dirigentes piqueteros le prometieran no solamente su voto sino poner a disposición su aparato logístico para movilizar a quienes en agosto se quedaron en su casa.
Lo llamativo es que se trata de esos mismos dirigentes sociales que durante meses acamparon en la avenida 9 de Julio denunciando que Massa estaba recortando el presupuesto de planes sociales por orden del Fondo Monetario Internacional, esos mismos piqueteros que escribieron la frase "Basta de polenta", con granos de polenta, en la mismísima puerta del ministerio de Desarrollo Social, bajo la gigantografía de Evita.
El cambio de relación quedó en evidencia en el acto del pasado jueves en La Paternal, donde el candidato aprovechó para anunciar que la devolución del IVA también alcanzará a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -un conjunto de 1,2 millones de desempleados y trabajadores precarizados-.
El anuncio causó una ovación, y reiterados cantos de "Massa presidente", que se parecieron notablemente al "sí se puede" macrista de hace cuatro años. El entusiasmo de los dirigentes massistas se notó en reiteradas expresiones de que es factible una "remontada" electoral que deje a Unión por la Patria en el segundo puesto en octubre y que pelee la victoria en el balotaje de noviembre.
La capacidad retórica del candidato para dar vuelta las críticas llegó al punto de que, en su discurso, calificó al IVA como "el más regresivo de los impuestos, porque paga lo mismo un gerente de banco que un incluido en un programa social". Apenas un día antes se había conocido el 12,4% del IPC de agosto, y antes de eso se había conocido el "salariazo" de 20% para la élite del 5% mejor pago de la pirámide salarial del país, que ya no pagará Ganancias.
La segunda parte de su estrategia para congraciarse con el electorado de menores ingresos consistirá en el adelantamiento de la convocatoria al Consejo del Salario. Originalmente agendada para el 15 de octubre, esa reunión, en la que se define el ajuste del salario mínimo -del cual, a su vez, depende la determinación de planes sociales- se adelantaría para antes de fin de mes.
Resulta un "timing" por demás sugestivo, dado que eso le permitiría a Massa anunciar una mejora para los sectores de menores ingresos justo en la misma semana en la que el Indec dará a conocer el dato de pobreza del primer semestre -de descuenta que será un agravamiento respecto del dato anterior-. Y, además, el anuncio se producirá justo en las vísperas del primer debate presidencial con Patricia Bullrich y Javier Milei.
Buscando la fisura en la oposición
Las reacciones a la estrategia de Massa eran previsibles: desde la oposición de lo acusa de clientelismo, de irresponsabilidad fiscal, de abusar de su condición de ministro de economía con un afán electoralista y, sobre todo, de una contradicción entre su discurso y el efecto real que tendrán sus medidas.
Pero, a pesar de las críticas y comentarios sarcásticos que los opositores le dedican desde las redes sociales, lo cierto es que Massa logró sus primeros objetivos: antes que nada, evitar la fuga de votos kirchneristas -especialmente los que habían votado a Juan Grabois- hacia la izquierda. Tras el 27% logrado en agosto por la coalición oficialista, hoy los sondeos están marcando que el espacio estaría rondando los 31 puntos, garantizándose el ticket para la segunda vuelta.
Y, en segundo lugar, Massa quiere llevar a Juntos por el Cambio a un debate incómodo. Coincidiendo con el desplome en la intención de voto de Bullrich -a quien las encuestas siguen mostrando debajo del 30%, en un lejano tercer puesto-, toda la estrategia de Massa tiene un objetivo claro: preparar el terreno para dejar expuestos los flancos débiles de la candidata. Y el escenario elegido para ello es el Congreso y el debate presidencial del 1° de octubre.
El punto uno de la estrategia es claro: correr lo más posible a la inflación del centro del debate, y centrar todo en los ingresos de la población y la política distributiva de la renta.
Es ahí donde el proyecto de presupuesto 2024 adquiere importancia. En realidad, a nadie le preocupaba mucho la exposición de metas macroeconómicas para el año que viene -basta recordar que hace un año el proyecto había previsto una inflación de 60% para 2023, algo que se logró en apenas siete meses- sino otros condimentos políticos del proyecto.
La picardía principal de Massa, que ya había sido esbozada el año pasado, consiste en plantear la famosa "separata" en la que se detalla los sectores que reciben subsidios o algún tipo de exención impositiva. En total, se trata de montos que superan el 4,5% del PBI.
La cifra es relevante, porque en estos días se le achaca a Massa que la suma de los últimos anuncios podría implicar un costo fiscal de un punto y medio del PBI. Ya los analistas venían previendo que sería imposible cumplir la meta comprometida con el FMI de un rojo de 1,9% -la mayoría hablaba de un 3% en el año-, de manera que ahora esa previsión podría empeorar.
Por eso, el mensaje que pretende dejar Massa en el debate es claro: no es por los planes sociales ni por la obra pública ni por el retraso en las tarifas de servicios públicos ni por los salarios de los cuatro millones de empleados públicos que Argentina sufre un problema crónico de déficit fiscal.
El problema se podría solucionar, según la retórica massista, con la eliminación de privilegios para los "planeros corporativos". De esa manera, sería posible cumplir en 2024 con la meta de un déficit de 0,9%, como se le prometió al Fondo.
Con picardía, se incluye en el debate el impuesto a las Ganancias para jerarcas del poder judicial y, además, un nuevo impuesto a las grandes empresas, con el argumento de que es un gravamen que recomienda la OCDE para combatir la elusión impositiva de las multinacionales.
Es ahí donde se plantea la incomodidad para Juntos por el Cambio. Después de haber sostenido un fuerte discurso en contra de la presión impositiva y de los subsidios estatales, no resulta simpático defender la vigencia del impuesto a las Ganancias -menos aun la continuidad del privilegio de los jueces-.
Y la estrategia tiene otra astucia: la generación de una fisura la coalición opositora. Ya el año pasado, se había generado una pelea interna, cuando el sector de Elisa Carrió propuso suspender el régimen de beneficios al polo tecnológico de Tierra del Fuego, algo que causó irritación en el PRO, que tiene vínculos con algunos de los principales empresarios de esa zona franca.
Y también se generó una polémica en torno a las retenciones a la exportación agrícola. Frente a la postura principista del macrismo, que argumenta por la eliminación drástica de ese impuesto, un sector radical liderado por Martín Lousteau había afirmado que quien tomara esa decisión podría sufrir el "efecto Liz Truss", en alusión a la premier británica que debió renunciar apenas 45 después de haber asumido, por las distorsiones que generó su recorte drástico de impuestos.
En todo caso, lo que es evidente es que Massa intenta aplicar una táctica "cristinista": vincular el déficit fiscal y la alta inflación con los altos niveles de rentabilidad empresaria. Es un tema que en los últimos años se transformó en una prédica constante de la líder kirchnerista, y de la que Massa, en una nueva muestra de pragmatismo, tomó nota.