Ley de Alquileres: el oficialismo quiere modificar el proyecto en el Senado y la reforma puede sufrir otra demora
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Tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto para modificar la polémica Ley de Alquileres que impulsa Juntos por el Cambio inició su camino en el Senado pero la bancada del Frente de Todos (Unión por la Patria) quiere introducir cambios que demorarían la sanción del nuevo marco normativo y que, a su vez, da inicio a una nueva pulseada con final incierto.
El proyecto que propone volver a los contratos de dos años con ajustes de precio cada cuatro meses como mínimo empezó a ser discutido en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda este martes. Los senadores de Juntos por el Cambio pidieron que se firmara el dictamen inmediatamente para llevarlo al recinto lo antes posible pero el oficialismo se negó.
Los senadores del Frente de Todos señalaron que, a su entender, la iniciativa así como está "no beneficia, sobre todo, a los inquilinos" y remarcaron que en Diputados no hubo consenso, dado que la media sanción salió solo con los votos de la oposición. Plantearon entonces volver a reunirse el jueves y convocar a asociaciones de inquilinos y propietarios para la próxima semana.
En medio de una discusión que tuvo momentos álgidos más relacionados con la disputa política interna que con la situación crítica del mercado de alquileres, varios oficialistas indicaron que están de acuerdo con que este tema tiene "urgencia" y aseguraron que no quieren dilatar el debate sino revisar el proyecto, hacerle cambios y dictaminar la semana que viene "con el mayor consenso posible".
Ley de Alquileres: ¿por qué el oficialismo podría generar una nueva demora?
Sin embargo, ese consenso parece hoy difícil de alcanzar porque Juntos por el Cambio intentará avanzar con el proyecto como llegó de Diputados para aprobar la nueva ley rápidamente, según señalaron a iProfesional fuentes de esa bancada y, si el oficialismo logra construir una mayoría para hacerle cambios, la demora será inevitable.
Y es que cuando un proyecto aprobado por la cámara de origen (en este caso Diputados) es modificado por la cámara revisora (el Senado) debe ser devuelto a la primera y allí se abren dos opciones: aceptar los cambios o ratificar y aprobar la redacción original, pero para esto se necesita la misma mayoría con la que se hayan hecho las modificaciones.
Debido a que la Cámara baja tardó más de un año en avanzar con el proyecto de reforma y que, al igual que en el Senado, nadie tiene una mayoría consolidada sino que se requieren de acuerdos muy trabajosos, si el proyecto vuelve con cambios es muy probable que la reforma de la ley vigente quede otra vez en un limbo.
Esa nueva demora solo se podría evitar si se diera un amplio acuerdo entre el oficialismo y la oposición que, hasta ahora, no fue posible prácticamente en ningún tema y puntualmente en el de los alquileres.
Pero además, los senadores del Frente de Todos adelantaron que intentarán avanzar en paralelo con un proyecto para regular los alquileres temporarios. Esta modalidad, según remarcaron, hace que se retiren cada vez más inmuebles del mercado inmobiliario con destino a vivienda, lo que agrava el problema. Este debate metería otra arista en la ya compleja discusión sobre la reforma de la ley 27.551.
La nueva pulseada que empieza en el Senado: aprobar la nueva ley o modificar el proyecto
En este contexto, en el Senado empieza una nueva pulseada dado que ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio llegan por sí solos a la mayoría de 37 legisladores que se necesitan para tener quórum y avanzar con una iniciativa sin buscar acuerdos con otros sectores. El oficialismo tiene 31 y la principal bancada opositora 33.
La llave para el quórum la tienen, entonces, los 8 senadores que están en el medio. Entre ellos hay aliados frecuentes del oficialismo como la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega y también los del bloque Unidad Federal, escisión del Frente de Todos que ya colaboró con Juntos por el Cambio en alguna votación anterior.
Allí se concentrará el tironeo entre los dos espacios más grandes para conseguir los votos que les faltan, el Frente de Todos para modificar el proyecto y enviarlo nuevamente a la Cámara de Diputados y Juntos por el Cambio para aprobarlo tal y como está.
La pulseada se dará primero en el plenario de comisiones, donde ambos bloques buscarán alzarse con el dictamen de mayoría, que en una sesión es el primero en votarse y solo si es rechazado se pasa al de minoría. Por el momento, se descuenta que habrá dos. El momento de la verdad llegará después de que se firmen esos despachos, cuando habrá que contar los votos para bajar al recinto.
El primer debate del Senado arrancó con un cruce caliente
La primera reunión de comisiones para tratar el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres tuvo un momento de tensión cuando el radical Julio Martínez expresó a los gritos la sospecha que corrió en Juntos por el Cambio sobre un posible intento del kirchnerismo de canjear el tratamiento de este tema por los pliegos judiciales que están trabados en la Cámara alta.
Entre ellos está el de Ana María Figueroa, jueza de la Cámara de Casación Penal que debe definir si se reabre o no la causa Hotesur-Los Sauces que involucra a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner y sus hijos. Con la edad de jubilación cumplida, la magistrada debería dejar el cargo si no tiene acuerdo del Senado para seguir por otros cinco años.
"Este Senado está cerrado y hay que decirlo. Este Senado está a la orden de Cristina Kirchner y su agenda de impunidad y me temo que le quieran poner a esta ley la condición de que se traten los pliegos de la jueza Figueroa y los 75 jueces que quieren aprobar", vociferó Martínez.
A su turno y en un tono más calmo, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo de "no querer tratar" la nueva Ley de Alquileres. "Son especialistas en tratar temas en dos minutos y despachar dictámenes, entonces no tienen ninguna intención de tratarlo, lo quieren dilatar", lanzó ante la postura del Frente de Todos, de esperar al menos una semana más para firmar dictamen.
Los oficialistas rechazaron ambos planteos con vehemencia. Juliana di Tullio se encargó de responder a Tagliaferri. "Nos tratan de mentirosos a nosotros, pero vos sos parte de un proyecto político que vendió la Ciudad entera para hacer un negocio inmobiliario", disparó la senadora kirchnerista al tiempo que le pidió a la oposición que "baje un cambio".
En tanto, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara se refirió a la acusación de Martínez y señaló que fueron "los medios del monopolio" los que "dieron por hecho que se iba a tratar este tema a cambio de los pliegos". Tras desmentir esa presunta intención, ratificó que el oficialismo quiere "discutir" el proyecto y le pidió a la oposición que "deje de perseguir fantasmas".
"Le estamos dando de comer a esas personas que están tratando de incursionar en la política haciéndole creer a la gente que hay una casta, le estamos dando pasto a las fieras", agregó en referencia al candidato presidencial Javier Milei, que puso en jaque a las dos coaliciones en las PASO.
¿Qué plantea el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que aprobó Diputados?
La Ley de Alquileres vigente desde 2020 estableció contratos de alquiler de 3 años con ajuste anual calculado sobre la combinación de los índices de inflación y de variación salarial. Para el sector de las inmobiliarias, estas condiciones generaron el derrumbe de la oferta de inmuebles y la disparada de los precios de base.
El proyecto aprobado en Diputados vuelve a los contratos de dos años y señala que el ajuste del valor será "con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos podrá realizarse por períodos "no inferiores a los 4 meses".
En tanto, el ajuste del precio también quedará sujeto al acuerdo entre partes "pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayorista (IPM) y/o el índice de salarios" e incluso, una combinación de cualquiera de todos ellos.
El proyecto establece además que no puede exigirse al inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes y ofrece distintas exenciones impositivas para tratar de alentar la oferta que, por ejemplo en la Capital Federal, se redujo a menos de 500 inmuebles.
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En ese sentido, propone exenciones sobre el monotributo para los propietarios que no realicen más de tres actividades o no posean más de tres unidades de explotación y también para el pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ofrecidos en alquiler "para casa-habitación, con contratos debidamente registrados", aunque con un tope a determinar según el valor del contrato.