El empleo público alcanzó niveles récord y La Cámpora busca blindar a sus militantes
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La derrota en las PASO puso en estado de ebullición a las diferentes tribus que integran el oficialismo, ante la posibilidad de perder el gobierno desde diciembre próximo.
La más poderosa de esas tribus es La Cámpora, que desde la misma noche del domingo 13 inició un vasto operativo destinado a garantizar que muchos de sus militantes mantengan el empleo aunque cambie de signo el gobierno.
Los movimientos son muy notorios en verdaderos nichos de esa "agencia de colocación" en la que se convirtió la facción fundada por Máximo Kirchner.
Empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública, ministerios con fuerte manejo de recursos como los de Interior y de Desarrollo Social, sumado a municipios como Avellaneda y Hurlingham, representan algunos de los enclaves de la telaraña del Estado en la que se agazapan militantes.
Son los llamados "cargos políticos", que van engrosando la pirámide del empleo público en la Argentina.
Entre los propios dirigentes políticos se los califica de "capas geológicas", porque se van apilando y hasta en algunos casos terminan negociando para que ninguno pierda el "puesto fijo", como le dicen en Italia.
El Congreso, las Legislaturas provinciales y los concejos deliberantes representan ejemplos contundentes de esta mala praxis política que se viene robusteciendo y perfeccionando desde hace décadas, conformando la telaraña de burocracia en la que se enreda a diario el aparato productivo argentino.
El empleo estatal no para de crecer
Cerrar la puerta de ingreso para el empleo estatal se volvió un proyecto abstracto en el país, más allá de lo que se diga desde la pirámide del poder.
Lo saben los partidos políticos, lo conocen los empresarios y lo intuye el FMI, que viene pidiendo bajar el gasto estatal.
A pesar de lo que prometió, desde que Sergio Massa asumió al frente de Economía, el proceso tampoco se frenó. Todo lo contrario, al incremento de empleados públicos se le sumaron contrataciones que están siendo miradas con lupa por distintos dirigentes de la oposición, que en los últimos días hicieron trascender la suma millonaria que el Palacio de Hacienda paga por mes por alquilar las amplias camionetas cuadradas en las que se desplaza el jefe de Economía.
La planta de trabajadores que todos los meses cobran un sueldo como empleados de los tres niveles del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales, no ha dejado de crecer. En julio de 2022, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, los dependientes pasaron de 3.375.000 a 3.430.000 registrados en mayo último.
Durante la gestión Massa entraron 54.000 personas, casi 150 por día, a alguna de las administraciones públicas.
Cuando Massa asumió en la Administración Pública Nacional había 341.700 empleados, mientras que en junio pasado esa cifra llegó a 342.680.
Aerolíneas Argentinas, uno de los reductos de La Cámpora, fue la empresa pública que más empleados sumó: casi 500. La razón: la organización liderada por Máximo Kirchner inició un proceso de blindaje a sus militantes para que, aún en caso de derrota electoral, mantengan su puesto. Así, se comenzó a pasar de contratados a planta permanente a cientos de empleados que llegaron con este gobierno.
Más empleo estatal que privado
Durante el gobierno de Alberto Fernández el trabajo en el Estado aumentó mucho más que el privado. En 2012, por cada 100 empleados públicos que había entonces, en mayo pasado llegaban a 135. Es decir, subió 35% mientras la economía se mantiene en el mismo lugar.
En cambio, los asalariados formales que están en el sector privado pasaron de 100 a 103,9 en mayo (subieron sólo 3,9%).
En el 2000, hasta la llegada del ciclo kirchnerista al poder, entre empleados municipales, provinciales y nacionales prestaban servicio para los diferentes niveles del Estado 2,2 millones de personas.
Es decir, en veinte años la cantidad de empleados públicos aumentó casi 60%.
Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), estima que en la actualidad hay 3,9 millones de empleados públicos en todo el país.
Pero hay ítems que se escapa a veces de los números oficiales sobre empleo público. Durante el kirchnerismo se dispararon las "unidades ejecutoras especiales temporarias", pobladas de cientos de funcionarios.
Surgieron para "gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento y asignación de recursos humanos que correspondan". Y debían durar como máximo dos años. Aunque en algunos casos se perpetuaron.
Estas unidades engloban actividades tan amplias como "Comunidades indígenas2 hasta el "traslado del Mercado de hacienda". El objetivo de fondo es poder dotarlas de presupuesto y, con esa lógica, poder nombrar gente que viene de la política en su mayor parte.
El ministro le pide cargos al gobernador, que a su vez se los solicita al intendente y, así, la bola del empleo público no para de crecer.
Algo parecido ocurre en los polémicos registros de la propiedad automotor, una verdadera máquina de recaudar que siempre terminan a cargo de algún allegado a funcionarios, jueces, legisladores y demás "influyentes".
Las unidades ejecutoras son un desafío para la imaginación: está la del Canal Magdalena, la destinada a "Promover Turismo Federal y Sostenible", la del "Estado en tu Barrio", la de "Economía del conocimiento", la de "coordinación agropecuaria" y la de "Argentina Futura". Se suman además las de cooperativas de trabajo y muchas están vinculadas con la imagen institucional.
"Puestos fijos" que se acumulan y apilan en el Estado
Los vericuetos del Estado son interminables y podría decirse que donde haya alguna caja política habrá algún funcionario listo para crear el marco adecuado para usufructuarla.
En la política argentina, cruzada por las denuncias de corrupción sobre las que la Justicia avanza o retrocede según quién esté en el poder, la inventiva para generar cargos es interminable, y los "puestos fijos" brotan como hongos.
Uno de los episodios más curiosos se produce con las áreas institucionales y de comunicación: desde hace varios gobiernos, se puso de moda una estrategia que refleja hasta donde el bipartidismo cristalizó las costumbres de aprovecharse de los fondos del Estado que afrontan los contribuyentes.
En el marco de esa lógica, las nuevas gestiones que llegan cuando asume el próximo gobierno suele mantener los cargos de sus predecesores, que por supuesto no tendrá trabajo alguno, porque el político que arriba quiere gente de su confianza para tan delicado asunto como comunicar y construir imagen.
El modus operandi se aplica con visión de futuro. Quién hace ese favor, sabe que cuando el signo político cambie, los miembros de la gestión derrotada también mantendrán su cargo, como devolución de gentilezas.
Delicias de la política argentina, que entró en ebullición tras el resultado de las PASO y que ahora busca reinventarse para que, pase lo que pase, el "puestito" se pueda mantener. Porque si hay algo que brota como hongos en la Argentina, es el cargo político.