"Gremialistas y funcionarios": el plan del Gobierno para quedarse con el ENRE, en la mira de la oposición

En medio de la danza de nombres, que comenzó a sonar en las filas oficiales con los potenciales candidatos a ocupar los cargos principales, la sorpresiva y acelerada normalización del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -que puso en marcha el Gobierno- cosechó fuertes críticas y rechazos entre exfuncionarios del sector y los principales referentes energéticos de la oposición.

Tras haber mantenido al organismo intervenido más de tres años y medio y sin que se diera a conocer el informe final de las supuestas irregularidades que generaron el desplazamiento del anterior directorio, que había sido nombrado durante la gestión macrista, la administración de Alberto Fernández lanzó la semana pasada un atípico mecanismo administrativo que apunta a elegir a la nueva conducción del ENRE antes del desembarco de las próximas autoridades nacionales que asumirán el 10 de diciembre.

Por medio de la resolución 607/23, la Secretaría de Energía dispuso el llamado a "concurso abierto de antecedentes y oposición para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del ENRE.

Al día siguiente de que se oficializará la convocatoria, comenzaron a rodar desde distintas vertientes del Gobierno los primeros nombres de los potenciales postulantes que contarían con el aval oficial para acceder al manejo del ente eléctrico.

Los que suenan para presidir el ENRE

La lista de los que podrían correr con ventajas frente a los especialistas y académicos que no comulgan con la actual política energética está encabezada por el exvicepresidente y extitular del ENRE, Ricardo Martínez Leone. En representación de la provincia de Chaco, integró en las últimas dos décadas distintos organismos nacionales del sector, además de conducir a nivel local el ente regulador y la empresa estatal eléctrica.

Le sigue Miguel Cortez, actual presidente del Consejo Federal de Energía Eléctrica y extitular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta. Contaría con el apoyo de su coterránea y titular de la secretaría de Energía, Flavia Royón.

La secretaria de Energía busca instalar a uno de los suyos en la presidencia del ENRE antes del 10 de diciembre.

También aparece en el radar el actual subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, ex titular del ente regulador eléctrico de la provincia de Tucumán que llegó al Gobierno con el apoyo del exjefe de Gabinete y exgobernador, Juan Manzur.

A ellos se agrega el kirchnerista Federico Basualdo, exinterventor del ENRE y exsubsecretario de Energía Eléctrica que cuenta con el impulso del Instituto Patria.

Más allá de los nombres en danza, desde la vereda opositora ven con preocupación que en el "Comité de Evaluación" no haya ningún académico, ni representante de los usuarios y que el mismo solo esté integrado por funcionarios provinciales afines y un gremialista oficialista.

Los encargados de pasar el filtro y entrevistar los postulantes serán: Pablo Cuenca, titular del Ente Regulador Eléctrico de Corrientes; Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires; Jorge Horacio Guibergia, director de Energía Eléctrica de Salta; Gustavo Monesterolo, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut; Guillermo Moser, titular de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza; Luciano Paulin, director del Ente Regulador Eléctrico de Entre Ríos; y Victor Sinagra, gerente de Estudios Eléctricos de la Cammesa. A ellos podrán sumarse un representante de la Cámara de Diputados y otro del Senado de la Nación.

ENRE: el plan del Gobierno, en la mira de la oposición

"Con esta intempestiva decisión, el Gobierno busca asegurarse un manejo político del ente ante el claro temor de que va a perder las elecciones y de que van a ser revisadas todas las decisiones tomadas en los últimos cuatro años", destacó el extitular de Energía e YPF, Daniel Montamat.

Advirtió, además, que las próximas autoridades que asuman en diciembre "van a tener que reconsiderar esta medida para avanzar hacia un nuevo esquema que contemple la fusión del ENRE y el Enargas, la selección de las autoridades por concursos claros y transparentes y un mecanismo que garantice la estabilidad de los reguladores más allá de los cambios de gobiernos".

Desde la oposición aseguran que el Gobierno apura los trámites para ocupar el directorio del ENRE con aliados de su partido.

Por su parte, el exsecretario de Energía y titular del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, Jorge Lapeña, consideró que "se trata de otra medida oportunista del Gobierno para dejar instalado un elenco de funcionarios de su color político y tratar de tapar el marcado fracaso de su política energética".

Lapeña remarcó que lo resuelto "constituye un procedimiento irregular que el próximo Gobierno podrá anular para poder encarar una normalización transparente y objetiva del ente regulador que se enmarque dentro los desafíos que se deberán afrontar para solucionar los graves problemas operativos y económicos que quedarán como herencia de esta administración".

En tanto, un informe elaborado por la Fundación Pensar –el  think tank del PRO que coordinan Franco Moccia y Humberto Schiavoni— apuntó que "si se computan los tiempos anteriores y minimizando aquellos que están bajo el control de los funcionarios, se podría pensar que el proceso interno podría completarse en 45 días calendario que corresponden a los 30 días corridos estipulados para las presentaciones de candidatos, y 15 días para todos los trámites y resoluciones internas. Si se suman los 30 días corridos que deben otorgarse al Congreso de la Nación para revisión y comentarios de las ternas propuestas por el PEN, se puede concluir que el proceso de selección podría completarse en menos de 3 meses, es decir, antes del cambio de Gobierno".

Para los técnicos del macrismo "resulta obvio que la intención es ocupar el directorio del ENRE con funcionarios alineados ideológicamente con este Gobierno, movimiento que podría traducirse en el futuro en un bloqueo o condicionamiento de la implementación de políticas energéticas de distinto signo partidario, en particular en relación a la delicada cuestión tarifaria. Llama la atención que los entes hayan estado intervenidos desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández y que sea recién ahora, a menos de cinco meses de la finalización de su mandato, cuando se decide volver a respetar la institucionalidad, soslayada durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y la actual administración".