Senado contra reloj: el oficialismo necesita cortar la parálisis y aprobar una ley que es clave para el Gobierno

A pesar de ser un año parlamentario con poco movimiento y condicionado principalmente por el calendario electoral, la Cámara de Senadores está obligada a cortar de forma urgente con la parálisis del Congreso Nacional y lograr aprobar en el recinto un proyecto de ley clave para la Argentina y el gobierno nacional. Se trata del proyecto de Ley de Lavado de Activos, iniciativa que ya cuenta con media sanción en Diputados.

Los legisladores saben que están contra reloj, y por ende, en los últimos días arrancaron a debatir el proyecto en un plenario en conjunto de las comisiones de Justicia y Presupuesto. En ese encuentro, que fue netamente informativo, se hizo énfasis en la importancia de la aprobación del texto "lo antes posible", y aspiran a que en la próxima reunión de comisión, además de realizar sugerencias o soportes al texto, se pueda firmar un dictamen de mayoría para poder llevar la iniciativa a debate en una sesión en la Cámara Alta.

Recordemos que la aprobación de esta norma resulta clave debido a que en el mes de septiembre la Argentina será sometida a una evaluación, prueba que consta de una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en donde el Estado argentino debe adaptarse a una serie de pedidos, en los que fundamentalmente su legislación debe acatar normas dictaminadas por esa entidad.

En ese sentido, los objetivos del proyecto de ley son: realizar modificaciones al Código Penal, reformar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales. Todos estos ejes son requerimientos internacionales con los que Argentina debe cumplir, ya que, junto a otros 30 países y la UE, forma parte del GAFI, organismo que permanentemente fija recomendaciones respecto a tres ejes; lavado de activos, lucha contra el terrorismo y destrucción de armas.

Es importante señalar que si bien la norma en Diputados obtuvo media sanción, la votación fue reñida y a último momento hubo rechazó por parte de los legisladores del PRO, lo que terminó la votación con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones.

Debate en el Senado sobre la Ley de Lavado de Activos

Así las cosas, y con el proyecto ya debatido en la Cámara baja, el Senado Nacional se dispone a aprobar la ley sin mayores sobresaltos; su único problema es que el calendario electoral, marcado actualmente por la celebración de las PASO, no dilate aún más el proceso de un Parlamento ya paralizado y no den los tiempos para aprobar las modificaciones necesarias para que Argentina pase la prueba del organismo internacional.

El oficialismo necesita cortar la parálisis del Senado y aprobar una ley que es clave para el Gobierno

En ese contexto, fue el titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, quien no perdió la oportunidad para reiterar la importancia del tratamiento y aprobación del proyecto, y en el plenario de comisión del Senado, aclaró que el texto que reposa en el Congreso no sólo fue redactado por el Ejecutivo siguiendo los requerimientos internacionales, sino que se trató de un trabajo en conjunto con diversos organismos públicos que contribuyeron a su redacción, que van desde la Corte Suprema, la Procuración General, la AFIP, hasta el BCRA, entre otros; y que según Casal "han logrado la redacción de un texto de común acuerdo" aunque en la Cámara de Diputados sufrió pequeñas modificaciones y ajustes "para clarificar la propuesta".

"Esta actualización de la legislación penal y de la ley orgánica tiende a cumplir con los estándares básicos que está planteando el GAFI, y que, casualmente, ha fijado como fecha de evaluación para la república Argentina a partir del mes de septiembre", describió Casal.

Al mismo tiempo, el funcionario de Economía añadió: "Obviamente que aspiramos como país que esta evaluación sea positiva y podamos estar dentro de la nómina de países que responden a los estándares internacionales; sin mencionar obviamente que su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y fundamentalmente para el sector financiero y otros sectores que están vinculados con el mercado financiero si en el caso que el país no logrará cumplir con ese objetivo". Aunque aclaró que pasar dicha prueba no depende exclusivamente de que la ley sea aprobada, "sino de un montón de circunstancias que hacen del cumplimiento de estos estándares".

Para qué servirá la ley de Lavado de Activos

En los hechos, el proyecto implica una reforma de la Ley de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para adecuarla a las recomendaciones del GAFI, pero además incluye:

• Modificaciones al Código Penal
• Mayor independencia operativa y funcional a la UIF
• Incrementa los montos de la sanciones que aplica la UIF -
• La creación de dos registros: uno sobre los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas y otro que regula y supervisa a los proveedores de servicios de activos virtuales (las criptomonedas).

De todos modos, y a pesar de los ejes centrales del proyecto que hoy se debate en el Senado, fue el propio titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía quien hizo énfasis en que la iniciativa -que no se modifica desde hace 12 años- no será solo un instrumento de adecuación a los estándares internacionales, sino que también será un instrumento "fundamental" en la prevención del lavado de activos asociado con el terrorismo.

"Consideramos que este es un instrumento fundamental... Nuestro país ha tenido dos atentados gravísimos, el primero, entre la AMIA y la embajada de Israel, que aún no se han esclarecido definitivamente; y recientemente hemos sufrido una tentativa de magnicidio -por el ataque a la vicepresidenta CFK-, que ha terminado en un análisis solamente criminal de una autoría personal, sin analizar consecuencias mayores", argumentó Casal.

Y siguió: "Así que este instumento, convertido en Ley, va a permitir que el Estado argentino, a través de los órganos juridiccionales y los órganos administrativos con competencia suficiente como es la UIF, puedan llegar al beneficiario final que es uno de los ejes de esta Ley, pasando por todos los estadios de la circulación del dinero para el financiamiento de actos que sean considerados como actos de terrorismo".

Por otro lado, y respecto al narcotráfico y la utilidad de la ley para este problema que afecta a la Argentina, con mayor gravedad en algunas provincias, Casal describió en la reunión de Comisión del Senado que el el Ministerio de Economía, junto con la UIF, realizó en los últimos días la apertura de una sucursal en Rosario, ciudad minada por el narcotráfico, y en ese sentido, explicó:

"Este instrumento -por la ley de Lavado de Activos- también va a permitir que esa agencia UIF en Rosario, o en cualquier otro punto del país, pueda bucear y profundizar en el movimiento de activos que derivan de los actos ilegítimos o ilegales criminales del narcotráfico, para poder llegar a cortar este perverso circuito económico que desalienta a quienes sanamente ejercen el comercio y alientan a aquellos que están tentados de obtener dinero mucho más fácil utilizando fondos habidos del delito", sentenció.

La comisión conjunta de Justicia y Presupuesto de la Cámara de senadores.

Mayores herramientas para el Estado

En esa misma línea, el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien también expuso en la comisión conjunta de Justicia y Presupuesto, aseguró que "el proyecto nos va a otorgar mayores herramientas a las autoridades públicas competentes para el combate del crimen organizado y en especial el narcotráfico".

Además, alegó que de aprobarse la ley le permitirá al Estado:

• - Aumentar la efectividad del sistema preventivo y represivo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• - Profundizar el enfoque basado en riesgo para poder hacer una asignación de recursos -para el sector público y privado- para el combate de todo tipo de delitos.
• - Promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado en las inter resoluciones.
• - Y la regulación de nuevas tecnologías.

Sobre este último punto, Otero explicó que, si bien las nuevas tecnologías son muy importantes respecto a la inclusión financiera e innovación, "también hay que tener en cuenta que los delincuentes usan la tecnología para otros delitos de dinero y financiación del terrorismo, entonces es muy importante regularlas".

Otros ítems del proyecto de ley

Entre otros puntos importantes del proyecto de ley, se modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como "organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera".

Por otro lado, respecto a las modificaciones al Código Penal, en el artículo 303 se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad. Anteriormente era de 300 mil pesos y ahora se pone una fórmula automática de 150 salarios mínimos vital y móvil que corresponden actualmente a 13.198.000 pesos y se implementa una unidad de medida a los fines de su actualización periódica.

Además, se incorpora un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Por último, el texto también contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.