Continúa la batalla entre el Gobierno y Ausol: ¿qué le exige la Justicia a la empresa responsable de la Panamericana?
La pelea entre el Gobierno y Abertis por la continuidad de las empresas del grupo español al frente de las dos mayores concesiones de autopistas del país acaba de escribir una nueva página, esta vez favorable a las autoridades nacionales.
Ocurre que el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, quien se encuentra al frente de la causa que analiza si los contratos de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) son nulos, acaba de publicar un fallo en contra de la primera de las dos sociedades.
En su decisión, el magistrado ordena a la operadora de la autopista Panamericana y el Acceso Norte "abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral identificado como Caso CCI N 27318/AJP Autopistas del Sol c/ Estado Nacional República Argentina hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial antes referido".
Ausol reclama ante organismos internacionales: busca seguir operando en Argentina
Es decir, le reclama a la compañía que abandone la demanda que presentó el año pasado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra la orden del presidente Alberto Fernández de judicializar la disputa y pedir ante los tribunales que anulen el contrato que el gobierno de Mauricio Macri renegoció tanto con las dos empresas de Abertis.
En ese acuerdo, que el anterior gobierno de Cambiemos firmó en el 2018, se renegoció el convenio con Ausol y GCO, según las actuales autoridades nacionales, "comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".
El acuerdo, que lleva la firma del ex presidente Mauricio Macri, también establecía una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos aplicaba subas de trifas, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte.
En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas presentó una demanda para que se declare nulo el llamado Acuerdo Integral de renegociación con Ausol por instrucción expresa del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 633/2022 y en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y de los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
De forma previa a la sustanciación de la demanda, Obras Públicas solicitó también a la Justicia con carácter urgente el dictado de una medida cautelar inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte.
Ahora, el juez Lavié Pico firmo un fallo provisorio "hasta tanto se dicte sentencia definitiva" en la causa que tramita ante su juzgado, en la que la empresa también reclama el pago de u$s499 millones por peajes acordado con el gobierno de Macri.
El magistrado ya había fallado en contra de Ausol en noviembre del año pasado cuando dispuso la intervención de la concesionaria, en tanto que ahora dispuso una medida cautelar que, según el Estado Nacional, "determinaba la improcedencia de la continuidad del procedimiento arbitral" internacional, pese a lo cual AUSOL SA "resolvió continuar con el trámite iniciado".
Para el Gobierno, la demanda presentada por Ausol ante el CCI "configura un cuadro de situación arbitrario y abusivo, habida cuenta que el Estado Nacional no sólo se ve obligado a litigar simultáneamente en dos ámbitos la cuestión, sino que deberá desembolsar las sumas en dólares que se le requieran para financiar un procedimiento arbitral que considera palmariamente ilegítimo".
En ese sentido, el juez dispuso "la suspensión provisoria de los efectos del artículo décimo sexto (ARBITRAJE) del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte" y le ordenó a AUSOL que "deberá abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral".
Para la Justicia, el reclamo de Ausol es "nulo"
Según la agencia de noticias NA, el Estado había argumentado que "la medida cautelar resulta indispensable a fin de evitar el escándalo jurídico que supone la mera coexistencia de ambos procesos", en los que incluso podría haber resoluciones contradictorias.
Argumentó también que era necesario "salvaguardar la eficacia de la sentencia definitiva a dictarse en las presentes actuaciones, que tramitan ante los tribunales argentinos".
Para las autoridades nacionales, se debe declarar totalmente nulo el reclamo de Ausol ante la CCI y anularse el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual (AIRC), que modificó varios términos del contrato de concesión inicial.
En este sentido, y a través de un comunicado enviado por Ausol a la Comisión Nacional de Valores (CNV), "la sociedad se encuentra analizando las vías recursivas y cursos de acción a seguir frente a lo dispuesto por la medida cautelar".
Es decir, buscará rechazar el fallo judicial y mantener su reclamo en el tribunal internacional, a la vez que también litiga en los tribunales locales para defender su contrato de concesión.
El Gobierno, en contra de la deuda dolarizada con Ausol
En tanto, el Gobierno sigue presionando para anular los acuerdos que tanto Ausol como GCO acordaron con la anterior gestión que son considerados "contrarios al interés nacional", por entender que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) algo mayor a los u$s813 millones, de los cuales u$s540 millones corresponden a Ausol y los otros u$s272 millones a GCO.
El contrato establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a u$s1.161, siempre de acuerdo a las cuentas del Gobierno.
Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el tributo debía ser abonado a través de las tarifas.
Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el Impuesto a las Ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario en la Panamericana y el Acceso Norte.
"Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", asegura un informe oficial elaborado por la Procuración del Tesoro de la Nación.
A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en el 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000 millones.
La Justicia aclaró que Ausol ya cuenta con una renta asegurada
El informe oficial destaca también que, de manera adicional a esos ingresos esperados, "las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos".
En este sentido, se estableció que esos fondos no iban a contar para cancelar la deuda asumida por el Estado, "lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las concesionarias".
El documento destaca que todas las obras ejecutadas actualmente no se financian con la tarifa actual sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos paso a manos de Ausol y GCO.
"De esta manera, la tarifa pretendida por ambas concesionarias en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario", cuestiona el trabajo oficial.