Por un decreto que limita movilizaciones, la CGT y otros gremios le declaran la guerra a Morales y a Juntos por el Cambio
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En el medio de la campaña electoral, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, lanzó el decreto 8464, por el cual modificó el artículo 113 de la Ley 5860 Código Contravencional de la Provincia, para "garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación".
Tanto la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y distintas organizaciones gremiales salieron a repudiar el DNU por considerar que busca "penalizar la protesta social y cercenar el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional".
Además de las expresiones de repudio, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, expresó: "Somos parte de las luchas del pueblo jujeño y nos solidarizamos convocando a una jornada nacional de protesta y movilización que se llevará a cabo en todo el país para este martes".
Los gremialistas coincidieron en señalar que "Morales promueve una reforma constitucional inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis, ahora busca consolidar una especie de Estado de Sitio permanente, con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales".
Gremios aseguran que se trata del "globo de ensayo" de Juntos por el Cambio
Desde CTA, asimismo, advirtieron que "este es un globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio tiene previsto hacer si llega a ser Gobierno, para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste" y agregaron que "pretende desconocer tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habilitando la represión y la intervención de la justicia penal para acallar la protesta social".
Según el decreto del gobernador jujeño, serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos" e indica que "la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".
En las últimas semanas la provincia vivió una profundización de los conflictos laborales y sociales, disparados por un reclamo del sector de la educación que fue punta de lanza de otros reclamos. La masiva marcha de los maestros generó la reacción de Morales que está en carrera electoral y estima que situaciones de esta naturaleza pueden afectar sus posibilidades presidenciales.
La CGT reclama la inmediata derogación del decreto
El consejo directivo de la CGT sostuvo que el decreto de Morales "cercena la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país", al tiempo que exigió "a todos los responsables políticos al cese de las medidas que tienda a criminalizar, restringir, limitar y cercenar los derechos de manifestación y huelga, instando a la derogación de toda norma que se contraponga con los principios constitucionales y humanos".
Desde la central sindical destacaron que "el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos".
La entidad que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano indicó que "son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática, donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra Nación".
Comparó la decisión con "acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT".
La CTA Autónoma denunció a Morales ante la OIT
Por su parte, la CTA Autónoma fue más allá de la condena y denunció a Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación de convenios internacionales en Jujuy. A través de una carta, solicitó la inmediata intervención del director general de la OIT tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga.
Con las firmas de su secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, y de los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría, detalló los alcances del conflicto docente que registra Jujuy actualmente y detalló "las peligrosas consecuencias que pueden traer las modificaciones efectuadas para castigar, a quienes se manifiesten, con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones".
También ratificó su acompañamiento al proceso de lucha que se está desarrollando en Jujuy, y adelantó que hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial.
Para la CTA, Morales avanza sobre los derechos laborales
En tanto, la CTA de los Trabajadores manifestó que Morales "avanza aún más sobre los derechos laborales con un acto de inusitada gravedad como la decisión de sancionar con suspensiones de dos años y cesantías a empleados públicos que ejercen sus derechos sindicales".
Y agregó: "Intenta de esta manera retrotraernos a la épocas más nefastas de gobiernos dictatoriales que utilizaron las cesantías y decretos de prescindibilidad para disciplinar a quienes reclamaban por sus condiciones de trabajo".
"Resulta inaceptable que las demandas sociales tengan por respuesta la criminalización y la eliminación lisa y llana de los derechos más elementales como el de peticionar ante las autoridades", relató y añadió: "A 40 años de la recuperación de la democracia no podemos admitir la criminalización de la protesta social como una práctica que institucionalice la persecución de quienes pelean por sus derechos".
La CATT criticó la "falta de ideas" del gobernador jujeño
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que preside Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) criticó los dichos de Morales sobre "restablecer el orden en la República Argentina" y eliminar "la cultura de la impunidad que está imponiendo el kirchnerismo". Aseguró que los mismos son "un capítulo más en la competencia de esta danza política para ver quien se lleva el ‘premio al más duro’".
Manifestó que "estas altisonantes expresiones, en línea con otros precandidatos, sólo exhiben la impotencia y la falta absoluta de ideas para resolver los problemas del país", y agregaron: "Cuando hablan de orden a los palos, hay que recordarles que en todo proceso democrático, son las instituciones y la supremacía de la Ley, quienes deben resolver los conflictos políticos y sociales".
La CATT indicó que "frente a tan irresponsables declaraciones, podemos asegurar que no vamos a responder estas bravuconadas propias de perezosos intelectuales de igual forma", e insistió: "Solo queremos dejar en claro y recordarles que todo el movimiento obrero argentino va a estar a la altura del desafío que nos pretendan hacer enfrentar, como lo ha hecho en toda su historia, inclusive ante las más crueles dictaduras militares".
Según La Bancaria, buscan "las voces de los trabajadores y el pueblo"
La Asociación Bancaria (AB) también repudió el decreto emitido por Morales, "mediante el cual pretende impedir la realización de todo tipo de movilizaciones populares. Esta situación implica, en definitiva, prohibir expresarse libremente en esa provincia, cercenando de ese modo toda libertad de protesta establecida constitucionalmente en nuestro país", dijo.
Expresó que "dicha medida, amparándose en garantizar el libre tránsito y circulación, busca -en el fondo- callar todas las voces, tanto de trabajadores como del pueblo en general, que no vayan en línea o simplemente no sean del gusto del gobernador y "sus políticas". Y subrayó que "este grave hecho implica instalar un 'cuasi estado de sitio', en el que se persiga a todos aquellos que protesten, reprimiéndolos y hasta judicializándolos y encarcelándonos, por el solo hecho de querer defender sus derechos".
El gremio que lidera Sergio Palazzo consideró que "es algo extremadamente grave que en una Argentina democrática ocurran este tipo de situaciones, que nos retrotraen a lamentables épocas pasadas, donde se sembraba el terror y se pretendía gobernar a través del despotismo, el miedo y la persecución de todo aquel que piensa distinto. Evidentemente muchos añoran volver a estas nefastas épocas, enamorados de la mano dura como único argumento para llevar adelante sus ideas. Está en cada uno de nosotros no permitirlo!!!"
Marítimos Portuarios dicen que está en riesgo la institucionalidad democrática
La Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, también repudió el decreto de Morales, ya que "vulnera sin miramientos los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes y de cumplimiento efectivo y obligatorio en nuestro país".
Afirmó que "la disposición del Gobierno jujeño pone en riesgo la institucionalidad democrática al penalizar la manifestación popular y agrediendo de manera sistemática a la libertad sindical en la medida que se pretende cercenar el legítimo derecho a huelga garantizado en nuestra Carta Magna".
De esta manera, para Schmid, que también es Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento (Dragybal) y Secretario Adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), "existe un sector de la dirigencia política que pretende retrotraernos a los períodos más oscuros de nuestra historia, cuando el ejercicio de la violencia en todas sus dimensiones fue moneda corriente para atacar los derechos de la clase trabajadora", y aseguró que "el fortalecimiento de la institucionalidad democrática no puede llegar nunca de la mano de criminalización de la protesta y la vulneración de los derechos sociales".
Indicó que "a través de estas políticas se pretende imponer la falsa idea de que la protesta social es enemiga de la convivencia democrática". Sin embargo, precisó que "en realidad, lo que rompe permanentemente la armonía y paz social, es la política de la precarización y el sometimiento, a través de la imposición de un sistema punitivo y represivo que resguarda a la injusticia social como garante de intereses contrarios al bien común y a la independencia nacional".