Lobby | Las razones de la Justicia Electoral para controlar los pagos a empresas que imprimirán las boletas
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Desde que arrancó este año la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya hizo dos movimientos para advertir sobre la necesidad de endurecer los controles antes de la realización de los comicios generales de este año.
A mediados de marzo se enfocó en la ausencia de normativas para realizar "un control estricto en las provincias que desdoblaron en sus elecciones" sobre la procedencia de los fondos y el riesgo de vinculaciones con el narcotráfico. El 15 de marzo los apoderados de todas las fuerzas políticas escucharon el planteo. Fue en el marco de una reunión del Consejo Consultivo de Partidos Políticos que el máximo tribunal electoral convoca cada año.
Ahora los tres camaristas que lo integran no apelaron a un mensaje para los partidos. Firmaron la acordada n°67 para afinar los controles sobre otra de las grandes zonas grises del proceso electoral: la impresión de las boletas de papel y la rendición de los fondos públicos que son parte de una partida de refuerzo.
Este año es de 12.000 millones de pesos y se suma a los 455 millones que ya fueron entregados a los 200 partidos que superaron el piso del 1% de los votos y que reciben un aporte del Estado para su funcionamiento.
La mayoría de ese monto, previsto por la ley de partidos políticos, va a parar a las campañas proselitistas, pero en el caso del dinero para pagar la impresión de boletas la legislación define que los partidos no pueden darle otro destino y tienen la obligación de devolver los fondos que no sean ejecutados.
La única forma de verificar esos movimientos pasa por los comprobantes, es decir, por las facturas, la imprentas involucradas y los métodos de pago. En las rendiciones de cuentas del último proceso electoral se detectaron numerosas inconsistencias los pagos de las boletas impresas.
Cada partido tiene que contar con las boletas correspondiente a un padron nacional y, según plasmaron en la acordada, hubo un disparador hace seis años. "En el año 2017 esta Cámara hizo notar el incremento exponencial de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas para las elecciones primarias (que en aquél entonces implicaba un aumento de más del 400% en relación con comicios anteriores), en un caso relativo a una coalición en el que se denunciaba un abuso del derecho".
Se refiere al "Espacio Grande" de Santa Fe, y la "sentencia del 1 de agosto de 2017 y cuya rendición de cuentas fue luego desaprobada, precisamente, por falta de acreditación del gasto del aporte público para la impresión de boletas, entre otras deficiencias".
No es la primera vez que estos casos aumentan las sospechas sobre el desvío de los fondos para las boletas a otros fines: desde el financimiento de campaña hasta enriquecimiento ilícito. El tema ha sido materia de las investigaciones que lleva adelante el Cuerpo de Auditores de la Cámara Electoral, pero cuenta con poco personal para poder llevar adelante indagaciones de gran calibre.
A partir de ahora contarán con la asistencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que sumaría sus inspectores a los controles y a las auditorías. El tema es una materia muy específica, pero el entrecruzamiento con los datos de la autoridad tributaria nacional podría sumar eficacia en los controles.
La documentación que podrán exigir las próximas auditorías electorales
La acordada definió que el Cuerpo de Auditores Contadores podrá pedir, cuando lo estime necesario, "datos, documentación y cualquier otro elemento relevante para verificar la actividad comercial de la empresa encargada de la impresión de boletas de votación de una agrupación política, como ser: el contrato social o estatuto inscripto en el registro público pertinente; la constancia de inscripción y categoría en la AFIP; la constancia actualizada de no inclusión en la base de "Contribuyente no confiable de AFIP" y la facturación promedio de un período determinado.
También podrá exigir la facturación del servicio con la correspondiente indicación del precio unitario por boleta, el importe total y detalle de la categoría electiva a la que corresponde; el recibo de la empresa por el monto pagado por la agrupación indicando la forma en la que se recibieron los fondos; el remito emitido por la empresa donde conste la cantidad, calidad y descripción de las boletas impresas y entregadas; y cualquier otra documentación que resulte relevante a los fines de la fiscalización".
En cuanto a la forma de pago también plantearon que sólo debe realizarse por transferencia bancaria o cheque "no a la orden". Parece un dato menor, pero la mayoría de las operaciones son realizadas en efectivo constante y sonante.
Cómo serán las inconsistencias que surgieron de las auditorías anteriores, que ahora reclamaron la "necesidad de que las facturas se presenten en forma discriminada, consignando mínimamente el concepto (lista, agrupación y campaña a la que corresponde), la cantidad de boletas entregadas y el precio (unitario por boleta y total) de la impresión realizada".
La Cámara Electoral sostuvo que estas medidas de mitigación serán aplicadas ante la ausencia de un cambio en el sistema de votación con la implementación de la boleta única de papel, que no ha prosperado en los últimos diez años.