Lavado de activos: avanza la reforma que es clave para éste y el próximo Gobierno

Los partidos de la coalición Juntos por el Cambio están desencontrados y esas rispideces se notan también en la Cámara de Diputados. En la sesión de este miércoles -y hasta último minuto- la oposición no lograba ponerse de acuerdo para votar el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos, y aunque finalmente acordaron manifestarse en contra, el oficialismo se impuso en el recinto y logró, con 111 votos a favor, la media sanción a un proyecto clave para el Gobierno y para quien tome las riendas tras la próxima elección.

En principio, el debate por acompañar o no las modificaciones al proyecto que debe convertirse en ley este año porque la necesitará éste y el próximo Gobierno para cumplir compromisos internacionales, se dio en torno a que un sector de la oposición exigían más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF) y mayor transparencia en el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades, ítems que dividió a Juntos por el Cambio en Diputados y que, en consecuencia, hizo que se firmaran dos dictámenes en comisión: el del Frente de Todos que acompañaron -con disidencias- buena parte de los legisladores del PRO y uno de minoría firmado por las otros dos partidos de JxC: el radicalismo y la Coalición Cívica.

Para un sector del PRO era mejor "este proyecto que nada" y por eso habían resuelto acompañar el dictamen oficialista, sobre todo porque entienden que en el 2024 ellos serán Gobierno. No obstante, a último momento tiraron al tacho el acuerdo con el que se había comprometido con el Frente De Todos el diputado nacional Pablo Tonelli y decidieron votar en contra para no quedar "pegados" a la misma visión del oficialismo, razón por la cual Tonelli decidió ausentarse de la votación y bajarse de la lista de oradores. "A Tonelli lo dejaron solo y se acoplaron a lo que sostuvimos nosotros desde el minuto uno porque igual el proyecto iba a salir", dijo un legislador del radicalismo a iProfesional.

Así las cosas, dicho en números, la media sanción del proyecto de Ley de prevención y persecución contra el lavado de activos se dio con 111 votos positivos -del FDT y aliados-, 96 en contra -de JxC, el FIT e Interbloque Federal- y cinco abstenciones.

Un proyecto "razonablemente bueno"

"Es importante que nosotros acompañemos un proyecto que es razonablemente bueno. El oficialismo acordó con nosotros una serie de aspectos y otros que no, pero es importante avanzar en una ley", dijo a iProfesional el diputado nacional del PRO, Francisco Sánchez.

Sin embargo, aclaró que también es importante consolidar la imagen de Juntos por el Cambio, y en ese sentido, aclaró: "No podemos estar votando divididos en un aspecto central como el lavado de dinero, sería ideal que tengamos más tiempo para discutirlo internamente, pero los plazos son ya y son ahora, por eso nos obligó a nosotros -por el PRO- a tomar una resolución de último momento, que era entre la política, que es mostrarnos unidos para lo que se viene -2024-, y entre lo técnico".

Diputados dio media sanción a un proyecto clave éste y el próximo Gobierno

Proyecto clave para el Gobierno

La solicitud para reformar la Ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo fue presentada en mayo del 2022 por el titular de Economía de ese momento, Martín Guzmán. Un año después y tras idas y vueltas, el proyecto que presentó el Ejecutivo sufrió numerosos cambios, y hoy, con una oposición dividida respecto al tema y el oficialismo en vilo e incertidumbre hasta última hora por conseguir o no los números necesarios, se logró la media sanción y pasó al Senado para ser convertida en Ley y así el Estado argentino pueda cumplir con compromisos internacionales, como la revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la que se someterá Argentina este año.

"Otra vez un organismo internacional nos impone una agenda que no tiene que ver con la necesidad y urgencia de nuestra gente", reflexionó la diputada del Frente Patria Grande, que dirige Grabois, Natalia Zarancho, legisladores que se abstuvieron en la votación.

El texto aprobado se centra en tres ejes fundamentales que tienen como objetivo "mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema PLA/CFT" de la Argentina, siendo: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley N° 25.246 y la creación de un registro centralizado de Beneficiarios Finales.

Además, -entre otras cosas- convierte a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con total autonomía. "Incorporación a la UIF de la autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera".

Tras la votación en general, desde Juntos por el Cambio pidieron la votación en particular de varios artículos para insistir con las modificaciones respecto a la autonomía y transparencia en la UIF, pero no lograron los votos necesarios para incorporarlas.

"Ustedes no quieren incorporar una de las 40 recomendaciones del GAFI, pero es la clave. Es la 29, que habla de la autonomía de la UIF y señala que no debe tener interferencias políticas", criticó Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica.

Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica

Cuales eran las modificaciones que exigía la oposición

En concreto, parte de la oposición exigía más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF) y mayor transparencia en el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades, ya que entendían que era una "oportunidad histórica" para que el Ejecutivo "ponga y saque funcionarios" de la UIF y deje de ser un organismo influenciable por la política.

Incluso, el diputado de la CC, Juan Manuel López, puso como ejemplo diversas causas, tales como la conocida como Ruta del dinero K, causa Cuadernos, Vialidad y Hotesur, en las que "por presiones políticas" la UIF desistió de ser querellante en las mismas.

"Eso es lo que precisamente parte de la oposición quería evitar a pesar de que lo más probable es que nosotros en el 2024 seamos Gobierno, es un tema de querer hacer las cosas bien y que haya más transparencia", agregó a iProfesional un diputado de Evolución Radical.

Por su parte, desde el PRO dejaron en claro en la reunión de comisión previo al debate en el recinto, cuáles eran los en los ítems en los que no estaban de acuerdo desde ese espacio, y en ese sentido, describieron:

• Mejorar la ubicación institucional y la calidad de la tarea de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y dotarla de una autonomía plena y amplia. "Nosotros hemos propiciado dotar al organismo de mayor autonomía y sobre todo propiciar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea un procedimiento más abierto, más público y más transparente", argumentó el PRO.
• Incorporar entre las atribuciones y facultades de la UIF la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo. "El tema es que la ley actual nada dice de esta facultad y la UIF si bien se suele presentar como querellante en las causas, algunos jueces la admiten y otras no, por el hecho precisamente de que no está previsto en la ley".
• Modificaciones en el artículo 24 del proyecto. "El texto del proyecto incluye recomendar sanciones; y nos parece que esa recomendación es excesiva, porque se trata de recomendaciones ante organismos autónomos que ejercen el control disciplinario... nos parece que con la atribución de denunciar es más que suficiente".