Lobby | Cuáles son los dos caminos que analiza el Gobierno para castigar a Edesur

En medio de la última ola de cortes de luz, que llegaron a dejar 180.000 hogares sin luz en las últimas jornadas, el oficialismo activó a uno de los mayores conocedores sobre Edesur que tiene entre sus tribus internas. Se trata del exdefensor del pueblo bonaerense y actual titular del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), Walter Martello: además de contarle las costillas a la firma también deberá denunciarla ante la justicia penal.

Este martes anunció que le entregará al Congreso una auditoria sobre la calidad del servicio que presta. La idea es que las dos cámaras analicen la posibilidad de rescindir la concesión que tiene por 95 años desde 1992. Pero luego del anuncio el ministro de Economía, Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, acordaron instruirlo para que refuerce el camino judicial antes de avanzar con la batalla legislativa, que asoma compleja ante la urgencia de la crisis que desató la ola de cortes.

Ambos instruyeron a Martello para que "denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona". Es la síntesis del escenario que analizaron los funcionarios de Hacienda el miércoles por la noche, mientras se multiplicaban las protestas en la Ciudad de Buenos Aires contra la empresa Edesur.

Antes de recibir la instrucción de recurrir a la Justicia, fue Martello quien le dio forma a la ofensiva y habló de recurrir al Congreso. "Existe la posibilidad de analizar la rescisión del contrato y que sea uno de los hechos más importantes de este año", opinó una alta fuente parlamentaria del Frente de Todos que sigue en detalle los movimientos de Martello. Según confiaron fuentes parlamentarias a iProfesional, el titular del ENRE comenzará a tener reuniones la semana que viene con las principales figuras del oficialismo. Será el primer paso de un despliegue que luego incluirá una reunión del funcionario con los representantes de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En el comunicado que difundió ayer Martello se fijó 90 días, pero la marcha se acortará con el correr de las próximas semanas. El motor del debate que se viene no sólo pasa por la cantidad de fallas documentadas que tiene el interventor del ENRE, sino por el hartazgo de los intendentes de la populosa tercera sección electoral. Es un malestar que junta a oficialistas y opositores: desde el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y actual jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, hasta el macrista Nestor Grindetti, que ya transita su segundo mandato como jefe comunal de Lanús-.

Las críticas y desazones de los intendentes contra Edesur se incrementaron con los años y en este ciclo electoral se puede transformar en una daga letal. Para evitar que la bronca de los usarios también los apunte, también respaldarán el planteo de Martello, que estaría nutriendo su auditoria con datos propios más las demandas judiciales que impulsaron distintos intendentes.

Instruyeron al titular del ENRE para que denuncie penalmente a Edesur

Cortes de luz: los posibles caminos sobre la concesión de Edesur

En el comunicado que difundió el martes, el ENRE informó que "en virtud de la resolución 237/2023 en los proximos 90 días elevará al Congreso de la nacion y a las autoridades competentes el informe tecnico resultante de la auditoria integral que dispuso la mencionada resolución y que evalúa el desempeño de la prestación del servicio público de distribución electrica por la empresa Edesur y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión".

El ENRE no entregará un proyecto de ley, sino una auditoría que deberán analizar las autoridades parlamentarias. De la lectura de las fallas podría surgir un proyecto de anulación de la privatización que implementó Carlos Menem en su primera presidencia. El 31 de agosto de 1992 el entonces secretario de Energía Eléctrica, Carlos Bastos, firmó la resolución 170/92 y le entregó el desguace de la estatal SEGBA a dos empresas. El norte porteño y del conurbano quedó en manos de EDENOR y la porción sureña para EDESUR. Ambas firmas tienen la distribución en su zona por 95 años.

"La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de lops reclamos de usuarios en la reposición del servicio, incumplimientos estos que más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión", sostiene la advertencia de Martello.

Edesur está en manos de la italiana ENEL que ya anunció que quiere dejar sus activos en América Latina. La firma está en uno de sus peores momentos en Argentina y anticipó que denunciará al país ante el CIADI. En ese contexto, hay dos caminos posibles en el Poder Legislativo.

El primero pasa por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la ley 23.696. Es considerada la instancia originaria que debería analizar la auditoría que está haciendo el ENRE, pero no ha sido constituida. Está compuesta por seis senadores y seis diputados, pero su activación depende de la Cámara Alta, es decir que depende del kirchnerismo.

También existe otra chance: el oficialismo podría avanzar con un proyecto para anular esa concesión. Debería ser tramitado por las comisiones de Energía y Combustibles, que conduce el camporista Santiago Igón, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller.