Una Edesur bajo gestión estatal: ¿sueño o pesadilla política para el kirchnerismo?
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Una consecuencia inevitable del episodio de corte de luz ocurrido en la zona de Edesur es el renacido debate sobre la re-estatización de los servicios públicos que siguen en manos de privados, en particular aquellos con problemas de calidad de suministro y bajo un régimen de precios regulados.
Pero la discusión no se agota en la cuestión de si la gestión más eficiente es la pública o la privada, sino que puso en primerísimo plano el tema de las tarifas, una cuestión hipersensible tanto por la situación económica como por el inicio de la campaña electoral.
Y es en ese debate donde se replanteó un interrogante clásico: ¿es inexorable que un Gobierno empeore sus chances electorales si avala una suba de tarifas? A primera vista, la respuesta parecería obvia. Sin embargo, los analistas de opinión pública no creen que el tema sea tan fácil. De hecho, en 2017, Mauricio Macri tuvo una contundente victoria en las legislativas de medio término, justo después de haber llevado a cabo un fuerte ajuste tarifario. Y, en el ejemplo inverso, Alberto Fernández sufrió una dura derrota en las legislativas de 2021 con tarifas congeladas y con un régimen especial de atención a morosos por la pandemia.
La diferencia entre ambos casos es que en el primero, ganó un oficialismo en un contexto de inflación en baja y de salario en recuperación. Por el contrario, en el primer semestre de 2021 la inflación aceleraba mientras el entonces ministro Martín Guzmán aplicaba un ajuste fiscal que tuvo su foco en las jubilaciones.
Ajustando tarifas en plena campaña electoral
Lo cierto es que el ajuste tarifario ha sido un tema de largo debate interno en el Frente de Todos -resultó, en los hechos, uno de los disparadores de la renuncia de Guzmán- y hoy mismo sigue siendo visto con recelo por parte del kirchnerismo, que cree que puede tornarse en un factor de fuga de votos.
El recorte en subsidios económicos durante el año pasado fue de 0,4% del PBI pero, aun así, siguen teniendo un peso considerable dentro del gasto y representan dos puntos del PBI. ¿Es mucho o es poco? Si se lo compara con el nivel de subsidios que había hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner, cuando se había llegado a un 4%, el nivel actual es bajo. Pero si se toma en cuenta el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, de no pasar de un tope de 1,6% del PBI, entonces el esfuerzo fiscal adicional sigue siendo grande.
Lo cierto es que, en un año en el que el Gobierno prometió al FMI acortar el déficit fiscal para llevarlo a un nivel de 1,9%, las subas de tarifas tendrán un rol protagónico.
Flavia Royón, la secretaria de energía, ratificó públicamente que el límite fiscal no será traspasado este año. Lo cual implica todo un desafío, porque al mismo tiempo la funcionaria planteó que quiere lograr ese objetivo sin que se produzca un shock en los sectores de menores ingresos, teniendo en cuenta que cerca de un millón de usuarios de los que están en condiciones de solicitar el subsidio estatal, no lo han hecho por falta de información.
Es por eso que el incremento que estaba previsto para febrero en la factura de la electricidad se pospuso para abril y junio, cuando será aplicada en dos tramos. Pero, en la coalición de Gobierno, el temor a la reacción de los votantes enojados por los ajustes tarifarios no se disipa, y menos cuando se los contrasta con los datos del salario.
La información del Indec señala que frente a una inflación que cerró en 94,8%, los salarios habían subido un 90,4%. Con un agravante: mientras los trabajadores estatales logran ganarle a la inflación, el sector informal -que concentra a más de un tercio de los trabajadores- corre muy de lejos contra los precios: apenas vio crecer sus ingresos un 65,4%.
Servicio mata tarifazo
Pero el principal efecto del corte de luz masivo y las consecuentes protestas de vecinos fue poner sobre el tapete la calidad del servicio. Es un tema en el que el Gobierno lleva las de perder: según una estimación de Daniel Gustavo Montamat, ex secretario de energía, actualmente los cortes volvieron a un promedio de 20 horas de duración.
Eso implica que la población está percibiendo un agravamiento de la situación, porque la gestión macrista había bajado la marca a 14 horas. Puede que ahí resida parte de la explicación sobre por qué a Macri le fue bien en las legislativas de 2017 después de un "tarifazo": había una percepción de mejora del servicio, dado que hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, en pleno colapso del sistema energético, se había llegado a una duración promedio de 44 horas en los cortes.
De todas formas, todas esas cifras lucen como un muy mal registro cuando se compara con las 8 horas de corte que tenía la red eléctrica hacia el año 2003, cuando Néstor Kirchner asumía el Gobierno y aplicaba un congelamiento tarifario sobre un sistema que todavía se encontraba en buen estado gracias a las inversiones de la década anterior.
Y ahí es donde reside actualmente el debate interno en la coalición gubernamental. Momentáneamente, la multa de $1.000 millones, la apertura de una investigación y el nombramiento de veedores cumplieron la función de dar una respuesta política a la crisis que se vivió en el barrio de Lugano, pero está lejos de saldar la discusión de fondo.
De hecho, desde el propio kirchnerismo se encargaron de recordar que fue este Gobierno, en la persona del ministro de Economía, Sergio Massa, quien pocos meses antes había condonado una deuda por $140.000 millones que Edesur y Edenor mantenían con la mayorista Cammesa, de propiedad estatal.
Por otra parte, también se recordó que los veedores no tienen capacidad de decisión en la gestión de la empresa, por lo que están lejos de cumplir una función de interventores del Gobierno. Y, de hecho, ya hubo anteriormente tres veedurías en la misma compañía, siempre durante gobiernos peronistas.
Esa insatisfacción del ala gubernamental más cercana al kirchnerismo se expresa en declaraciones como las que tuvieron Martín Insaurralde, jefe de gabinete del gobierno bonaerense, y muchos de sus ex colegas intendentes de la zona sur. La propuesta es "armar un consorcio y ofrecer, dentro de las reglas de mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale".
"Proponemos hacernos cargo de Edesur preservando en poder de los municipios el valor de los activos regulatorios y poniéndonos al frente de la inversión que hace falta para terminar con la desidia de esta empresa", agregó el ex intendente de Lomas de Zamora, en un tuit que alcanzó amplia repercusión mediática.
Aunque desde el punto de vista político fue una declaración que no generó sorpresa, no deja de llamar la atención que haya intendentes que quieran asumir el control de una empresa que durante los dos años de pandemia perdió unos u$s270 millones como consecuencia del congelamiento tarifario, y que en su último balance arrojó una pérdida de $9.712 millones -para el período enero-septiembre 2022- aun cuando el volumen de electricidad vendida se habían incrementado un 5%.
¿Cuánto pagan los intendentes por Edesur?
La propuesta de Insaurralde llevó al planteo de varias preguntas, que de momento no tienen respuesta. La primera fue si, efectivamente, ese tipo de expropiación es posible de hacerse sin que derive en un juicio en el tribunal del Ciadi y un conflicto diplomático con Italia y por ende con la Unión Europea.
La siguiente pregunta es cuánto valdría hoy Edesur si alguien quisiera comprarla -y de hecho la italiana Enel, como accionista mayoritaria, puso cartel de venta en noviembre pasado-. Es algo muy difícil de responder, porque la valuación depende, justamente, de las expectativas sobre cómo se manejará el tema tarifario en el futuro, y eso a su vez está vinculado al resultado electoral.
Pero si vale como antecedente la venta de Edenor, concretada a inicios de 2021 -y que tiene un tamaño similar a Edesur- se pueden sacar algunas conclusiones. En aquel momento, la acción de Edenor cotizaba a u$s3,50, muy lejos del récord de u$s38 que había alcanzado en 2018, cuando por efecto del "tarifazo" macrista había multiplicado por cinco el valor que tenía hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner.
En ese verano de 2021, se concretó la venta de la mitad del paquete accionario por u$s100 millones, una cifra que en ese momento el mercado consideró irrisoria, tratándose de la mayor distribuidora eléctrica del país, que tiene licencia para dar servicios a unos tres millones de clientes en una zona de 4.637 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la situación política y económica del momento habían llevado a que esa fuera la valuación de la compañía.
Hoy, la acción de Edenor vale dos veces y media la cotización del momento en que pasó a manos del grupo Vila-Manzano-Filiberti. Lo cual permite especular sobre cuál podría ser hoy el precio de la compañía. Y, por ende, cuál podría ser el precio de Edesur. En cualquier caso, es dinero que las intendencias del conurbano sur no pueden soñar con tener disponible.
¿Tarifazo bajo control estatal?
Pero, sobre todo, la gran pregunta que surgió tras la propuesta de Insaurralde es la de si, después del eventual cambio de manos y la toma de una parte de Edesur bajo el control de las intendencias, se mantendría la política tarifaria actual o se aplicarían aumentos mayores a los que estuvo habilitada la actual gestión privada de Edesur.
Después de todo, el principal ejecutivo de la compañía, Claudio Cunha, tras pedir disculpas por los cortes de Lugano, apuntó a que el tema tarifario está en el centro del problema.
"Mas allá de las multas y penalidades que decida aplicar la autoridad en el ejercicio de su función de control, concordamos en que la solución estructural pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar, mantener y realizar las inversiones que el sistema requiere", dijo Cunha.
En las recientes audiencias para revisión de las tarifas, las dos grandes compañías eléctricas pidieron para este año aumentos por 260%, como condición para un mantenimiento de las inversiones. Y Edesur, en su presentación de flujo de fondos para 2023 proyectó un déficit de $103.000 millones.
A primera vista, no parece el mejor negocio, desde el punto de vista político, hacerse cargo de semejante empresa. No se necesita ser experto en energía para entender que las finanzas corporativas y la calidad del servicio solamente podrán mejorar tras una drástica suba en las tarifas. Y es una tarea sucia que siempre un político preferirá que quede en manos de un privado.
Sin embargo, la política argentina nunca deja de sorprender. Acaso la motivación de los intendentes kirchneristas sean las encuestas que marcan un nuevo auge de simpatía ciudadana hacia las estatizaciones. Pero claro, esa buena disposición puede disiparse rápidamente cuando llega la boleta con el cargo del mes. Y, de acuerdo a lo que afirma Edesur, no es poco el ajuste que hace falta: en el acumulado de los últimos tres años el incremento de costos se ubicó en 320% pero que las tarifas apenas variaron 31,5%.