Pelea por los sueldos: primer test para la estrategia de Massa de fijar un tope salarial
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Pocas horas antes de que la mesa de diálogo político del peronismo hiciera su muy anunciado debut, se conocía la noticia de que el sindicato bancario convocó a un paro para este jueves, en medio de un conflicto por salarios. Y ese hecho marca la pauta de cuál será el primer gran test para la unidad entre los sectores kirchnerista y albertista: la política salarial.
Coincidentemente, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, fue uno de los delegados por el kirchnerismo en la reunión del Frente de Todos, una presencia que en sí misma funcionaba como un recordatorio de que la aspiración del sector que lidera Cristina Kirchner no es apenas hacer acuerdos electorales sino influir en la marcha de la gestión gubernamental.
O, como lo definió Andrés "Cuervo" Larroque, otro de los delegados, la necesidad de "ajustar tuercas" en la gestión.
El conflicto bancario no es uno más: no solamente engloba a uno de los sindicatos más fuertes -en uno de los gremios mejor pagos del país- sino que, además, ha sido un ejemplo de la propia Cristina Kirchner ha señalado sobre cuál debería ser la actitud de todo el sindicalismo.
Sueldos: antecedentes de una negociación conflictiva
Está fresco el recuerdo de lo ocurrido el año pasado, cuando tras una negociación conflictiva que incluyó paros, el sindicato bancario logró un ajuste del 60%. La cifra impactaba, porque se despegaba de la referencia de 40% que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y el entonces ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pretendían que se impusiera en las paritarias. El argumento oficial para atenerse a ese número era que aumentos demasiado elevados implicaban el consabido riesgo de que los empresarios trasladaran sus mayores costos laborales a los precios de sus productos y servicios.
Pero Palazzo no sólo no acató la pauta oficial -a esa altura ya estaba en claro que la meta inflacionaria del Gobierno sería ampliamente desbordada- sino que, además, acusó al ministerio de Trabajo de alinearse con la asociación de bancos durante el conflicto. Por eso, la felicitación de Cristina al sindicato bancario tuvo un fuerte significado político: significó un guiño para que sus gremios aliados pidieran aumentos por encima de la pauta oficial, lo cual en los hechos era desafiar abiertamente a Guzmán y Moroni.
Un año después, la historia parece repetirse. En el kirchnerismo circula la versión de que el Gobierno -ahora con la conducción de Sergio Massa y Raquel "Kelly" Olmos- pidieron a los grandes bancos que, a la hora de la negociación paritaria, se mantengan lo más cerca posible de la pauta oficial, de manera de no enviar una señal negativa al resto del mercado.
Lo que Massa pretende es que los grandes sindicatos se atengan a una pauta salarial del 60%, y que si luego la inflación supera ese números -como todas las proyecciones de economistas dicen que ocurrirá- entonces durante el segundo semestre, se podrán aplicar revisiones y aumentos compensatorios.
Pero el kirchnerismo no oculta su escepticismo y se valió de los datos de pobreza -publicados en marzo y en septiembre- para marcar el nuevo fenómeno social de los "asalariados bajo la línea de pobreza". La estadística marca que tres de cada 10 trabajadores no ganan lo suficiente como para pagar la canasta básica, que hoy cuesta $163.539 para un hogar de dos adultos y dos menores. Para empeorar la situación, la inflación de esta canasta básica está acelerando más que la promedio: en enero tuvo una suba mensual de 7,2%, con lo cual acumula una variación anual de 109,8%, frente al 98,8% del IPC.
Sueldos: la pauta salarial en disputa
Es en ese marco que surge la cuestión de hasta dónde estará dispuesto el kirchnerismo a acompañar al ministro Massa antes de que quede planteada abiertamente una divergencia por el tema salarial.
Y todo hace suponer que ese momento podría estar mucho más cercano de lo que parece. Tras una reunión de dirigentes sindicales bonaerenses con Máximo Kirchner -presidente del PJ en la provincia-, hubo dirigentes que volvieron a plantear el reclamo de un aumento de suma fija por decreto.
Ese había sido uno de los mayores temas de discrepancia el año pasado, con Massa y el ministerio de Trabajo en una postura claramente opuesta. En aquel momento, el kirchnerismo planteó, sin éxito, el argumento de que en momento de inflación muy alta el mecanismo de las paritarias no resultaba suficiente para impedir la erosión del salario. Y que, en consecuencia, el Gobierno debía adoptar una postura mucho más intervencionista, en la que se fijaran aumentos por decreto.
El reclamo fue hecho por la propia Cristina Kirchner, para quien el hecho de que los balances empresariales estén arrojando aumentos ganancias en porcentajes mayores a la inflación es la demostración de que es factible una mejora salarial sin que ello implique una necesidad de trasladar los costos a los precios.
La idea de un aumento generalizado por decreto fue descartada de plano por Massa. Y lo que salió sobre fin de año fue una pálida versión del reclamo original -$ $24.000 en un pago por única vez, acotado a los trabajadores con ingresos inferiores a $185.000- que, para colmo, varias gremiales de pymes se encontraron en dificultades para pagar.
El enojo de los sectores afines al kirchnerismo fue inocultable, y se expresó en frases como ésta, de Pablo Moyano, irritado por la demora en la medida: "Ya hace seis meses que lo vienen estudiando. Te da un poco de bronca, porque donde el campo amenaza no voy a exportar, sale corriendo y le da el dólar soja".
Moyano fue, por otra parte, uno de los primeros en rechazar la pauta del 60% para la negociación paritaria, una postura en la cual fue acompañado también por dirigentes de la CGT que habitualmente tratan de no apartarse de los postulados del Gobierno.
Suba de sueldos: empiezan los choques
Ahora, mientras el peronismo trata de unificar criterios para llegar con chances a la contienda electoral, el sector albertista, a cargo de la gestión, ya está enviando sus señales en el sentido de que no se puede pensar en inyecciones de dinero que impliquen un costo fiscal.
Así lo hizo saber el viceministro Gabriel Rubinstein, quien dijo que la continuidad de la senda decreciente en el déficit era la garantía de que no se produjera una turbulencia financiera. En otras palabras, que no habría margen para otro "Plan Platita".
Son datos que hacen presuponer un choque inevitable. Lo que reveló el extenso debate salarial del año pasado es que, más allá de las limitaciones fiscales o de las dificultades de las empresas por poder dar aumentos, había una diferencia filosófica de fondo: la de si el salario debe seguir siendo una negociación libre -con los sindicatos como protagonistas de los convenios sectoriales- o si en circunstancias de crisis justificaba que el Gobierno interviniera, como garante del sostenimiento del poder adquisitivo.
Y es un debate que, ya al calor de una campaña electoral, puede tornarse explosivo. Por lo pronto, se está replanteando la necesidad de una intervención gubernamental sobre los niveles salariales.
"Hay que observar que en las recomposiciones salariales en sectores industriales están en 150 mil pesos de salario promedio, eso implica que la discusión paritaria no alcanza. Tiene que haber un empuje del Estado así como hubo a fin de año con el criterio de que había que tener una base salarial de 185 mil pesos", dijo el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, después de la reunión sindical con Máximo Kirchner.
Por otra parte, tras otro encuentro realizado en la residencia presidencial de Olivos trascendió el tenso diálogo entre Alberto Fernández y el sector sindical más díscolo, liderado por el camionero Pablo Moyano. Los sindicalistas manifestaron su preocupación tras la publicación del dato de inflación de enero y plantearon la necesidad de nuevas medidas de refuerzo de los ingresos, en forma de un bono salarial complementario.
Sin embargo, el Presidente no dio certezas sobre la posibilidad de atender ese reclamo. En cambio, sí dejó en claro que mantendrá su aspiración de postularse a la reelección.
Hasta ahora, Massa fumdamentó la necesidad de mantener la cautela salarial, en términos muy parecidos a los que daba Guzmán: "El peor enemigo del salario es la inflación. Uno puede tener una paritaria que puede tener el número que uno quiera, pero si la inflación está por encima, entonces nuestra principal responsabilidad es bajar la inflación para que el salario le gane a la inflación y recupere poder de compra", dijo en una entrevista.
Y, más explícita aun, la ministra Olmos habló sobre el peligro de la carrera nominal de precios y salarios: "Hay una conciencia de los sectores gremiales que de algunos sectores empresarios que, por su capacidad de concentración, muchas veces acceden a aumentar la nominalidad, se dan vuelta y lo vuelvan a precio", admitió.
La frase de Olmos es doblemente irritante para el kirchnerismo: primero, porque plantea el argumento del salario como un posible factor inflacionario; y segundo, porque acepta tácitamente que el Gobierno no considera que pueda tomar acciones para impedir ese traslado automático de los costos laborales a los precios de productos y servicios. Es decir, contradice el reclamo de Cristina sobre la necesidad de intervenir en los márgenes de ganancias de las grandes empresas.
Números inquietantes
Como fondo de este cíclico debate, se acaban de conocer los datos oficiales sobre el salario en 2022. La información del Indec señala que frente a una inflación que cerró en 94,8%, los salarios habían subido un 90,4%.
Claro que esa cifra, en realidad, esconde una pérdida mucho mayor, porque la medición se realiza "entre puntas", lo que implica que no llega a captar la erosión del salario que ocurre entre cada período de ajuste, y que es mayor cuanto más acelerada es la evolución de los precios.
Por otra parte, se evidenció la gran dispersión de situaciones en torno al salario: se confirmó que el sector estatal fue el que mejor se defendió de la inflación, con subas que totalizaron 99,4%, mientras que el sector privado sólo llegó a un 93,8%. Y el sector informal -que concentra a más de un tercio de los trabajadores- corre muy de lejos contra los precios: apenas vio crecer sus ingresos un 65,4%.
Para el peronismo, se trata de un dato por demás inquietante: es precisamente entre los trabajadores del sector informal donde había cimentado su base de apoyo electoral en 2019. Y teme que es allí donde se pueda producir la fuga de votos en las elecciones de este año.