Edesur, nueva crisis política para un Gobierno que muestra un "choque de modelos" sobre estatizaciones
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La consigna era clara, además de obvia: "algo hay que hacer". Después de tres días de cortes -incidentes con la policía incluidos- protagonizados por los vecinos en la autopista Dellepiane en un reclamo desesperado por la falta de luz y agua, y luego de que el hecho saltara a la pantalla de la TV y las redes sociales, la renovada crisis del sistema energético se estaba transformando en un pesado lastre para el Gobierno. De momento, sólo se decidió una multa de $1.000 millones para Edesur y el nombramiento de un equipo de veedores sin poder de decisión sobre el día a día de la empresa. Es decir, una medida con "gusto a poco" para el ala más radical del Gobierno, que ve una nueva oportunidad para transformar el colapso energético en una causa épica. De todas maneras, el debate interno recién empieza.
"Vecinos abandonados por el Estado" decían los "zócalos" de los canales de noticias, mientras los usuarios afectados relataban situaciones desgarradoras de gente con problemas de salud en los pisos más altos de los edificios de Lugano. Desde el punto de vista político, una pesadilla para el peronismo que se apresta a entrar en modo electoral.
Y la solución debía lograr un objetivo claro: desviar las culpas desde el Gobierno hacia el prestador privado del servicio. Sobre todo, después de que Sergio Massa condonara una deuda de $140.000 millones a Edenor y Edesur por obligaciones con la empresa mayorista de propiedad estatal -una situación que había levantado polvareda en la interna del Frente de Todos-.
Además, el fin de semana, ya con un pico de cortes en plena ola de calor, Edesur difundió un sugestivo comunicado en el que afirmaba que la interrupción del servicio a 180.000 usuarios no era responsabilidad de la empresa, sino que obedecían a un pedido de Sacme, el operador del sistema de alta tensión.
Es decir, que no se trataba del típico problema de distribución por falta de mantenimiento en la red sino que el problema estaba en la generación insuficiente, algo que depende del propio Gobierno.
Desde el Gobierno salieron a desmentir esa situación. En particular, desde el ENRE, el director Walter Martello entró en una polémica pública con la empresa, amenazó con multas y prometió una investigación para determinar responsabilidades. Tras acusar a la compañía por falta de inversiones, reclamó un control estatal sobre la empresa, un pedido que fue apoyado por figuras del kirchnerismo, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royón, escribió en Twitter: "No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur".
En todo caso, lo que quedaba claro era que el Gobierno necesitaba urgentemente dar una respuesta política ante el creciente reclamo de "hagan algo".
El problema, claro, era qué sería exactamente ese "algo": ¿multas ejemplarizantes para Edesur? ¿una privatización lisa y llana, como plantean algunos referentes del kirchnerismo? ¿Una intervención temporaria y sin afectar la participación accionaria? ¿O una solución a la ‘Edenor’ que diera participación a empresarios cercanos al Gobierno?
Y si el tema de la energía es delicado siempre, en este momento confluyen varios factores políticos que potencian esa gravedad. Para empezar, los apagones coinciden con la puesta en marcha de nuevos aumentos en la tarifa -que para algunas franjas de usuarios llegarán al 37%-. Y, sobre todo, ocurren cuando los partidos definen sus estrategias con vistas a la elección presidencial de octubre.
A diferencia de otras épocas -como en 2013, cuando el kirchnerismo justificaba los cortes de luz con el argumento de que la economía estaba creciendo a "tasas chinas" y al sistema le costaba seguirle el ritmo al crecimiento industrial y al consumo hogareño que agotaba los stocks de aires acondicionados- ahora no se puede camuflar la realidad: por falta de inversión en mantenimiento, la red se revela incapaz de soportar la exigencia de temperaturas extremas. Lo cual potencia el reclamo por una respuesta de tipo político.
Edesur y la tentación del neo estatismo
No era la primera vez que se planteaba este debate, por cierto: en los tres veranos anteriores ocurrieron situaciones similares, y en los tres aparecieron los mismos reclamos desde la interna de la coalición gubernamental: la de desviar la culpa hacia las empresas privadas que brindan el servicio eléctrico, y dar un paso más al anunciar la revocación del contrato.
Para el kirchnerismo, es un tema de la agenda desde hace más de dos años, incluyendo una campaña coordinada de los intendentes de la zona sur del conurbano, que reclamaron la re-estatización de Edesur bajo la consigna "La luz es un derecho".
La movida no prosperó, pero desde ese entonces la vocación estatista en el kirchnerismo no ha hecho más que crecer. En el Instituto Patria tienen encuestas que le confirmaron que hay una mayoría que ve con buenos ojos una agenda neo-estatista, y de hecho es un tema que ha ganado peso en los discursos de Cristina Kirchner.
No por casualidad, justo en vísperas de la mesa de diálogo del kirchnerismo, en la cual se delineará la estrategia electoral, Máximo Kirchner planteó la creación de una empresa nacional que explote el litio, uno de los nuevos recursos estratégicos del país.
Esa iniciativa es vista en el kirchnerismo no solamente como una forma de recuperar la iniciativa política y reforzar la mística militante, sino que además existe el convencimiento de que puede ser un factor que traccione votos. La encuesta hecha por el nuevo "gurú" preferido de Cristina, el español Alfredo Serrano Mancilla, sostiene que, a diferencia de lo que se suele plantear en los medios de comunicación, no hay una tendencia a la "derechización" ni existe una mayoría social que esté reclamando el regreso de los principios liberales y privatistas de los años ’90.
Más bien al contrario, su investigación observó una decidida preferencia por la gestión estatal en los recursos naturales. Por ejemplo, en el tema del litio, una mayoría de 52,2% cree que se debería avanzar a un régimen de nacionalización.
Respecto de la energía eléctrica, la situación no es tan clara, porque si bien desde el punto de vista político/ideológico puede tener réditos -en una especie de "remake" de la re-estatización de YPF de 2012-, también hay muchos factores que juegan en contra.
Para empezar, una rescisión unilateral de contrato y posterior estatización del servicio puede derivar en juicios millonarios en tribunales internacionales como el Ciadi, como de hecho ya la ocurrió a Argentina por los cambios de condiciones contractuales aplicados tras la devaluación de 2002.
Pero, sobre todo, re-estatizar hoy Edesur implica tomar la responsabilidad de gestionar una empresa en crisis, cuyo accionista mayoritario -la italiana Enel- decidió en noviembre pasado colgar el cartel de venta. Una empresa que, en su presentación de flujo de fondos para 2023 proyectó un déficit de $103.000 millones.
Choque de modelos sobre estatizaciones
Cada vez que en el peronismo se plantea el tema de los servicios públicos privatizados se produce el mismo "choque de modelos". Por un lado, desde el kirchnerismo se ve con simpatía la estatización, mientras que otro sector, representado por Massa, es más proclive al de "operador amigo" proveniente del sector privado de capital nacional.
A primera vista, podría pensarse que a nadie le resultaría atractiva una compañía que durante los dos años de pandemia perdió unos u$s270 millones como consecuencia del congelamiento tarifario, que mantiene una deuda de $120.000 millones con el Estado y que, a pesar de las subas autorizadas por el nuevo esquema de segmentación tarifaria, sigue teniendo muy malas perspectivas.
"Nuestra distribuidora sufre un problema estructural en sus ingresos, ya que el retraso de VAD (valor agregado de distribución) genera un EBITDA negativo", fue la elocuente frase de Claudio Cunha, el principal ejecutivo de Enel Argentina, durante la presentación del último balance. En esa ocasión, los resultados del período enero-septiembre de 2022 arrojaron una pérdida de $9.712 millones, aun cuando las ventas de electricidad se habían incrementado un 5%, medidas en volumen.
Aunque se autorizaron desde octubre tres aumentos consecutivos -el próximo a aplicarse en abril- las compañías eléctricas alegan que todo resulta insuficiente ante el incremento en sus costos operativos. De hecho, en las recientes audiencias para revisión de las tarifas, Edesur y Edenor pidieron para este año aumentos por 260%, como condición para un mantenimiento de las inversiones.
En el holding de capitales italianos alegan haber hecho inversiones por unos u$s850 millones en cinco años para sostener el servicio, pero advierten que llegaron a un límite de sus posibilidades por el desfasaje entre la inflación y las tarifas. Calculan que en el acumulado de los últimos tres años el incremento de costos se ubicó en 320% pero que las tarifas apenas variaron 31,5%.
Sin embargo, aun con todos esos datos en contra, una empresa como Edesur siempre será atractiva para quienes se animen a hacer "negocios regulados" en el marco de una fuerte injerencia estatal. Es el modelo que ha prosperado durante la gestión de Alberto Fernández.
Claro que requiere de los potenciales inversores una cintura política para negociar intercambios de favores con autoridades y sindicatos. Edenor es el ejemplo más claro desde el cambio de manos ocurrido hace dos años, cuando el trío Vila-Manzano-Filiberti, un grupo de empresarios estrechamente vinculados a Sergio Massa compró por apenas u$s100 millones el 51% de la empresa que controlaba el grupo Pampa.
En aquel momento, sorprendió la cifra, que parecía irrisoria para la mayor distribuidora eléctrica del país, con licencia para dar servicios a casi tres millones de clientes en una zona de 4.637 kilómetros cuadrados, donde por otra parte vive la población de mayor consumo y poder adquisitivo. Y el detalle más comentado de la operación fue el ingreso de Filiberti, un empresario sin experiencia en el sector eléctrico, pero muy experimentado en negociaciones con el Estado, dada su condición de proveedor de cloro para Aysa, la compañía presidida por la esposa de Massa.
¿Cuál de los dos modelos se impondrá para el caso de Edesur? La intervención de la empresa, sin afectar el capital, podría ser un intento de ir por un camino del medio, para dar una respuesta política sin que ello implique un compromiso financiero que el Estado no puede asumir. Sin embargo, por definición, se trata de una medida temporaria.
Lo cierto es que la mejor noticia que ha tenido el Gobierno en el tema de la energía en los últimos días es la llegada de un frente frío, lo cual llevaría a una caída brusca en la demanda eléctrica y ayudaría al "plan llegar".