Protesta piquetera en plena misión del FMI: por qué es símbolo de un Gobierno obligado a elegir el "mal menor"
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La jornada de "piquetazo" que inauguró -con el consabido caos de tránsito en medio del calor agobiante de Buenos Aires- el calendario 2023 de protestas sociales tuvo un "timing" particular, que no generó comentarios en los medios pero que sí fue notado por los actores políticos clave: coincidió con la primera misión técnica del Fondo Monetario Internacional en el país desde que se firmó el acuerdo "stand by".
Y esa coincidencia es la síntesis perfecta de la situación en la que se encontrará el Gobierno en el año electoral: por un lado, estará presionado por las metas de recorte fiscal comprometidas con el organismo y, al mismo tiempo, deberá dar respuesta a las demandas sociales. Un equilibrio difícil de transitar, con el riesgo permanente de un nuevo rebrote inflacionario, y con el malestar creciente de sectores que forman parte de la base electoral peronista.
Los funcionarios del FMI, un equipo técnico que viene para revisar las cuentas y entrevistarse con funcionarios, tienen su base de operaciones en la oficina del organismo en la calle Paraguay. Es decir que en pleno centro porteño pueden palpar de primera mano la tensión de las protestas sociales.
Y, de hecho, ese es uno de los efectos principales de este tipo de misiones: al fin y al cabo, tanto la revisión de los números como las entrevistas con los funcionarios se vienen haciendo desde hace mucho tiempo por videoconferencia. De manera que un objetivo de los funcionarios es llevarse una idea sobre el cuadro político del país.
El mensaje que les dejaron los dirigentes piqueteros no podía ser más directo: los movimientos sociales interpretan que los recortes al plan Potenciar Trabajo, lejos de estar motivados por una intención de depurar las listas de beneficiarios, en realidad obedecen a un pedido del FMI para recortar la asistencia estatal. El eslogan de convocatoria a la marcha resultó bastante elocuente: "El FMI ordena, Tolosa condena", en alusión a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Potenciar Trabajo en la lupa
El motivo concreto del conflicto es la baja de 154.000 personas de la nómina del plan Potenciar Trabajo, realizada en el marco de una depuración por la presunta inclusión de beneficiarios en situación irregular. Pero el tono de la discusión dejó en claro que hay un tema más de fondo, y que tiene que ver con la concepción política de la asistencia social.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien durante los últimos dos años estuvo reclamando una ampliación en la nómina del plan -topeado en 1,2 millón de beneficiarios- afirmó que el Gobierno busca excusas para una medida que, en realidad, sólo tiene un fin fiscalista.
"Es una medida de ajuste a los más humildes, a los más vulnerables, que pidió el Fondo Monetario Internacional", señaló el líder piquetero, quien denunció que el reempadronamiento y auditoría de los beneficiarios del plan fue hecho online en vez de hacerse de manera presencial, con el objetivo específico de dificultar el trámite.
"El Gobierno hizo una auditoría virtual a sabiendas de que muchos compañeros están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz. Lo hizo con toda la intención de que miles quedaran afuera y así ahorrarse recursos que ascienden a 60.000 millones de pesos anuales", fue la queja.
La cifra, en realidad, se queda corta, porque el ahorro fiscal podría ser mayor. El monto actual del Potenciar Trabajo -la mitad de un salario mínimo- es de $33.870. Esto implica que las bajas aplicadas por el ministerio de Desarrollo Social suman $5.215 millones sólo para el mes de febrero, aproximadamente un 12% del costo mensual de $40.664 millones que implica esta asistencia.
Pero el plan, a medida que el salario mínimo va actualizándose por inflación, también sube. De hecho, el presupuesto prevé un monto anual de $590.981 millones para solventar el Potenciar Trabajo. De manera que, de confirmarse todas las bajas de beneficiarios, el recorte en el gasto del plan podría llegar, como mínimo, a $75.000 millones.
No es poco recorte para un plan que representa más de medio punto del PBI. Y es algo que notaron los dirigentes piqueteros en un momento en el que el ministro de Economía, Sergio Massa, trata de mostrar números prolijos para que el FMI apruebe el desembolso de u$s5.400 millones.
Buscando símbolos de ajuste
Lo cierto es que los piqueteros tienen mucho material como para justificar las próximas marchas de protesta que ya se están anunciando. En la última evaluación que realizó el FMI sobre la economía argentina, publicado sobre fin de año, ya se advertía sobre la necesidad de recortar el monto de la ayuda social y hacer que esa asistencia fuera "focalizada".
Y en el marco de un programa que prevé bajar el déficit fiscal del 2,5% del PBI a un 1,9%, marca rubros en los que se debe recortar el gasto. Subsidios, jubilaciones, empleo público y asistencia social son mencionados en un documento que generó irritación en la propia interna del Frente de Todos.
El FMI había elogiado el hecho de que ya 20.000 planes sociales habían sido dados de baja y expresaba su expectativa por una profundización de esa política. Y explicita el objetivo de que en el primer semestre, el déficit fiscal primario se limite al 0,8% del PBI, como forma de "fortalecer la credibilidad de la política y los objetivos de la desinflación".
Este es el clima en el cual desde el kirchnerismo se empezaron a hacer indisimulables las críticas por un "ajuste económico" en pleno año electoral. Estimaciones privadas hablan de una caída real de 10% en las jubilaciones, de 13% en asistencia social y de 44% en subsidios energéticos durante el último trimestre del año pasado.
"¿Dónde está el ajuste? no lo sé, yo no lo encuentro", se defendía el presidente Alberto Fernández ante las quejas internas, con el dato de las mejoras en el empleo y del crecimiento del PBI mayor al proyectado originalmente.
Pero las últimas estimaciones sobre gasto primario marcan un descenso en términos reales de 26% respecto del año pasado.
El riesgo de pelear con los "dadores de gobernabilidad"
Es en ese marco de malhumor creciente que la ministra Tolosa Paz deberá lidiar con los dirigentes piqueteros, que ya están planeando acampes por tiempo indeterminado hasta que se dejen sin efecto las bajas del Potenciar Trabajo.
Hasta ahora, la ministra ha mostrado "mano dura" y confrontó con algunos de los principales dirigentes, como Belliboni, a quien le pidió que el mismo esfuerzo logístico que se pone para organizar las marchas al centro porteño fuera dedicado a ayudar a los beneficiarios a acercarse a los puestos de certificación de identidad.
"Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad; pero esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad", desafíó la ministra, quien tuvo además una chicana personal con la dirigencia del Polo Obrero.
"Belliboni no puede explicar dónde están los 6.000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿Dónde están?".
Al sembrar la duda sobre la transparencia con la que los movimientos sociales manejan la lista de beneficiarios, Tolosa Paz parecería estar dispuesta a asumir la consecuencia de más protestas callejeras y de jugar una pulseada política.
En consecuencia, la imagen de miles de desocupados acampando frente al edificio de Desarrollo Social, bajo la gigantografía de Evita Perón, podría ser una imagen repetida en las próximas semanas. Una situación que cualquier asesor de campaña electoral recomendaría evitar a toda costa, sobre todo a un gobierno peronista.
La ministra tiene sus motivaciones personales para mostrar esa postura rígida: sus antecesores en el cargo -Daniel Arroyo y Juan Zabaleta- sufrieron la erosión de reclamos permanentes, que incluyeron la invasión a la sede del ministerio, donde se dejaron escritos mensajes expresivos, como "Basta de polenta". Y, además, ella cuenta con la presión de menores recursos financieros y el empleo muestra una mejora.
Queda planteado el interrogante de hasta dónde tendrá Tolosa Paz el apoyo político del peronismo para sostener esa actitud dura cuando se ingrese en una fase más caliente de la campaña electoral. Después de todo, fue hace poco más de seis meses que Cristina Kirchner planteaba que el Potenciar Trabajo ya no era suficiente y que se debía pensar en una asistencia mucho más masiva, que abarcara -con un monto equivalente a la canasta de indigencia- a la totalidad de desocupados, subocupados, trabajadores con ingresos bajos, cuentapropistas y monotributistas sociales.
Esa propuesta generó en su momento un terremoto político dentro del Gobierno, porque implicaba multiplicar por 4,5 veces el costo fiscal del Potenciar Trabajo para alcanzar a cerca de siete millones de beneficiarios.
Pero, sobre todo, lo que desató en aquel momento Cristina Kirchner fue un conflicto sobre quién debería ser el gestor de la asistencia social. Al poner la lupa sobre situaciones de corrupción por parte de los "punteros" de las organizaciones sociales, la líder kircherista reclamó que el protagonismo fuera asumido por los intendentes.
Alberto Fernández, entonces, salió a defender a los piqueteros, de quienes destacó su capacidad para canalizar y contener la situación social en los peores momentos de la crisis. Evidenció, de esa manera, la condición de "dadores de gobernabilidad" que ejercían los piqueteros.
Pero ese apoyo invalorable de contención en las zonas más calientes del conurbano no es gratis. Y ahora, en plena restricción fiscal, se corre el riesgo de que la alianza se rompa. Justo en el peor momento.