El Gobierno llama a sesiones extraordinarias: cuáles son los proyectos económicos clave que peligran por la pelea con la Corte
El Gobierno terminó de pulir el decreto para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para el 23 de enero. El eje central estará en el juicio político a la Corte Suprema, aunque esta avanzada, a su vez, pone en duda la viabilidad de la convocatoria en sí misma porque complica el tratamiento de los proyectos económicos que también forman parte del temario.
Como contó iProfesional, la decisión de llamar a extraordinarias se tomó a fines de 2022 y la motivación, compartida por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, era la agenda de temas económicos que habían quedado pendientes en la Cámara de Diputados por la disputa entre los bloques del oficialismo y la oposición.
Allí figuraban proyectos como la moratoria previsional y el blanqueo de capitales vinculado al acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, entre otros. El juicio a la Corte se coló en el temario después, empujado principalmente por el kirchnerismo y un grupo de gobernadores tras el fallo a favor de la Ciudad por la coparticipación.
De esta manera, la hoja de ruta del Gobierno se vio alterada y el orden de prioridades parece haber cambiado. El llamado a extraordinarias será a partir del 23 de enero y hasta el 28 de febrero y los diputados del Frente de Todos prevén reunir a la Comisión de Juicio Político entre el 25 y el 26, indicaron fuentes parlamentarias a este medio.
En cambio, el resto de la agenda, donde estarían incluidos los proyectos que eran más urgentes para el Ejecutivo y en especial para el Ministerio de Economía, no tienen un cronograma tan definido en Diputados. A ello se suma que Juntos por el Cambio ya advirtió que no dará quórum para su tratamiento mientras avance el juicio a la Corte.
El Gobierno y las extraordinarias: la "agenda judicial" que calienta el clima
En el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias se destacó la incorporación de una amplia agenda de temas judiciales que nunca pudieron avanzar en la Cámara de Diputados debido a que el Frente de Todos no alcanza por sí solo el quórum de 129 presencias y necesita de acuerdos con otros sectores.
Proyectos como la reforma del Consejo de la Magistratura o la ampliación de la Corte Suprema fueron impulsados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2022 en el Senado, donde el oficialismo alcanza una ajustada pero suficiente mayoría con un puñado de aliados, pero quedaron trabados en la Cámara baja. A pesar de ello, el Gobierno los incluyó en el temario para las extraordinarias junto con el juicio político a los miembros del máximo tribunal.
La diferencia está en que el juicio político requiere para su aprobación en el recinto de una mayoría calificada de dos tercios que es casi imposible para el oficialismo, cuya intención real es concentrar la atención en la Comisión de Juicio Político, donde sí tiene número para promover citaciones a los jueces del máximo tribunal y firmar un dictamen.
En cambio, para aprobar en el recinto las demás iniciativas de índole judicial le alcanza con una mayoría simple que, en principio, es difícil pero más alcanzable. No obstante, la sola inclusión de esos proyectos recalienta todavía más el clima interno de la Cámara de Diputados.
Con sus 116 legisladores y el apoyo de los 4 liberales, Juntos por el Cambio tiene una capacidad de bloqueo que al oficialismo le resulta difícil contrarrestar con sus 118 y los bloques "intermedios" que suelen oficiar de aliados. La oposición ya hizo sentir este poder de coerción al paralizar las sesiones de la Cámara baja en el último tramo del año pasado.
¿Cuáles son los proyectos que peligran y complican al Gobierno?
En ese contexto, la totalidad de la agenda para las sesiones extraordinarias quedó bajo un gran signo de interrogación. El riesgo para el Gobierno frente al desacuerdo casi absoluto entre oficialismo y oposición en Diputados, es que no avancen ni siquiera aquellos proyectos que tienen consenso, como la creación de nuevas universidades.
Allí se verían afectados principalmente las iniciativas de índole económica que más interesan a la gestión de Massa y que fueron incluidas en el llamado a extraordinarias, como el proyecto de "exteriorización del ahorro" que establece un nuevo blanqueo de capitales.
Massa apuesta a esa iniciativa para atraer los dólares que requiere la economía argentina a partir de la presión que puede ejercer el acuerdo fiscal con Estados Unidos sobre los argentinos que tienen fondos sin declarar en ese país.
Esa necesidad de un mayor ingreso de divisas también está reflejada en el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial y en el proyecto de Promoción de Nuevas Energías e Inversiones con Valor Agregado en el Sector Energético, que apunta al mercado del GNL y del hidrógeno verde.
Ambos temas estaban en el plan original del Gobierno para las extraordinarias como prioritarios y fueron incluidos en el decreto del Ejecutivo, al igual que la nueva moratoria previsional y el llamado "monotributo tech", pero quedaron a merced de la disputa que se librará en la Comisión de Juicio Político que, según supo iProfesional, tendría a partir de febrero al menos dos reuniones semanales y potenciará el desacuerdo entre oficialismo y oposición.
Nuevo blanqueo de capitales
Uno de los proyectos económicos más importantes del temario de extraordinarias es el proyecto de ley de "exteriorización del ahorro argentino", que propone un nuevo blanqueo de capitales no declarados apalancado principalmente en el nuevo acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos.
La iniciativa establece que quienes opten por declarar voluntariamente los activos que no hayan sido informados ante la AFIP desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de marzo pagarían una alícuota del 2,5%.
Para quienes declaren entre el 1 de abril y el 30 de junio correrá una alícuota del 5% en caso de que traigan los dólares a la Argentina y para quienes lo hagan entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se pagará el 7,5%. El proyecto establece que se duplican las alícuotas para los bienes del exterior para quienes decidan declarar los fondos pero sin repatriarlos.
Agroindustria y Promoción de Nuevas Energías
El proyecto destinado al Fomento del Desarrollo Agroindustrial apunta, a grandes rasgos, a la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética en la cadena productiva del sector con el fin de exportar más valor agregado y potenciar así las ventas al exterior.
En tanto, la iniciativa sobre Promoción de Nuevas Energías e inversiones con valor agregado en el sector energético se trata de una apuesta, según adelantó Massa a fines de 2022, a establecer una serie de reglas fiscales para este con el fin de estimular las inversiones en GNL. La idea es potenciar las exportaciones y aprovechar el crecimiento de la demanda mundial de gas por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Además, la intención del Ministerio de Economía es generar un marco regulatorio y de promoción para las nuevas energías entre las cuales se destaca el hidrógeno verde, un mercado al que Massa viene prestando mucha atención con el interés de introducir a la Argentina en todos los eslabones de esa cadena productiva.
Monotributo tech
Otro de los proyectos que incorporó el Gobierno en el temario para las extraordinarias y que corre peligro por la pelea en torno a la Corrte es el nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como "Mono-Tech" o "monotributo tech".
Se trata de un esquema dirigido a los profesionales que exportan sus servicios basados principalmente en el conocimiento -incluidos los "gamers- al exterior con el fin de que puedan cobrar en dólares con un tope anual.
El nuevo esquema de régimen simplificado de impuestos para exportadores de servicios tendrá tres categorías. La primera incluirá aquellos contribuyentes que exporten por hasta u$s10.000 anuales que podrán cobrarse sin que ean liquidados en el Mercado Único Libre de Cambios.
La categoría 2 contemplará a quienes facturen hasta u$S20.000 por año. Por último, la categoría más alta será la que tenga habilitada hasta una facturación anual de u$s30.000. El régimen actual permite un tope de u$s12 mil anuales sin necesidad de que sean liquidados en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), con lo cual esta medida ampliará ese techo.