Pelea peronista en el inicio de año: deuda perdonada, llegada de CEOs y juicio a la Corte traen efecto boomerang
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El "relanzamiento" del peronismo en el 2023 está dando resultados opuestos a los que se habían fijado los estrategas, al punto que ya son visibles varios "efectos boomerang". Desde el juicio político a la Corte Suprema de Justicia hasta las medidas de política económica, todos los días surgen situaciones que agrandan la fisura interna y perjudican la imagen con vistas a la carrera electoral.
El juicio a Horacio Rosatti y los jueces de la Corte resulta el caso más evidente: el sector "albertista" había imaginado esa jugada como un gesto de reconciliación con el kirchnerismo, donde predominaba el enojo por la falta de una respuesta contundente al fallo judicial contra Cristina Kirchner. La frase sarcástica sobre la predilección del Presidente por la táctica de "amague y recule" anticipaba otra crisis interna.
Al promover el enjuiciamiento de los jueces supremos, Alberto Fernández se propuso resolver varios problemas simultáneamente: dar una respuesta política al fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires sin que ello implicara desconocer el fallo -que es lo que le reclamaba el sector más radicalizado de la coalición- y, además, hacer un guiño a la cruzada contra el "lawfare".
Pero los primeros efectos en contra ya están a la vista: lo que iba a ser una causa tras la cual se encolumnaría todo el peronismo y acallaría las rencillas internas derivó en un termómetro para medir las lealtades. Y la sugestiva ausencia de gobernadores provinciales en el documento que promovió el juicio ya dio el inicio a una "caza de brujas".
Traiciones en primer plano
El gobernador sanjuanino Sergio Uñac, el santafesino Omar Perotti y el entrerriano Gustavo Bordet, por mencionar sólo a los de más alto perfil, dieron la pauta sobre las dificultades internas para sostener el enfrentamiento de poderes. Todos los disidentes tienen su motivación -en el caso de Uñac, arriesga la reelección; los demás alegan diferencias políticas- pero los une la percepción común de que tienen más para perder que para ganar en una pelea con la Corte Suprema.
Y está ocurriendo lo que el Gobierno no quería: que en los medios y las redes se esté hablando más de estas diferencias y de las críticas a los gobernadores "traidores" que sobre los detalles del juicio político al juez Rosatti.
En los propios medios de comunicación cercanos al kirchnerismo se amplificó esa pelea interna: el diputado sanjuanino José Luis Gioja acusó al gobernador Uñac de estar cuidando intereses personales en una especie de pacto secreto con los jueces, mientras que el diputado santafesino Eduardo Toniolli calificó como "lamentable" la postura del gobernador Perotti.
En todo caso, lo que estos desencuentros internos están dejando en evidencia es un error de cálculo político: si bien es cierto que todos los gobernadores comparten la causa contra el fallo que favoreció a Horacio Rodríguez Larreta en el diferendo por la coparticipación de impuestos, no todos tienen la misma urgencia y dependencia financiera respecto del gobierno central. Y, sobre todo en un año electoral, no todos sienten que vayan a beneficiarse políticamente de una movida contra la justicia.
De hecho, los gobernadores de la zona agrícola núcleo ya habían dado repetidas muestras de divergencia con Alberto Fernández, en casos de alto perfil como el intento de estatización de la cerealera Vicentin, el cierre exportador de carnes o las propuestas para subir retenciones al agro.
En todos esos casos, los gobernadores interpretaron que esas medidas impulsadas por el kirchnerismo suponían el riesgo de enemistar al peronismo con la clase media rural. Es algo que, de hecho, se reflejó con claridad en el revés electoral sufrido por el peronismo en toda esa región en las legislativas de 2021.
"El lawfare es contra vos"
Pero, más preocupante aun para el peronismo, lo que también está en duda es que dé resultado el objetivo principal del juicio político: instalar en la opinión pública la consigna "el lawfare es contra vos".
Desde el inicio, se reconoció explícitamente que no habría votos suficientes -dos tercios de la cámara- como para enjuiciar y concretar la remoción de los jueces de la Corte Suprema, sino que la estrategia política consistía en que se produjera el debate parlamentario.
El proceso en la comisión de Diputados implicaría la convocatoria a los jueces y a testigos que argumenten sobre el "mal comportamiento de funcionario público" de la Corte. Eso sería, en sí mismo, un hecho político de alto impacto que le daría visibilidad al conflicto entre poderes y que, además, llevaría a los opositores de Juntos por el Cambio a la situación incómoda de tener que defender a una justicia acusada de parcial y corrupta.
Y, sobre todo, esa sería la situación ansiada por el kirchnerismo para cumplir un objetivo político funcional a Cristina: descomplejizar el debate judicial, al cual la opinión pública se muestra completamente ajena, y vincularlo con la crisis económica. De esa forma, se lograría no sólo "bajar a tierra" el conflicto con la Corte sino, además, desviar la culpa de problemas como la inflación.
La clave de ese tema fue marcada por la propia Cristina Kirchner en varios de sus discursos recientes, así como en sus recomendaciones de notas periodísticas, como la de Ari Lijalad en El Destape titulada: "El bosque de Rosatti, gerente de una Corte empresarial". En ese artículo se repasan las vinculaciones de los cuatro jueces supremos con el ámbito corporativo y se sugiere que todas sus decisiones judiciales responden al interés de beneficiar al establishment empresarial.
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"La TÁCTICA: las causas armadas, las condenas y las proscripciones. La ESTRATEGIA apunta al gran y verdadero objetivo, llenar de guita los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan tus alimentos, tus servicios, tus medicamentos y tu alquiler. O sea… La imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos", escribió Cristina Kirchner en Twitter, al recomendar la lectura.
La opinión pública, en otro tema
A partir de allí, la estrategia mediática del kirchnerismo consistió en vincular fallos de la Corte con situaciones perjudiciales para los trabajadores. Por ejemplo, la aceptación de una cautelar a favor de las empresas proveedoras de Internet, que dejó sin efecto el decreto que declaraba a la conexión como un "servicio público" y, en consecuencia, regulaba sus tarifas. También se mencionan fallos del ámbito laboral, que eximieron de responsabilidad a empresas por los servicios de contratados.
Para Cristina, es esencial que el tema del "lawfare" pueda instalarse en la agenda, luego de las dificultades evidenciadas para generar una reacción política masiva tras su condena en la causa Vialidad. Con mal "timing" -el país estaba en plena euforia mundialista- Cristina tuvo que suspender dos veces el acto del Grupo de Puebla en el que líderes de la región le manifestarían su solidaridad.
Ahora, ya se está previendo aprovechar el clima político generado por el juicio político a la Corte para reinstalar como tema protagónico la situación judicial de Cristina, y hay una fecha tentativa: el 24 de marzo aparece como el día en que se podría hacer una manifestación en favor de la vice, aprovechando la coincidencia con el Día de la Memoria.
Pero claro, esta estrategia parte de la premisa de que efectivamente se pueda tener éxito en vincular dos temas que hoy la opinión pública ve desconectados: la crisis económica y los conflictos de Cristina con la justicia. Por lo pronto, las encuestas de opinión pública muestran que los argentinos no consideran a los empresarios sino al gobierno como el principal responsable de la inflación y los bajos salarios. Y, en un reciente sondeo de Opinaia, un contundente 89% calificó como "mala" la gestión gubernamental en ese tema.
El sentimiento "anti CEO" en la interna
En realidad, es la propia pelea interna del Frente de Todos la que está dificultando que se pueda establecer esa conexión entre los fallos judiciales y los problemas de la economía. Porque justo en un momento en el que el ministro Sergio Massa logró cierto alivio de los indicadores financieros, empezaron a arreciar críticas desde el kirchnerismo.
El Gobierno festeja la moderación de la inflación -que se está instalando en el nivel de 5%-, así como el ingreso de divisas -que reforzó la posición del Banco Central y permitió cumplir la meta asumida con el FMI-, pero el clima interno está lejos de mostrarse complaciente. A Massa ya se lo venía criticando abiertamente por la aplicación del "dólar soja 2", una medida que el kirchnerismo interpreta como "una claudicación" frente al lobby del campo. Y ya está en guardia ante la posible implementación de nuevos "dólares sectoriales".
Ese mal clima se acentuó en los últimos días por la condonación de deudas por $140 millones a las empresas de distribución eléctrica con el mayorista de propiedad estatal. Y curiosamente se aplicaron a Massa acusaciones parecidas a las que se mencionan para los jueces de la Corte Suprema: es decir, que desde cargos públicos benefician a empresarios con los cuales tienen un vínculo personal.
Es en ese marco que en los medios afines al kirchnerismo ya se editorializa en contra de una eventual candidatura presidencial de Massa, a quien se acusa de llevar a cabo políticas similares a las del macrismo. La "prueba" esgrimida para esa acusación es el recorte del gasto público -van cinco meses consecutivos de ajuste fiscal, con caídas que llegaron al 12% interanual-.
Y la coronación del malhumor en la interna oficialista llegó con la designación del empresario Antonio Aracre como jefe de asesores de la Presidencia. Desde el "albertismo" se venía especulando desde hace tiempo con una medida de este tipo como forma de reconectar con el entramado empresarial y ayudar así a recuperar la simpatía del votante vinculados a las pymes.
Pero desde el kirchnerismo, la visión es muy diferente: las primeras reacciones a la designación han sido de indisimulado desagrado. Desde el currículum de Aracre -que fue CEO de Syngenta, lo cual automáticamente lo hace sospechoso de lobbista agrícola- hasta sus primeras declaraciones políticas, todo ha sido motivo de crítica.
Los referentes mediáticos del kirchnerismo creen que, camuflado en un discurso de consenso y diálogo social, Aracre trae una agenda de reformas laborales y económicas de corte liberal, no muy diferente de la que impulsaron los CEOs que acompañaron la gestión macrista.