Juicio político contra la Corte: el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias
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Como una "decisión histórica" calificó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la medida que tomó el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores de iniciarle juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En una férrea defensa a esta postura, la vocera confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero así se trata este tema y otros económicos.
Asimismo, se refirió a los casos de los mandatarios provinciales Gustavo Bordet, de Entre Ríos, y Mariano Arcioni, de Chubut, en medio de las especulaciones sobre si acompañaron o no la solicitud contra los magistrados del máximo tribunal.
La funcionaria que responde a Fernández confirmó que "efectivamente va a ser para la segunda quincena de enero" el tratamiento legislativo de esta iniciativa, a la vez que aclaró que ya la semana que viene saldrá la convocatoria a extraordinarias.
"El Presidente y los gobernadores tomaron la decisión histórica de impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación, donde la Corte interviene sobre el accionar de otros poderes violando la Constitución", comenzó su rueda de prensa Cerruti, quien criticó que el máximo tribunal haya decidido sobre el Consejo de la Magistratura y también que haya ordenado al gobierno nacional restituirle parte de los fondos de coparticipación que le quitó a la ciudad de Buenos Aires.
Convencida de que los jueces de la Corte fueron contra la división de poderes y contra el federalismo, recordó que ayer Fernández se reunió con dos representantes de Diputados -la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y el titular del bloque oficialista, Germán Martínez- para que "los tiempos sean los más breves posibles".
Qué pasó con Arcioni y Bordet, según la Casa Rosada
En medio de las polémicas por firmas de gobernadores que aparecieron en el comunicado oficial, pero que se pusieron en duda, la portavoz dio la postura oficial sobre los dos casos que ocasionaron fricciones: el de Arcioni y el de Bordet.
"El gobernador de Chubut está afuera del país. Por pedido de su gobernador, el vicegobernador participó por Zoom y acompañó. Tampoco es un tema de firmar un papel, sino que acompañó el proyecto, el pedido", afirmó en cuanto al primero.
Después fue sobre el mandatario entrerriano. "Bordet le adelantó al Presidente que iba a participar de la reunión y apoyar. Participó de la reunión y en ningún momento mostró otra postura o dijo ninguna otra cosa, por eso fue incluido en el comunicado su nombre. Después el gobernador se arrepintió, cambió de opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiera", consignó en cuanto a la situación más espinosa.
En un intento de restarle importancia a estas dos cuestiones, Cerruti planteó que lo "importante y trascendente" es que el Presidente y "la mitad de los gobernadores" impulsan esta decisión. Y hasta se mostró esperanzada de sumar más adhesiones mientras la propuesta avance.
"Tal vez con el correr de los días y semanas, cuando empiece la discusión en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, vamos a poder tener no solo la posibilidad de que otros gobernadores, sino otros actores de la sociedad, puedan expresarse. Para eso es el debate en comisión. Esperamos se puedan transparentar una cantidad de mecanismos que le han hecho daño a la Argentina", indicó, a la vez que se sumó a las palabras de Fernández ayer en Misiones cuando dijo la vocera que este es "el gobierno más federal en la historia" y que tienen una relación "excelente" con los dirigentes provinciales.
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Y pese a que admitió que estos planteos "no entran en las preocupaciones de la gente", Cerruti marcó que cuando no funcionan las instituciones, se complica la vida de los ciudadanos.