Qué hay detrás del juicio político que pide Fernández contra Rosatti y por qué puede abrir una "caja de Pandora"
El juicio político que el presidente Alberto Fernández impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sirve más al objetivo de re unificar al peronismo en las vísperas de la campaña electoral que a la posibilidad de avanzar con una destitución para la cual el oficialismo no tiene los votos suficientes en el Congreso.
El anuncio con el que Fernández inauguró el año fue acompañado por una convocatoria a los gobernadores del PJ que le habían pedido no acatar el fallo de la Corte que ordenó devolver a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que la Nación le recortó en 2020. El Presidente espera reunirse con ellos este martes para coordinar la presentación que harán ante la Cámara de Diputados.
No obstante, y más allá de la explicación que dio el mandatario sobre la "preocupación" que le generan los últimos fallos de la Corte a los que calificó como un "avance sobre los otros poderes" del Estado", el pedido de juicio político contra los magistrados del máximo tribunal fue un planteo que algunos de esos mismos gobernadores le habían llevado días atrás.
Como contó iProfesional, el tema ya se había conversado en la reunión que mantuvo el Presidente el 22 de diciembre pasado con 14 gobernadores tras el fallo por la coparticipación. Uno de los abanderados de la idea de ir por el juicio político contra los miembros de la Corte fue el chaqueño Jorge Capitanich, cercano al kirchnerismo.
Por esa razón, el anuncio que hizo Fernández el 1 de enero no fue una sorpresa, sino que respondió a un planteo previo y, además, se dio luego de haber declarado su intención de cumplir el fallo de la Corte pero con un pago a través de bonos del Estado, algo que sí sorprendió a varios de los gobernadores que le habían pedido desacatar directamente la decisión judicial.
Alberto Fernández y el juicio político a Rosatti: una herramienta para re unificar al oficialismo
Ese giro del Presidente también le valió algunas críticas por parte del kirchnerismo, incluida la ironía con la que la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al Frente de Todos como "agrupación política amague y recule" durante el acto que encabezó en Avellaneda la semana pasada.
En ese contexto, el juicio político contra Rosatti que anunció Fernández y que, según el canciller y hombre de máxima confianza del jefe de Estado, Santiago Cafiero, podría incluir a otros miembros de la Corte, funciona como una iniciativa para unificar a la coalición oficialista que hasta ahora se muestra dispersa y cruzada por internas.
Al contar con el apoyo de los gobernadores y también del kirchnerismo duro (que hace meses le apunta con todo a Rosatti) como prevén en la Casa Rosada, Fernández lograría alinear a la totalidad del Frente de Todos detrás de la avanzada contra la Corte y quedar en la misma vereda de los socios políticos que en el último tiempo le retacearon el apoyo.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados está en receso de verano pero a la espera de que Fernández publique la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde podría incluirse el pedido de juicio político según estimaron fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional. En ese caso, empezará otro juego.
El escenario en Diputados: ¿se abre la "caja de Pandora"?
A pesar de no tener mayoría suficiente para destituir a Rosatti, en el bloque oficialista de diputados se preparan para activar el trámite y abrir la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) cuando ingrese el proyecto.
El eje central está en el hecho de que el Frente de Todos tiene mayoría en esa comisión como para aprobar el dictamen de "apertura del sumario de investigación", según adelantó Gaillard, más allá de no alcanzar los dos tercios que se necesitan en el recinto para iniciar formalmente el juicio político.
Las fuentes consultadas indicaron que la intención es poner el acento en la filtración de los supuestos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero de Rosatti.
"Van a abrir la caja de Pandora", resumió ante iProfesional una fuente del interbloque opositor, donde sostienen que si se abre la comisión Juntos por el Cambio reclamará que también se discutan los dos pedidos de juicio político que presentaron la UCR y el PRO, respectivamente, contra Alberto Fernández, por el "incumplimiento" del fallo de la Corte. Si bien reconocen que el oficialismo controla ese cuerpo, el planteo abriría una fuerte discusión.
En la Cámara baja nadie ignora que ni el oficialismo ni la oposición tienen los votos para aprobar en el recinto la acusación que da inicio a un juicio político. Si bien en el Frente de Todos se entusiasman con sumar el apoyo de algún gobernador extrapartidario como el cordobés Juan Schiaretti, será muy difícil que lleguen a la mayoría requerida. Lo mismo para Juntos por el Cambio.
Así, la batalla política serviría únicamente para calentar todavía más el clima de la Cámara baja, donde la ruptura de relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio llevó a una parálisis legislativa que todavía nadie sabe cómo resolver, ni siquiera para sesionar en extraordinarias.
¿Cómo se lleva a cabo un juicio político?
La Constitución Nacional establece que el juicio político rige para el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el encargado de llevarlo a cabo es el Congreso y que su único objeto es la destitución del funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. No determina responsabilidades penales, solo políticas.
La Cámara de Diputados es la encargada de acusar formalmente al funcionario, lo cual debe ser aprobado con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Previamente, el pedido de juicio político debe ser tratado en la Comisión de Juicio Político, que actualmente preside Gaillard secundada por Juan Manuel López (Coalición Cívica) como vice.
Si la acusación resulta aprobada en Diputados el procedimiento debe seguir en el Senado, que se encarga de juzgar al funcionario en cuestión y, también con una mayoría de dos tercios, decide si lo destituye o lo absuelve. Cuando el juicio sea contra el Presidente de la Nación, el Senado tendrá que ser presidido por el titular de la Corte Suprema.
El Frente de Todos tiene 118 diputados y apenas puede alcanzar la mitad más uno (129) con apoyo de otros espacios entre los cuales se cuenta al Interbloque Federal. Sin embargo, el presidente de esa bancada, Alejandro "Topo" Rodríguez, criticó el anuncio del Presidente. La mayoría agravada de dos tercios parece muy lejos del alcance del oficialismo.