Las leyes económicas de 2023: los proyectos que intentará aprobar el oficialismo en sesiones extraordinarias
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Con las dos cámaras del Congreso paralizadas por el fuerte desacuerdo entre oficialismo y oposición, el Gobierno no pudo avanzar con las leyes económicas que quería para cerrar el año y el presidente Alberto Fernández decidió llamar a sesiones extraordinarias con el fin de hacer un último intento antes del inicio de la campaña electoral.
Proyectos como la ley de promoción de la agroindustria o la nueva moratoria previsional quedaron trabados en la Cámara de Diputados por efecto de la pelea entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y la imposibilidad de reunir quórum. Esto hizo naufragar la prórroga de las sesiones ordinarias que concluye este 30 de diciembre.
Varias de las iniciativas pendientes eran impulsadas también por el ministro de Economía, Sergio Massa, que coincidió con Fernández en la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias, cuya particularidad es que el temario debe ser definido por el Poder Ejecutivo.
Fuentes del bloque oficialista anticiparon a iProfesional que el llamado sería para febrero a pesar de que en la Casa Rosada evaluaron hacerlo en enero. Los diputados saben por experiencia que, con ya vacaciones programadas, es difícil reunir número en ese mes.
Las leyes económicas de 2023: proyectos pendientes y la novedad de coparticipación
El conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables que la Corte Suprema ordenó devolver al distrito porteño sumó un tema a la agenda de proyectos pendientes para las extraordinarias con la que prevé avanzar el oficialismo.
Ante el rechazo del Gobierno porteño a recibir esos fondos a través de bonos del Estado, Fernández subrayó que el Presupuesto 2023 aprobado en noviembre no contempló esa erogación de dinero y adelantó que enviará un proyecto para las extraordinarias que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios" para cumplir con el fallo.
Se trataría de una ampliación presupuestaria para destinar unos $200.000 millones a la Ciudad con fondos que saldrían, según las opciones que se evaluaron en las últimas horas en el Ministerio de Economía, de un aumento del impuesto al juego online.
El tema se agregaría a las iniciativas que están pendientes hace varios meses, como la Ley de Promoción de la Agroindustria y la de Compre Argentino, que el oficialismo intentó sin éxito aprobar en Diputados durante la prórroga de sesiones ordinarias.
El primero apunta, a grandes rasgos, a la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética en la cadena productiva del sector para exportar más valor agregado. El segundo establece la prioridad para los productos de origen nacional en las compras del Estado.
Blanqueo de capitales: tema clave del acuerdo con Estados Unidos
El proyecto para establecer un nuevo blanqueo de capitales vinculado al acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos ya está listo. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a iProfesional que estará ingresado en el Congreso "esta semana", en referencia a los últimos días de 2022.
De acuerdo a la iniciativa -a la que accedió este sitio- quienes opten por declarar voluntariamente los activos que no hayan sido informados ante la AFIP hasta el 31 de marzo pagarían una alícuota del 2,5%.
El mismo porcentaje aplicará a quienes tengan fondos depositados en tengan cuentas en el extranjero y decidan traerlos al país, mientras que, para quienes elijan mantenerlos afuera, la alícuotta será del 5%.
Para quienes declaren entre el 1 de abril y el 30 de junio correrá una alícuota del 5% en caso de que traigan los dólares a la Argentina y subirá al 10% si deciden dejarlos en el exterior. En caso de hacerlo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se pagará el 7,5% para la repatriación y el 15% para la otra opción.
El plan de Massa consiste en usar el acuerdo con Estados Unidos (denominado FATCA por la ley norteamericana) como palanca para atraer los dólares de argentinos sin declarar que están depositados en cuentas de ese país. El ministro ya señaló días atrás que aspira a que el proyecto "se trate en sesiones extraordinarias".
Moratoria previsional
Este proyecto, que intenta garantizarle el acceso a la jubilación a las personas que no reúnen los 30 años de aportes, fue impulsado por el kirchnerismo en el Senado pero el oficialismo no logró tratarlo en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Juntos por el Cambio se opone a la iniciativa.
Dado que la moratoria que estaba vigente desde 2014 se venció y ya fue prorrogada una vez pero corre el riesgo de volver a caer, Alberto Fernández confirmó que estará en la agenda de extraordinarias.
El oficialismo sostiene que no se trata en rigor de una moratoria sino de un plan de pagos. Por un lado, la iniciativa establece que las mujeres que cumplan 60 años y los hombres que cumplan 65 entre 2022 y 2023 y no tengan los 30 años de aportes exigidos por la ley para jubilarse podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.
Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Se trata de un sistema casi idéntico al que se aplicó para las moratorias de 2004 y de 2014, la cual rige hasta ahora.
Por otra parte, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los aportes necesarios, puedan anticiparse y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012.
Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.
Ley gas natural licuado (GNL) e hidrógeno verde
Durante su reciente participación en el 21° seminario ProPymes del grupo Techint, Massa anticipó que enviará al Congreso para tratar en extraordinarias estos dos proyectos de ley con los que apuesta a potenciar el sector energético, una de las áreas que considera clave para acumular dólares en las reservas.
Según trascendió, se trata de un programa con el que apuesta a fijar por 30 años las reglas económicas y fiscales para el sector. El objetivo es estimular las inversiones en GNL para exportar y aprovechar el crecimiento de la demanda mundial de gas por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Para el caso del hidrógeno, el proyecto intentaría dar un marco regulatorio y de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva: desde la extracción de ese recurso natural hasta la producción de bienes de capital como generadores y electrolizadores.
La idea es delinear la "Estrategia Nacional de Hidrógeno bajo en emisiones 2030" con articulación entre el sector público y privado.
Las dudas en el oficialismo y en la oposición
Tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio ven muy difícil hasta ahora que se pueda avanzar en sesiones extraordinarias con los proyectos que no pudieron tratarse durante las ordinarias. El clima de ruptura total entre ambos espacios no solo no se resuelve, sino que por mmomentos parece agravarse.
El Frente de Todos no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y desde noviembre no logra celebrar una sesión. La relación con Juntos por el Cambio se quebró por el conflicto en torno al Consejo de la Magistratura y, a pesar de algunos intentos por reconstruir el diálogo, con el correr del tiempo el polo opositor endureció su postura.
El oficialismo quiso avanzar con la moratoria previsional una semana antes de que concluyera la prórroga de sesiones ordinarias pero no lo logró. En esos días, también intento sesionar en el Senado, donde llega con los justo al quórum de 37, pero hubo una ausencia en sus filas y Juntos por el Cambio "no dio garantías", según señalaron a iProfesional.
Si a ello se suma el nuevo conflicto por la coparticipación, en el que Juntos por el Cambio acusa a coro al Gobierno de "alzarse" contra la Corte Suprema y violentar las instituciones, y el pedido de apartamiento contra el diputado del PRO Gerardo Milman (a quien el kirchnerismo relaciona con el atentado contra Cristina Kirchner) queda claro que el fuuncionamiento del Congreso para sancionar leyes no está garantizado.