Coparticipación: el antecedente que usa Fernández para cumplir el fallo de la Corte con bonos y qué hará la oposición
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Con el anuncio de que finalmente acatará el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández busca una salida de la encrucijada a partir del antecedente que marcó su antecesor, Mauricio Macri, con un reclamo similar que le había hecho la provincia de San Luis durante su gestión, y de un caso reciente con la provincia de Santa Fe
Fernández insistió en que la cautelar que dictó la Corte es de "imposible cumplimiento", pero adelantó que instruyó a la Jefatura de Gabinete para que "reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022" para pagarle a la Ciudad con bonos TX31, que serán transferidos al Banco Nación a nombre del Gobierno porteño. Fue una marcha atrás respecto de lo anunciado la semana pasada.
La decisión parece apoyarse en el antecedente que dejó Macri cuando tuvo que enfrentar un fallo de la Corte Suprema a favor de la provincia de San Luis que también involucraba fondos coparticipables retenidos por Nación, entre 2015 y 2015. Tras dilatar el pago, la administración macrista acordó con la provincia saldar esa deuda mediante bonos del Tesoro.
Esta medida se evaluó en el Gobierno durante el fin de semana, según confiaron fuentes oficialistas a iProfesional, como una forma de mantener en pie la recusación contra los jueces de la Corte y el recurso de revocatoria "in extremis" contra la decisión del máximo tribunal pero al mismo tiempo evitar una ola de denuncias penales y un posible embargo sobre las cuentas del Tesoro.
Coparticipación: ¿cómo fue el caso al que apela Alberto Fernández para salir del conflicto?
A fines de 2015, días antes de que Macri asumiera como presidente, la Corte falló a favor del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que reclamaba contra la detracción del 15% de la masa de fondos coparticipables que la Nación le retenía a un grupo de provincias para financiar a la Anses.
Una vez asumido, Macri demoró todo lo que pudo el giro de los fondos a San Luis. El monto rondaba los $15.000 millones. Los abogados de la provincia acudieron en reiteradas ocasiones al Banco Nación para constatar si estaban disponibles los recursos y, habiendo transcurrido 3 años sin novedades, volvieron a la Corte para pedir un embargo sobre las cuentas del Tesoro.
Así, en febrero de 2019, iniciado ya el año electoral, la Corte ordenó al Banco Nación que cesara la detracción del 15% en un plazo de 10 días y ordenó al Gobierno acordar con San Luis "forma y plazos" para reintegrar la suma demandada, todo con el riesgo de un embargo sobre el Tesoro.
Finalmente, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, negoció con Rodríguez Saá el pago de esa deuda a través con bonos del Tesoro. El cuadro de situación general no es idéntico pero es muy similar al que enfrenta la gestión de Alberto Fernández, incluido el riesgo de un embargo que el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta evaluaba reclamar al máximo tribunal.
Además, meses atrás Fernández usó los mismos bonos TX31 para saldar la deuda que la Nación tenía con la provincia de Santa Fe por la misma situación que había denunciado San Luis. El Presidente busca así que la Ciudad y especialmente la Corte Suprema acepten esta forma de pago para salir del conflicto.
Larreta no cede: ¿qué hará la oposición tras el anuncio de Alberto Fernández?
A pesar del anuncio del Presidente, la Procuración General de la Ciudad se presentó ante la Corte Suprema nuevamente para denunciar el incumplimiento del fallo que ordenó a la Nación devolver el 2,95% de la masa de fondos coparticipables que había recortado en 2020 para transferir a la Provincia.
La denuncia ordenada por Rodríguez Larreta se apoya en que, en los dos días hábiles que siguieron a la cautelar de la Corte -dictada el miércoles 21 de diciembre- no percibieron el cambio en el porcentaje a cobrar por la Ciudad que dispuso el máximo tribunal.
El Gobierno porteño sostuvo además que "los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento". De esta manera deslizó su desacuerdo con la opción que utilizó el Presidente para no incumplir el fallo.
La situación se encamina así a una nueva disputa judicial y existe la posibilidad de una negociación entre la Nación y la Ciudad pero no hay garantías de acuerdo.
Las claves de la marcha atrás de Alberto Fernández con la Corte
El Presidente dijo estar "convencido" de que la resolución de la Corte "carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial" y ratificó su decisión de recusar a los jueces del máximo tribunal, aunque aclaró: "Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas".
"Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos. Por eso instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", subrayó el mandatario.
La clave de esa decisión, anunciada en un extenso hilo de tuits, es que esos bonos "ya fueron aceptados por la Corte Suprema para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe", según remarcó el Presidente.
De esta manera, Fernández se refirió al pago que realizó en junio pasado a la provincia que gobierna Omar Perotti por la detracción del 15% de fondos coparticipables. La Corte también había fallado a favor de ese distrito, como hizo con San Luis y no hubo reparos a la forma de pago.
"Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda", agregó el Presidente.
Por otra parte, el mandatario anunció que enviará un proyecto al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22.
Juntos por el Cambio se debate entre el rechazo y la calma
La respuesta de Rodríguez Larreta al anuncio de Alberto Fernández implica la continuidad del conflicto por la vía judicial pero también cierto desorden en la postura de la oposición frente a la decisión con la que sorprendió la Casa Rosada antes de la nueva definición de la Ciudad.
El bloque de diputados de la UCR tenía previsto impulsar un pedido de juicio político contra el Presidente este lunes pero dejó esa decisión en pausa, según indicaron fuentes de la bancada opositora a iProfesional.
En el radicalismo consideran que el Presidente "cumplirá parcialmente" con el fallo de la Corte y que, como el pedido de juicio político se fundaba en "la desobediencia de un fallo de última instancia", quedaría abstracto en este nuevo escenario.
Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, celebró por Twitter la marcha atrás de Alberto Fernández: "Ganamos. El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina". En la misma publicación la dirigente que suspende "la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional".
En tanto, la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió sí llegó a presentar el pasado viernes una denuncia penal por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra el Presidente, Manzur y los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).
Otros sectores de la oposición preparaban presentaciones contra el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Tras la respuesta de Rodríguez Larreta, la alianza opositora reevalúa ahora su estrategia.